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Nada está presupuestado así todo quede acordado
Francisco Javier Tolosa / Viernes 21 de agosto de 2015
 

Cuando el establecimiento y su gran prensa pretenden presentar el desarrollo del proceso de diálogos de La Habana como una carrera contra-reloj, porque abrogándose la vocería de lo que ellos llaman “los colombianos” urge una rápida firma e implementación del acuerdo de paz, no deja de llamar la atención la contradicción rampante entre estos afanes políticos y la poca previsión, -por no decir el desconocimiento llano-, que en términos fiscales se hace de lo acordado y por acordar en la Mesa.

De guiarnos por los documentos de los tecnócratas de Planeación Nacional y Minhacienda, el doctor de La Calle pareciese haber retrocedido a sus épocas de poeta nadaísta, porque los compromisos firmados por el gobierno -y otros apenas lógicos a asumir por éste en la construcción de la paz-, quedan reducidos a bella pero vacua retórica cuando no tienen ningún soporte en las proyecciones del presupuesto público del corto y mediano plazo. Más aún incluso, una vez más la ortodoxia neoliberal del ministro Cárdenas y sus Chicago Boys macondianos, desnudan como para buena parte del establecimiento la paz no debe ser solo exprés sino “free” en términos de la política económica, lo que de entrada contraría la agenda en desarrollo en La Habana.

Cursa en la actualidad en el parlamento el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2016-, que evidentemente no está pensado ni para un país en paz, ni para construir la solución política. Más allá de las jactancias publicitarias de un ministro petulante que aspira ser candidato en 2018, el proyecto sintetiza la apuesta del bloque dominante para cargar al pueblo colombiano con los costos de la crisis del modelo neoliberal y neoextractivista que se implantó en el país desde las reformas de Gaviria. A esto lo llama Cárdenas edulcoradamente “nuevo entorno económico” y “austeridad inteligente”.

Los números no permiten mentir, la otrora flamante locomotora minero-energética que nos vendió el gobierno Santos como el tiquete a la “prosperidad para todos”, no solamente lo fue para unos pocos, sino quedó rezagada producto de la crisis global capitalista decreciendo 3.3% en 2014. Ya el PND 2014-2018 había ignorado olímpicamente al sector, pero el presupuesto de 2016 deja ver la magnitud del desplome del renglón hidrocarburos especialmente, así como la alta dependencia fiscal generada hacia estos. Los ingresos petroleros directos e indirectos del gobierno central que ascendieron en 2013 a 23,6 billones de pesos, -más de una quinta parte del total- apenas se proyectan a 3,3 billones en 2016, con todo y que se calcula un precio promedio del barril Brent de U$64,6 para el próximo año.-

En una economía que presumía de estar blindada contra la crisis, su presupuesto solo subirá 2.5% para el año entrante, muy por debajo del crecimiento del PIB real esperado para 2015 y 2016 (3.6% y 3.8%), ascendiendo a 215,9 billones. Aunque el proyecto de PGN hasta ahora no enuncia la distribución específica de muchos rubros, si permite sacar conclusiones claras sobre el desprecio fiscal hacia la paz y los cambios sociales, así como la tozudez del bloque dominante que se aferra a su modelo económico fracasado.

La economía está en crisis por un modelo económico que favorece a las transnacionales y la banca, pero sus efectos ya los empezamos a pagar todos los colombianos, con el dólar más caro de la historia que por acto de birlibirloque ha empobrecido nuestros salarios, incrementado las deudas y se ha convertido en un acicate para la inflación real de una economía dependiente de productos importados; con el segundo mayor déficit en cuenta corriente del mundo con 5.1% del PIB en 2014, pero que puede ascender a más de 7% al fin de año, evidenciando la falacia del gobierno de que la devaluación iba a significar mecánicamente una mejoría en el comercio exterior de una economía destruida por los TLC. En el presupuesto de 2016 una vez más la austeridad es para los cambios necesarios para la paz y para el bienestar social de la mayoría de los colombianos, que pagamos los costos de una crisis que no engendramos, mientras los responsables y beneficiarios del modelo siguen contando con la benignidad presupuestal del gobierno nacional.

