Hace unos meses se desencadenó una nueva persecución contra el movimiento social en Colombia. Uno de los sectores más afectados por la oleada de represión y encarcelamientos fue el sector rural y agrario, el cual sufrió la captura de tres líderes y una lideresa, quienes venían desempeñando una importante participación en la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, además de ser reconocidos por su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades del oriente colombiano.

Tras las capturas, se volvió a poner en tela de juicio la voluntad de paz tanto del gobierno como del Estado, en tanto al mismo tiempo que fueron estigmatizados, judicializados y capturados los líderes campesinos, en La Habana, el Estado colombiano, representado por el gobierno de la Unidad Nacional, ha entablado un diálogo con la insurgencia de las FARC para poner fin a un conflicto armado que tuvo su origen en la persecución contra quienes piensan diferente al establecimiento y en la falta de garantías para la participación política.

Recientemente la Agencia Prensa Rural dialogó con Alejandra Pérez, una de las abogadas que está al frente del caso en mención, quien además hace parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, DHOC.

–¿Cómo se presentaron las capturas de los líderes campesinos?

–La detención de Esmer Montilla, presidente de la Fundación DHOC, y de José Samuel Rojas se da el día 15 de julio en horas de la tarde. A Esmer lo capturan a cuadra y media de la sede de la Mesa de Unidad Cívico Agrario y Popular del Oriente Colombiano- Mucapoc, donde también funciona la fundación DHOC y donde además se realizan encuentros de la Marcha Patriótica del departamento del Meta.

Ambos fueron capturados en la ciudad de Villavicencio por agentes del CTI, quienes los trasladaron a las instalaciones de este cuerpo de seguridad, bajo orden de captura por los delitos de rebelión y secuestro simple.

Ramiro Atehortúa e Ingrid Pinilla, fueron capturados el día siguiente en la ciudad de San José del Guaviare. Mientras Ramiro fue capturado en cercanías a las oficinas de la Marcha Patriótica, Ingrid fue detenida en el hospital de dicha ciudad, cuando visitaba a su hijo que se encontraba en grave estado de salud. A ellos también los retienen agentes del CTI por los delitos de rebelión y secuestro simple.

–¿Hubo alguna anomalía o situación extraña en el transcurso de las capturas?

–Pese a que nosotros, como abogados de confianza de los imputados, comprobamos que las órdenes de captura eran legales, tengo que denunciar que durante el procedimiento y su posterior retención en instalaciones del CTI, síse presentaron situaciones ilegales, que a todas luces resultan extrañas.

Por ejemplo, a Esmer y a Samuel les quisieron realizar una simulación de captura por parte de agentes de la Armada Nacional, de la Brigada Naval de Oriente, mientras ya se encontraban detenidos en las instalaciones del CTI. Los miembros de la Armada querían tomar unas fotografías donde simulaban un escenario de captura conjunta, tras una labor de inteligencia, que no respondía a la verdad. Esto se considera una violación flagrante a los derechos del capturado. Todo esto contó con la aquiescencia del CTI. Ellos armaron todo este escenario, donde además los militares empuñaban armas y querían simular una gran operación.

De otro lado, Ingrid Pinilla también vivió una situación bastante extraña mientras se encontraba capturada. Ella tuvo que estar en la ciudad de San José del Guaviare hasta que tuviera las condiciones de seguridad para desplazarse hasta la ciudad de Villavicencio, donde estaba la fiscalía que la requería.

Ese traslado, tuvieron la intención de hacerlo a las 9 de la noche durante el cual uno de los agentes del batallón de la Armada llama a uno de los agentes del CTI para que la llevaran al batallón y no la trasladasen a Villavicencio.

Ella escucha esto y en un afán por preservar su vida le comunica a un agente del CTI que tiene cuatro amenazas de muerte en contra suya y de su familia y que una de esas amenazas ha sido proferida por la persona que llamó.

Los agentes del CTI no la llevan al batallón porque reconocen que esto no es algo legal. La devuelven a las instalaciones del CTI y a la mañana siguiente la trasladan a Villavicencio.

–¿Cuáles eran las labores que desempeñaban antes de la captura?

–Como dije antes, Esmer Montilla es el actual presidente de la Fundación DHOC, un líder campesino reconocido, directivo de la Mucapoc e integrante del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.

Samuel Rojas es defensor de derechos humanos, líder campesino y de la organización de desplazados Andescol subdirectiva Villavicencio.

Ramiro Atehortúa se venía desempeñando como corresponsal de la Red de Medios Alternativos- REMA en el Guaviare. Era integrante y miembro de la secretaría de comunicaciones de la Asociación Campesina de Trabajadores del Guayabero- Ascatragua. Además, era precandidato a la Asamblea Departamental del Guaviare por el partido político Unión Patriótica.

Por último, Ingrid Pinilla es una reconocida lideresa campesina. Antes de la captura, era vocera departamental de la Mesa nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo- MIA Guaviare- y a su vez vocera ante la Cumbre Agraria, étnica, campesina, y popular en ese departamento.

Cabe anotar que tanto Ramiro como Ingrid ya habían sido procesados por rebelión en un evento anterior, del cual salieron bien librados porque se demostró su entera inocencia, pues la persecución se daba por señalamientos contra su trabajo como defensores de derechos humanos.

–¿Por qué los acusan de secuestro simple?

–La imputación de secuestro se fundamenta en hechos ocurridos durante las jornadas del gran Paro Nacional Agrario y Popular del año 2013, hechos que se dieron en el sector de Pipiral, arriba de Villavicencio, donde más de 8 mil campesinos y campesinas estaban asentados. En ese asentamiento descubren a unos agentes de la fuerza pública infiltrados dentro de la protesta, ante lo cual la comunidad los retiene.

Durante los días que dura la manifestación hay confrontaciones, como es normal en unas jornadas de protesta, y la fuerza pública también retiene a algunos manifestantes. Viendo esta situación la Fundación DHOC y su presidente, Esmer Montilla, intervienen en una acción humanitaria para generar el debido resguardo de los derechos fundamentales tanto de los agentes de la fuerza pública detenidos por la comunidad, como de los campesinos detenidos por la policía.

Ahora, casi dos años después, en enero de este año, los policías que se vieron afectados en las jornadas de protesta, vienen a señalar y denunciar a los líderes campesinos como comandantes de una acción criminal, que ellos identifican como una afrenta contra su dignidad humana. Sin embargo eso no fue puesto de presente en el momento de los hechos, sino que lo denuncian dos años después.

–¿Cuál es la situación actual de los líderes campesinos convertidos en prisioneros políticos?

–Pese a que lo que están viviendo es una tragedia, debo reconocer como una buena noticia, el hecho de que Ingrid dio con un juez de control de garantías coherente, que respeta el debido proceso y que tuvo en cuenta el estado de salud de su hijo, razón por la que ella hoy día tiene detención domiciliara.

Pero en el caso de los otros tres líderes campesinos la situación no es la misma. Ellos se encuentran recluidos en la cárcel de Villavicencio, en condiciones inadecuadas para una persona que aun estando prisionera requiere y merece toda la protección de su dignidad humana.

Esmer, que es una persona de 57 años, sufre de problemas digestivos y de la piel. Hoy seguimos pidiendo su pronta atención, pese a que médicos del mundo y Naciones Unidas han presionado para que esto se dé.

La situación es bastante dura pero esperamos la solidaridad de todos para defender la dignidad, la salud y la vida de nuestros compañeros prisioneros. Sabemos que es un montaje y como tal tenemos que luchar por desvirtuar todo lo que les están imputando.