|
Las ocultas intenciones del debate contra las Zonas de Reserva Campesina
/ Miércoles 29 de julio de 2015
|
Ayer se llevó a cabo un debate de control político por el tema: “Erradicación de cultivos ilícitos y Zonas de Reserva Campesina”, citado por los senadores del partido Centro Democrático: Paloma Valencia Laserna, Alfredo Rangel Suárez y José Obdulio Gaviria Vélez. En el que asistió la vocera nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, Piedad Córdoba; de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, Olga Lucía Quintero y los senadores Iván Cepeda Vargas y Horacio Serpa.
En el salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional se citaron al Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; al director del INCODER, Ariel Borbón Ardila; a la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco de la Cruz y al director de la Dirección contra cultivos ilícitos, Rafael Alfredo Colón, con el supuesto objetivo de “escuchar sus opiniones, sobre los criterios que ha tenido el Gobierno para aumentar el número de zonas de reserva campesina en el Norte de Santander".
El debate del Centro Democrático no fue sobre el Catatumbo sino contra sus comunidades
“Conviene preguntarse por qué Paloma Valencia al referirse a la historia del Catatumbo no habló sobre la ofensiva paramilitar en esa región, ni sobre la falta de educación, salud y servicios públicos en el Catatumbo”: David Flórez, vocero nacional Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Fue la senadora Paloma Valencia quien inició el debate contra el Catatumbo y las ZRC que tituló: “El laboratorio del Catatumbo para probar los acuerdos de la Habana”. Se limitó a desacreditar a las organizaciones campesinas legalmente constituidas como ASCAMCAT y ACVC, estigmatizándolas con el discurso de obedecer supuestas directivas de las insurgencias, sin tener prueba de tales acusaciones y evidenciando así el enseñamiento que tienen contra los campesinos.
Las ZRC son un instrumento legal contra la concentración de la tierra
“La concentración de la propiedad rural es infame, así lo ha sido siempre. Y las Zonas de Reserva Campesina son una manera de luchar contra eso”: senador Horacio Serpa.
Las ZRC como instrumento de la política de tierras en Colombia, pasa por caracterizar el problema de la tierra desde la concentración de la misma. Se sostiene que las ZRC tienen un potencial como instrumento de política pública de tierras en el marco de una reforma agraria, enfatizando en su potencial para desconcentrar la tierra, tendiendo hacia la pequeña propiedad y la eficiencia económica que ello implica.
Iniciativas como las ZRC son oportunidades para la generación de empleo rural digno, disminución del nivel de importación de alimentos sobre la base del aporte al abastecimiento regional; una política agraria que mejora las condiciones del campesinado, previniendo el desplazamiento forzado.
Campesinado exige respeto por la labor de defensa DDHH de ASCAMCAT y derecho a una ZRC en Catatumbo
“Después de escuchar tanto veneno contra un pueblo al que le ha tocado sufrir por tantos años… No somos una “supuesta asociación”, ¡somos una Asociación de campesinos! Que nació después de la incursión paramilitar -de la que ustedes no hicieron énfasis- para defender los derechos humanos, la identidad campesina y permanencia en nuestros territorios. Exigimos respeto como organización y catatumberos”: Olga Lucía Quintero, vocera de ASCAMCAT y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
La estigmatización de las ZRC comenzó con el gobierno de Uribe, que estuvo marcado por la salida militar al conflicto armado interno. Así, su discurso guerrerista y lenguaje estigmatizador hacia toda expresión social o política que supusiera oposición a la política gubernamental, estuvieron a la orden del día.
En medio de este ambiente, las zonas de reserva campesina fueron comprendidas por el gobierno como unas nuevas “zonas de despeje” y con ello, se inicia una fase de represión. Muchas personas vinculadas al impulso de las ZRC fueron asesinadas o privadas de su libertad, para luego ser absueltos y poner en evidencia los montajes judiciales que había promovido el gobierno.
Pese a estas fuertes presiones y amenazas, las organizaciones campesinas dieron continuidad a las iniciativas productivas para mantener vivas las zonas, aunque con evidentes problemas de seguridad.