Aclaro de entrada, que cuando problematizo al proyecto del PGN de 2016 como desconocedor del proceso de paz, no lo planteo exigiendo la contabilización menuda de rubros relacionados con múltiples implicaciones presupuestales concretas para plasmar el fin del componente armado del conflicto, que de seguro harían la delicia de los periodistas, Estos aspectos dada su especificidad son del resorte técnico de las delegaciones en los diálogos. Hablo de los lineamientos gruesos en términos de enfoques y prioridades, que requieren importante proporción en el presupuesto global, claramente deducibles de los 3 acuerdos ya firmados, los avances al respecto de Víctimas y de las posibles soluciones a las salvedades, todos ellos lastimosamente ausentes por acción u omisión en la enésima versión de la receta fondomonetarista que nos quieren aplicar a los colombianos. Hablemos entonces del presupuesto de Cárdenas para un país en paz que es casi el mismo al de los últimos años de la guerra.

Los intocables

Las macro-mermeladas siguen intactas: deuda y guerra. El servicio de la deuda acorde a la regla fiscal, ascenderá a $48,6 billones (26.4 en amortizaciones y 22.3 en intereses) con un incremento de 3.1%, superior al del PGN en general y llegando a ser el 22.5% de total. Así pues, que dando cumplimiento a un “mandato constitucional” el año entrante el capital financiero recibirá directamente casi 1 de cada 4 pesos que salgan de los contribuyentes colombianos. Cualquier agudo observador podrá cuestionarse de que le sirve al país tener una norma constitucional que privilegie los derechos de los acreedores antes que los derechos de los ciudadanos, máxime si hoy varias grandes economías capitalistas poseen un nivel de endeudamiento superior al nuestro.- De seguro el auténtico poder constituyente de nuestro pueblo soberano jamás admitiría esto, lo que convierte esta cortapisa legal a la inversión necesaria para la paz, en una de las modificaciones constitucionales obligatorias en el proceso de refrendación e implementación de los acuerdos.

De otra parte, mientras en La Habana se discute la “dejación de armas” y el fin del conflicto, que involucra inexorablemente a las dos partes en contienda, el PGN de 2016 eleva en un 8.3% el presupuesto de Defensa muy por encima de la inflación, del crecimiento o del mismo PGN. Según los cálculos gubernamentales, un país en paz el año entrante gastaría más de 30 billones de pesos en darle continuidad a su complejo militar industrial, a todas luces anacrónico en un post-acuerdo y cuya eternización expresaría en sí misma una violación de lo acordado.

Sobra decir, que el dinero del conflicto no se acota al Mindefensa. Para mencionar solo otros sectores, entre la rama judicial carcomida por sus escándalos y la Fiscalía General de célebres investigaciones prepagos, se gastarán 7 billones de pesos para un sistema judicial espurio que no tiene la legitimidad política para darle cauce al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se discute en La Habana y del que la Comisión de la Verdad es su primer eslabón. Los aumentos de estos 2 sectores serán del 7.6% y 11.6%, en un peculiar ejercicio de “austeridad inteligente”. Ello sin contar el rubro cercano a los 1.6 billones de pesos, asignado al sistema carcelario, para superar los 8 billones en represión legal.

Los recortados

La inversión recibe un recorte de 10.6%, 4 billones menos entre todas las entidades, quedándose en 40,6 billones de los 215,9 billones del total; así que a riesgo de sonar redundante la mayor parte del presupuesto nacional estará destinado a que todo siga funcionando como hasta ahora- y no a la ampliación ni mejoramiento de las responsabilidades sociales y políticas del estado colombiano. Mala noticia para los cambios que requiere la paz. El gobierno nacional recorta su inversión a un 2.9% del PIB, porcentaje bastante bajo, máxime cuando se atisban asomos de crisis y mayor compromiso estatal se requeriría para la activación de la economía.
Tal vez uno de los casos más dramáticos del raquitismo de la inversión es Educación, donde mientras la ministra Parody alardea con tener un presupuesto de 31 billones, -virtualmente el más alto en la forma en que desagrega los sectores Minhacienda- se hace la de las gafas en explicar que 29.1 billones son gastos de funcionamiento; así que ella aspira avanzar en la jornada única y convertir a Colombia en el país más educado destinando 1.9 billones a la inversión en educación, por no hablar de los requerimientos mínimos de inversión para resolver los crecientes problemas de calidad de la educación técnica y superior en el país.

Curiosamente 3 de las llamadas locomotoras de Santos I obtienen severos recortes: Minas y Energía 19.7%, Transporte 18.2% y Vivienda 10.7%. Esta situación denota los síntomas de agotamiento del modelo económico y pone en tela de juicio la capacidad de la burguesía colombiana en cumplir sus mismas exigencias básicas en infraestructura para la inserción en el mercado mundial. Teniendo en cuenta que la infraestructura y la construcción fue el sector más dinámico de la economía en 2014 con un 9.9% de crecimiento, con gran protagonismo del subsector de obras públicas y que se ha vendido como tabla de salvación para el ingreso del rezagado capitalismo colombiano en las grandes ligas del comercio exterior, se haría necesario revisar atentamente este giro intempestivo en términos presupuestales, que pareciera endosarle confiadamente toda la iniciativa en el área al capital privado.

