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Terrorismo de estado
Ejecuciones extrajudiciales, entre robo de ganado y falsos testigos
Diez soldados con medida de aseguramiento por asesinatos en Vista Hermosa, Meta. Fiscalía busca responsabilidad del mando superior
Semanario Voz / Viernes 25 de septiembre de 2015
 

El Plan Patriota se convertía en el año 2006 en la guía de guerra de las fuerza militares. Se trasladaron recursos del presupuesto nacional para la manutención de las tropas y el gasto militar más grande en la historia del país. Ese año seguía vigente la directriz institucional del Ministerio de la Defensa, 029 de 2005, firmada por el Ministro Camilo Ospina, donde se premiaba a cada militar por los muertos que reportara. Y en el departamento del Meta se considera que hubo la cifra más alta de bajas entre los años 2002 y 2010.

Dos años después de la directriz ministerial de compensaciones por muertos, veintiocho militares presentaban ante el Juez 18 de Instrucción Militar de Granada, Meta, informes sobre un supuesto combate efectuado el día 30 de noviembre de 2006 en Vista Hermosa, Meta.

La diligencia le sirvió a la justicia castrense para descartar la responsabilidad de diez soldados de la contraguerilla No. 84, de la Brigada Móvil No. 12 adscritos al Batallón 21 Vargas de Granada por los homicidios, desaparición forzosa y hurto calificado en ese municipio. Según los relatos, en horas de la mañana de ese día, fueron dados de baja tres individuos sin identificación que hacían parte de las FARC.

Sin embargo, el pasado doce de agosto, casi una década después de los hechos, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento contra los soldados Pedro Chaparro Patiño, Robín Remigio Yunda, Yohn Cisneros, Edilfonso Fajardo, Luis Ascensio Higuera, Dúmar Tovar, Luis Enrique García, Luis Eduardo Muñoz, Javier Rodríguez, y Wilson Pulido, por considerarlos responsables de asesinar a los tres campesinos, vestirlos como guerrilleros y reportar un combate para obtener beneficios administrativos de parte de sus superiores. Los campesinos del caserío Santodomingo, respondían a los nombres de James de Jesús Agudelo Vásquez, José Antonio Agudelo Vásquez y Javier Enteno Acuña Cordero.

Los hechos narrados por el ente investigador dan cuenta que las víctimas ostentaban la calidad de dueños del predio donde ocurrieron los hechos, los hermanos Agudelo Vásquez, y administrador del mismo Javier Acuña Cordero, y que ese día fueron a reclamar a los comandantes de la brigada Móvil 12 el robo de ganado de su propiedad.

Los hermanos Agudelo Vásquez, anunciaron a su familia que reclamarían el hurto continuado de ganado a manos de los soldados. Documentos en mano emprendieron camino hasta encontrar la compañía de soldados apostados en los límites de su propiedad para reclamarles por su presencia ilegal en ese predio y el hurto de sus semovientes.

Los antecedentes del proceso

“De las diligencias se desprende que los implicados junto a otros militares, sacrificaron reses, simularon el combate para quitar la vida a las tres personas y adelantaron todas las acciones tendientes para que los mismos no fueran encontrados por sus familiares. Presentándolos como guerrilleros N.N., de las FARC, dados de baja en un combate presuntamente simulado, para mostrar resultados a sus superiores”, señala el Fiscal en su solicitud de medida de aseguramiento.

A pesar del tiempo que ha corrido desde la fecha de los hechos, el proceso ha tenido dificultades que llaman la atención. Desde cuando ocurrieron los hechos la competencia para investigar a los soldados la avocaron los tribunales militares en cabeza del juez 18 de instrucción, quien no adoptó medidas adecuadas y suficientes para llegar a la verdad de los hechos.

De acuerdo a la defensa de las víctimas, la investigación, en manos militares, no solo fue obstaculizada sino que se protegió desde el primer momento a los implicados, desviando la investigación por causa del cartel de testigos al servicio de la justicia castrense.

Por eso la defensa de las víctimas solicitó ante el Consejo de la Judicatura y mediante el instrumento de colisión de competencia, trasladar el proceso de la justicia militar a la justicia ordinaria, hecho que solo se dio hasta 2008, momento en el cual un Fiscal especializado reconstruyó toda la pieza probatoria y dejó sin fundamento las decisiones de absolución aprobadas por la justicia militar.

La investigación

La reconstrucción de la investigación se basó en el cotejo de las declaraciones de cada uno de los soldados que participaron en el supuesto operativo militar y en los indicios obtenidos a partir de la ubicación de la fosa común en donde fueron enterrados como NN las víctimas.

Pero para llegar al sitio donde se encontraban los cuerpos de las víctimas se contó con un testimonio que resultó clave para la investigación. Un soldado de la compañía móvil decidió colaborar con la Fiscalía revelando pormenores de los hechos y la ubicación de las fosas comunes. Pero además entregó información que condujo a ubicar la responsabilidad de quienes ordenaron los hechos. Después de la exhumación de los cadáveres se pudo constatar la causa de la muerte y eso condujo a la determinación de las responsabilidades de los soldados.

Cartel de testigos

Otro de los elementos probatorios se dio a partir de los testimonios entregados por un supuesto desmovilizado a quien la justicia militar le entregó plena credibilidad y éste acusó a las víctimas de ser miembros de la insurgencia.

“Quisieron invocar un supuesto desmovilizado de la guerrilla de las FARC para que declarara que las tres víctimas sí pertenecían a estructuras guerrilleras, que no tenían propiedades en la región y que no comercializaban con ganado. Consiguieron un falso testigo para enlodar el nombre de las víctimas, pero gracias a las diligencias de la Fiscalía se descubrió que el testigo hacía parte de un cartel”, le explicó a VOZ, Ramiro Orjuela, abogado defensor y quien tiene una vasta experiencias en investigaciones de falsos positivos, especialmente en el departamento del Meta.

Así las cosas, se pudo establecer la responsabilidad de los ahora imputados. Pero queda pendiente calificar la responsabilidad del mando superior en la operación y quien para la época respondía como comandante de la IV División, el general Guillermo Quiñones. “Hablamos con el propio general Quiñones quien aseguró que sus tropas solo cumplen con el deber de combatir la insurgencia y que no cabía lugar a investigaciones de ese tipo”, comenta Ramiro Orjuela.

Quiñones fue uno de los generales que se vio afectado por la purga hecha a finales del año 2008, justamente por el escándalo de los falsos positivos. Pero Quiñones también fue sutilmente acusado por el mandatario Juan Manuel Santos de ser protector de dos reconocidos paramilitares de la región con los alias de Cuchillo y Daniel El Loco Barrera.

Ahora se busca la protección del testigo clave. La Fiscalía prepara una nueva imputación para los mandos militares que participaron en los hechos y espera que pronto se abra juicio para determinar la responsabilidad en la cadena de mando. “Lo que demuestra este nuevo llamado de la justicia a militares que participaron en ejecuciones extrajudiciales es que esa práctica en el Meta era sistemática, para obtener beneficios administrativos pero también en este caso acabar con una familia, y con campesinos de la zona”, dice Orjuela.