El pasado 28 de julio los senadores Paloma Valencia, Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria del Centro Democrático citaron a un debate de control político al ministro de Agricultura, al gerente del Incoder, a la directora del Departamento para la Prosperidad Social, al director del Programa contra Cultivos de Uso Ilícito y a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) con el propósito de discutir sobre las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los cultivos de uso ilícito en la región del Catatumbo.

El debate, lejos de ser una instancia de vigilancia del Congreso frente a la figura, terminó siendo un espacio para una nueva réplica del discurso de persecución, de estigmatización y descrédito contra las comunidades y las organizaciones sociales que le exigen al Gobierno el cumplimiento del deber de garantía de sus derechos y brindar las condiciones necesarias para una vida digna.

La senadora Valencia afirmó en su exposición que en el Catatumbo se ha presentado un aumento de los cultivos ilícitos, lo que constituiría un incumplimiento de los compromisos de sustitución acordados con ocasión del paro agrario, a los que la senadora se refería de forma confusa y malintencionada como los “acuerdos del Catatumbo”. También planteó que existe una alianza entre las guerrillas con el fin de repartir labores y ganancias de los cultivos de coca, en beneficio y asocio con el cartel de “los soles”, arguyendo que el Catatumbo es un resguardo de grupos ilegales y que los “indicadores de seguridad demuestran” un aumento de la actividad delictiva en este territorio del país.

Todo esto con el objetivo aun más perverso: atacar el actual proceso de paz afirmando que el Catatumbo se ha convertido en un “laboratorio del posconflicto” en el cual se están aplicando los acuerdos de La Habana en materia de cultivos ilícitos y que, de aplicarlos en todo el territorio nacional, entregarían a Colombia al narcotráfico y la violencia. Reprochando el hecho de que, a pesar de este panorama, el Gobierno Nacional haya invertido recursos, suspendido las fumigaciones y avanzado en la construcción de la ZRC.

La ignorancia es atrevida

Llama la atención, por un lado, el profundo desconocimiento de lo que es una ZRC e incluso una ignorancia absoluta del marco legal que las regula.

Algo que Paloma Valencia olvidó nombrar es que las organizaciones que han defendido la figura de ZRC nunca han promovido los cultivos ilícitos. Por el contrario, siempre han estado presentes dando la discusión sobre alternativas para la sustitución de estos cultivos, proponiendo alternativas que no impliquen la fumigación indiscriminada de los territorios, que afecta los cultivos de pancoger, contamina las aguas y afecta la salud de la población, sino una sustitución con garantías reales para los campesinos, con proyectos productivos, con garantías de empleo temporal, con apuestas para la seguridad alimentaria y nutricional.

Precisamente cada una de las ZRC que hay en el país debe tener construido un plan de desarrollo sostenible. Estos planes de desarrollo, que constituyen una etapa dentro del proceso de constitución de las mismas, implican una relación y coordinación con diferentes entidades e instituciones, lejos de ser “republiquetas” alejadas de la estructura del Estado.

Tal vez una de las cosas que más preocupa a la senadora Valencia es que se hable de que en las ZRC hay “autogobierno, autogestión y autodeterminación”.

Propuestas como esta surgen para tratar de corregir algunos de los muchos males que tiene este país, como el centralismo, ofreciendo la posibilidad de que quienes habitan sus territorios participen de manera activa en la decisión de la inversión, manejo de recursos, formulación e implementación de planes y proyectos. El hecho de que las comunidades participen de las decisiones que las afectan es un derecho y una práctica realizada a lo largo y ancho de este país donde el Estado solo ha sabido llegar con su bota represiva.

Temerarias acusaciones

En este marco la senadora lanzó graves señalamientos en contra de Ascamcat, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), insinuando que estas organizaciones se encuentran infiltradas por las guerrillas.

El senador Iván Cepeda le reclamó a Paloma Valencia por su discurso calumnioso e irresponsable, el mismo discurso de los amigos de la guerra y los opositores del proceso de paz, discurso que pone en serio riesgo a los líderes de Ascamcat. También destacó cómo ella se preocupó en hacer denuncia de unos temas pero olvidó denunciar otros, por ejemplo la acumulación de baldíos, el abandono por parte del Estado y la fuerte incursión del paramilitarismo en el Catatumbo años atrás, con atroces prácticas como las implementadas por El Iguano.

Olga Lucía Quintero, miembro de la junta directiva de Ascamcat, manifestó su rechazo por el discurso de odio contra el pueblo catatumbero y contra una organización que solo ha exigido la garantía de los derechos humanos. También rechazó los señalamientos a líderes como César Jerez y reiteró que responsabiliza a la senadora Valencia por su seguridad.

Una ley que protege al campesino

Horacio Serpa recordó los objetivos de las ZRC de cara a los altísimos niveles de concentración de la tierra en el país, cuestionó cómo una figura que existe hace tantos años viene ahora a ser tachada como algo malo, y afirmó que en el Catatumbo hay muchas problemáticas que evidencian que se tiene una deuda con el campo y la necesidad de la paz. Por su parte el ministro Iragorri se limitó a replicar la necesidad del proceso de paz y a dejar sentado que las ZRC son una figura creada por una ley y que su labor como funcionario es la de hacerla cumplir.

Entre los objetivos de las ZRC están: el controlar la expansión de la frontera agropecuaria; fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales; tratar de corregir la inequitativa concentración o fragmentación de la propiedad; y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos.

Por esto se hace un llamado al Gobierno Nacional, entidades del Estado y el Incoder para que, en vez de estar atizando el discurso de persecución y odio frente a las ZRC y organizaciones sociales que las impulsan, cumplan la ley 160 de 1994 y no contribuyan “a acrecentar los fenómenos de despojo y concentración de tierras” revocando títulos a campesinos víctimas, readjudicando estos predios a personas que no son sujetos de reforma agraria y obviando la recuperación de baldíos acumulados de formar irregular.