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Presos políticos
“La ley del aguacate”
Un mes después de las detenciones a trece jóvenes, sus abogados alegan una condena anticipada desde los medios de comunicación y ausencia de garantías por la Fiscalía
Carolina Tejada / Sábado 8 de agosto de 2015
 

Cuando en el mes de julio fueron detenidos 13 jóvenes en la ciudad de Bogotá, acusados ante los medios de comunicación como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, responsables de los atentados terroristas en las sedes de la entidad Porvenir, muchos analistas y expertos en estos temas dudaron de esa versión. Sin embargo, la matriz de información o el mensaje masivo fue que habían detenido a los responsables de los atentados y la ciudadanía podía estar tranquila con la efectividad de la fuerza pública.

Pero un mes después el proceso en contra de los jóvenes, estudiantes, profesores y profesionales del derecho y la comunicación naufraga para la Fiscalía que sin sustento probatorio contundente insiste en su tesis de condenar a los sindicados, dejando un sin sabor a la defensa de los acusados. Todos coinciden que es un falso positivo judicial.

La semana pasada los jóvenes fueron enviados a la cárcel Modelo, pero no por lo que señaló la Fiscalía, los atentados terroristas del Porvenir, sino por pedreas en la universidad. Solamente a David Camilo Rodríguez Hernández, conocido como ‘El profe’; Gerson Alexander Yacumal, y Heiler Anderson Lamprea, los sindicaron por los delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público. A los otros jóvenes por los delitos de violencia contra servidor público y porte y tráfico de explosivos, actividades relacionadas con disturbios llevados a cabo en el mes de mayo en la Universidad Nacional.

Qué dice la defensa

Según menciona el abogado defensor David Uribe, todo fue un show mediático donde los únicos afectados públicamente han sido los acusados y asegura que “los jóvenes fueron trasladados en helicóptero, con alto despliegue de seguridad y presentados como un gran golpe a los terroristas, pero lo que tenemos hoy, es que los tres jóvenes están siendo vinculados con unas panfletarias, que es una combinación química cuya preparación se encuentra en internet y se usa con el objetivo de lanzar panfletos al aire”. Estos hechos que se mencionan ocurrieron el pasado 29 julio.

Una de las pruebas presentadas por la Fiscalía contra los acusados por terrorismo es el rastreo de los celulares ubicados en un radio cercano a los lugares donde se detonaron los dispositivos. Lo que afirma el abogado Uribe es que “estas son pruebas imprecisas, en tanto no se puede comprobar, que aunque estuvieran cerca al área donde fue detonado el llamado dispositivo, no se puede comprobar que fueron ellos”. En conclusión, las pruebas que presentan aseguran que ellos, en ese momento usaban sus celulares, aunque nunca se presentaron interceptaciones de llamadas.

Y el otro hecho es que los otros once jóvenes, se han vinculado a un “tropel” en la Universidad Nacional. Según cuenta el togado, el día de los disturbios en la Universidad Nacional, se entregaron panfletos con el rostro del guerrillero Camilo Torres, y lo que sustrae de eso el ente investigador es que hay una relación directa entre los implicados y los disturbios. “Fundamentos absurdos, los grupos que salieron ese día se reivindicaban como camilistas, lo que dice la Fiscalía es que ellos son presuntamente del ELN, porque como Camilo Torres fue miembro del ELN, entonces relacionan a los jóvenes con esta organización” explica Uribe. También se presume que los libros y afiches que encontraron en los allanamientos, son elementos que dan indicios para sostener la acusación a los jóvenes.

En la audiencia de medida de aseguramiento, según informaron los abogados, se tomaron decisiones arbitrarias. Afirman que no se tuvieron en cuenta los aportes de la defensa, que días antes había sido cuestionada por el general de la Policía Rodolfo Palomino. Uno de los abogados afirmó en esa misma audiencia, que a los jóvenes se les estaba aplicando “La ley del aguacate, lo que no pudieron explicarlo con pruebas, lo maduraron a punta de periódico”.

La imputación mediática

Para la defensa, es muy claro que se les está violando la presunción de inocencia, el tratamiento de la Fiscalía ha sido claramente arbitrario y los medios de comunicación nacional han dado un tratamiento parcializado, dado que fueron condenados desde el primer día de su detención. Analistas, operadores editores y directores solo han tenido como fuente principal para la noticia la voz de la Fiscalía y la Policía Nacional. De hecho desestimaron la presión denunciada por la defensa de los acusados, tras conocer de una indebida presencia de altos mandos policiales en la audiencia ante el juez de garantías.

Las pruebas para los medios

Uno de los elementos de presunción de culpabilidad, es el relacionado con una fotografía publicada en medios de comunicación como prueba reina. Es la de alias el Profe al interior de las instalaciones de la Aseguradora Porvenir el día de los atentados. La mencionada foto, nunca fue presentada en las audiencias de acusación, solo se filtró a los medios y estos la replicaron como la prueba reina de los atentatos. “Una mentira flagrante”, señalan los abogados defensores.

Otra de las irregularidades denunciadas por la defensa se trata un correo que llega a la Fiscalía, en el cual amenazan al Fiscal General, Eduardo Montealegre, y afirma un posible atentado en contra de los juzgados de Paloquemao con el fin de “destruir las pruebas”. Este correo lo firma una organización que se denomina como “terroristas” y aseguran ser responsables de las bombas. Para la defensa “es muy curioso que llegue un correo donde una organización guerrillera se tilde así misma de terrorista”.

Estos elementos han conducido a que la juez, señale a los acusados como peligrosos para la sociedad. Y se les niegue la posibilidad de defenderse de las acusaciones con el beneficio de casa por cárcel, o ciudad por cárcel mientras se adelanta la investigación.

Garantías

Finalmente, los abogados esperan, que el proceso cumpla con las garantías necesarias para desarrollar la defensa, que se les respete el derecho a la presunción de inocencia. Y se aclaren rumores de que existen presiones por parte de altos mandos de la fuerza pública sobre la Fiscalía para condenar a los jóvenes por los delitos que se le investigan.

Se habla por ejemplo de que, si continúa el proceso con la ausencia de garantías para la defensa, tendrían que pagar una pena de 22 a 30 años, según menciona Uribe: “Con esta pena lo único que esperan es asustar a los muchachos, y obligarlos a negociar, a declararse culpables o asumir el delito de rebelión para mostrar un positivo ante la sociedad”.