Coincidencialmente dentro de este grupo de sectores, los mayores recortes -por más de 1.7 billones de pesos- lo reciben los 2 ministerios manejados por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. No pareciera una austeridad muy inteligente la de Cárdenas, marchitar presupuestalmente al hoy segundo al mando del ejecutivo y virtual candidato del establecimiento para el 2018. A menos que alguien con influencia en Hacienda o Planeación quiera presionar, oponerse y/o negociar con esta candidatura. ¿Será esto posible? Como dirían en los corrillos políticos de la aristocracia bogotana: ¡Averígüelo Vargas…!

Pero la “joya de la corona” en recortes presupuestales y contradicciones de un gobierno que dice verbalmente apostarle a acelerar los acuerdos de paz es el agro. Otra supuesta “locomotora” de Santos I y sector que en palabras del presidente requiere de la mayor inversión-,en medio del escándalo de los resultados del Censo Nacional Agropecuario que confirman la vergonzosa situación de inequidad y pobreza rural-. El acuerdo sobre Desarrollo Rural Integral, fue el primero firmado entre gobierno e insurgencia en La Habana y supone una alteración sustancial de este crítico panorama. Aún incluso desde la perspectiva gubernamental el sector debe convertirse en una trinchera en medio de la crisis económica para sustituir importaciones y promover exportaciones. Pero lamentablemente el ministro Cárdenas hace quedar al presidente en ridículo con sus proyecciones presupuestales.

El presupuesto para el sector rural ascenderá a 2.4 billones, correspondientes al 1.1% del PGN de 2016 con un recorte de 38.5% con respecto a este año. Por cada peso invertido en el campo colombiano en 2016 se gastarán más de $12 en los militares y se pagarán $20 en servicio a la deuda. Sin entrar a discutir la destinación específica de estos recursos, -de seguro amañada para las mafias gremiales del establecimiento-, el monto de la asignación es tan impúdica que el mismo Cárdenas se ha comprometido a aumentarla en el trámite legislativo; pero obviamente ésta no se acercará a los verdaderos requerimientos de la transformación integral del campo para la paz, ya que los aumentos difícilmente podrán invertir la tendencia general del presupuesto y romper con el trato marginal al agro dentro del gasto público. En resumen diremos que el campo colombiano, víctima del modelo neoliberal y neoextractista, ahora debe pagarle la crisis económica a su victimario.

Finalmente completa el ramillete de damnificados de la crisis, un grupo de sectores que independientemente de los juicios que hagamos sobre la efectividad de sus programas, los fuertes recortes que recibirán denotan el poco interés que tiene el gobierno nacional en estos temas claves para la paz y el desarrollo del país. El presupuesto de Ciencia y Tecnología se recorta en 20%, el de Cultura en 15.2% y el de Recreación y Deporte en 40.4% y entre los 3 sectores no suman el 0.4% del PGN, 33 veces menos que la guerra y 53 veces menos que la deuda. Una auténtica abyección nacional.

Los premiados

Solo a manera de dato curioso, en medio de la “austeridad inteligente” de Santos II, 3 sectores del gasto tienen un aumento presupuestal bastante considerable: Hacienda (21.4%), Planeación (37.5%) y Relaciones Exteriores (23.4%). Aunque se desconoce la asignación pormenorizada en estos sectores, no se aprecia mayor razón de fuerza que explique tan ingente alza de recursos a las entidades que manejan los delfines y pre-pre-candidatos para 2018 Mauricio Cárdenas Santamaría, Simoncito Gaviria Muñoz y María Ángela Holguín. ¿Cuál será la motivación? Averígüelo Vargas…Lleras.

A manera de reflexión, la adaptación nacional del mismo “austericidio” que ha impuesto la banca global para paliar la crisis capitalista sistémica en todas sus economías víctimas, se plasma en el proyecto de PGN 2016, que lastimosamente es un presupuesto para prolongar la guerra y no para finalizarla. La tranquilidad de los demócratas está justamente, en que el verdadero presupuesto para la paz, no vendrá de la tecnocracia ni dependerá del anacrónico poder constituido actual del parlamento; será inevitablemente uno de los temas de la reglamentación de los acuerdos como base para su implementación, etapas derivadas de su refrendación popular a través del poder constituyente del pueblo soberano, en medio del protagonismo de los movimientos sociales y las nuevas alternativas políticas

Nos Vemos en la ANC.