Marcha Patriótica rechaza falsas acusaciones lanzadas contra César Jerez y demás líderes campesinos de ANZORC, ASCAMCAT y ACVC
“A César Jérez lo defendemos, porque es nuestro hermano y compañero, el está aquí mientras ustedes dicen calumnias contra él, para luego aceptar que no tienen pruebas. Nosotros los responsabilizamos por lo que nos pueda pasar a todos nosotros. Señora Valencia, tenga seguro, que vamos a denunciar este hecho” Olga Lucía Quintero, vocera de ASCAMCAT y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
El santandereano César Jerez Martínez, integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, es también dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC y de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC. Es defensor de derechos humanos, incansable luchador por las reivindicaciones de las comunidades campesinas.
Aquí recordamos también, una carta de la Plataforma por la paz y los DD.HH. en Colombia respondiendo a SEMANA por las falsas acusaciones al líder de las protestas en el Catatumbo:
Señores
Semana.com
Bogotá, D.C.
Hemos leído con estupefacción los artículos publicados en sus medios de comunicación en los que se trata de vincular a César Jerez, uno de los voceros de la protesta social en Catatumbo, con las FARC. César Jerez, dirigente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), es un destacado defensor de derechos humanos al que conocemos desde hace muchos años por su importante labor de respaldo a las comunidades campesinas.
El sr. Jerez ha participado en innumerables foros por la paz y la defensa de los derechos humanos en Colombia, que nuestras organizaciones hemos convocado. Su discurso siempre abogó por la búsqueda de una solución negociada al conflicto para alcanzar la paz con justicia social que reclama el pueblo colombiano.
Por eso, queremos expresarles nuestra extrañeza por las acusaciones vertidas y reclamarles que las rectifiquen ya que carecen de credibilidad y no han sido contrastadas con el propio sr. Jerez ni con ninguna de las personas que dirige la ACVC. Creemos firmemente que quienes supuestamente les han “informado” sólo buscan infundir terror psicológico.
Se pretende acallar las voces de los líderes sociales que aterrizan a la ciudadanía colombiana en la realidad social de un país inmerso en un proceso de paz que no puede circunscribirse a la mesa de La Habana sino que ha de ser capaz de hacer frente a denuncias públicas de despojo histórico de tierra, regalías y derechos, como las que se suceden en Catatumbo.
Este tipo de artículos, que creíamos relegados a la época oscura del uribismo, nos indigna profundamente porque no son propios del quehacer periodístico sino que únicamente reflejan el interés del Gobierno en desacreditar a quienes plantean reivindicaciones justas en lugar de atenderlas.
En el año 2008 una veintena de dirigentes de la ACVC fueron señalados, detenidos y, en algunos casos, encarcelados por unos supuestos vínculos con las FARC; César Jerez quedó en condición de exiliado. Esos vínculos jamás se pudieron demostrar judicialmente porque no existen ni han existido.
Aún más, la ACVC recibió en 2010 el Premio Nacional de Paz y el propio sr Jerez y otros líderes campesinos recogieron el galardón en presencia e las autoridades y de destacados representantes de los medios de comunicación. Las acusaciones publicadas ahora, que son las mismas de entonces, no tienen por lo tanto ningún tipo de fundamento a no ser que se trate de un nuevo montaje judicial contra otro defensor de Derechos Humanos colombiano.
Ustedes, tanto o más que nosotros, saben perfectamente qué significa en Colombia un señalamiento de ese tipo. Por eso, para reestablecer el buen nombre del sr. Jerez y evitar las consecuencias negativas que pudieran tener estas acusaciones, solicitamos que, en virtud del derecho a la rectificación, sus medios publiquen el presente escrito con la misma relevancia que le dieron a las acusaciones. Creemos que de esta forma se atienden a los principios de la ética periodística y se garantiza el derecho a la información de la sociedad colombiana.
Atentamente,
Plataforma por la paz y los DDHH en Colombia
(http://www.semana.com/nacion/articulo/la-otra-defensa-cesar-jerez/350405-3)
