Los hechos relacionados con la captura de 13 líderes y lideresas asociados al Congreso de los Pueblos, que se hicieron visibles por la exacerbada y descuidada difusión de los medios de comunicación, y que hoy no están ligados a los atentados ocurridos en Bogotá (atentados de los que en principio se les acusaba), nos enfrentan a un problema cada vez más evidente sobre la manera en que se interpretan, se juzgan y se condenan ciertos espacios de acción política como espacios no autorizados, ahora asociados al vandalismo y a la ilegalidad. En una de las declaraciones de la juez encargada del caso, se expresa que “no estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto”. Tal vez adquiera sentido recordar una tensión elemental que las palabras citadas pasan por alto, al acusar como irrespeto a la ley los hechos ocurridos en una protesta universitaria y al desconocer el principio que está a la base de las fisuras y los antagonismos inacabados, siempre latentes, que cualquier escenario político implica y requiere, más aun si se denomina democrático.

Ante la exagerada prevalencia de la ley en la que se sustentan las decisiones recientes (que bien podría terminar predicando y obedeciendo sin ambages cualquier mandato, no importa cuál sea, ni qué regle), tal vez sea necesario recordar que la legalidad reposa en, y muchas veces es resultado de, un escenario de tensiones o antagonismos políticos que pueden alterar o (des) configurar esa legalidad ya dada desde sus luchas y reclamos. Las declaraciones de la juez encargada del caso nos recuerdan el respeto a la ley, pero pasan por alto la tensión a la que se enfrenta todo orden legal, al estar siempre sujeto al principio de legitimidad en el que se deberían sustentar sus mandatos y sus acciones. Este principio legitimador no es simplemente un principio “fundante” destinado a permanecer intacto, sino que se propicia cada vez que en diversas formas de acción política -entre ellas la protesta- se hacen visibles reclamos o problemas que nos conciernen a todos, y cuya incidencia en los asuntos públicos y en el orden institucional vigente son muestra de que no toda acción política debe estar plegada a los procedimientos electorales y representativos con los que contamos. De hecho, el principio de legitimidad está asociado a la posibilidad de poner en cuestión las decisiones de una institucionalidad establecida. Y esa posibilidad, no sólo es síntoma de vitalidad política, sino que es muestra de la dignidad que muchas veces excede las vías autorizadas, al punto que es capaz de limitar los mandatos arbitrarios de quienes se olvidan, como enseña la voz de Jorge Eliécer Gaitán, que ‘su poder’ es resultado de nuestra aceptación.

Así, los espacios que abre la protesta social, ahora convertidos en el nido y en el lugar de los actos condenatorios, que se expresan en el lenguaje prejuicioso y policivo dominante, tendiente a asociar la protesta al “vandalismo”, a los “disturbios”, al “desorden”, etc. y que en las palabras citadas se traducen en un irrespeto a la ley, han sido históricamente creados como espacios legítimos que podemos abrir para organizar nuestras manifestaciones colectivas. Manifestaciones que en muchas ocasiones nacen de la necesidad de desobedecer lo normado como correcto y como posible, y que al deslindarse de las limitaciones estipuladas, abren la posibilidad no sólo de reclamar y hacer visibles determinados problemas, sino de concebir maneras de hacer y de ser distintas a las dominantes.

Que los juicios políticos de nuestra sociedad tiendan a sustentarse cada vez más sobre la base de lo que la ley ya prescribe, ya dice, ya autoriza, al punto de hacer que estos mandatos normativos sean incuestionables e irrevocables, y de asociar determinadas formas de acción política -como la protesta- a la patología, al desorden inaceptable y al “terrorismo”, implica, como sucede en nuestro desafortunado caso, una aceptación de la criminalización de la protesta, una aceptación sin titubeos de leyes de seguridad ciudadana (como la ley 1453 de 2011) que terminan por considerar a cualquiera como posible criminal. Es en medio de estas circunstancias, que bien haría nuestra excesiva adhesión a la ley, en recuperar el sentido asociado al principio de legitimidad. Un principio que se manifiesta en el ejercicio de nuestros propios derechos, entre ellos el derecho a la protesta, o como escribió alguna vez un columnista de este portal (Palabras al Margen), el derecho al respeto de las manifestaciones ciudadanas. Y bien haríamos en problematizar nuestra restringida comprensión de la democracia, que reduce la acción política a los términos del procedimiento electoral-representativo (proceso necesario y estratégico, pero no del todo suficiente para hacer visibles ciertos reclamos políticos), y en ampliar el significado de dicha acción hacia otros escenarios que se propician más allá de los cauces procedimentales.

Por último, frente a las declaraciones de la juez encargada del caso, quisiera añadir que sería muy triste que nuestra educación se limitara a convertirnos en los guardianes de lo que ha sido estipulado como correcto y como posible, en vez de sembrarnos la inquietud de concebir otras maneras de ser, de hacer y de vivir unos con otros. Que no quisiéramos ni aprender, ni saber o que evitáramos en todo lo posible pensar (porque ¡qué cosa si es peligroso y amenazante pensar!).