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Situación de DDHH en San José de Apartadó, Antioquia
Exhumando podredumbres y violencias sistémicas
Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Miércoles 7 de octubre de 2015
 

Recientemente los medios locales y regionales de comunicación se han referido a un supuesto acuerdo entre la Brigada XVII del Ejército y la población civil del caserío de San José de Apartadó para trasladar la base militar a 400 metros de distancia del sitio que ha ocupado. Dicha base, desde su inicio, ha estado ubicada encima y a espaldas del colegio que se estaba construyendo y que ya ha sido terminado, violando todas las sentencias que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han emitido para prohibir que tales establecimientos militares y policiales, actores de guerra, se ubiquen en medio de la población civil, creando situaciones de violencia sobreviniente para las poblaciones más vulnerables que los niños que estudian. De nada ha servido recordarle en numerosas ocasiones al Presidente de la República, a los ministros de defensa y a los altos mandos militares que están violando la ley al desacatar las sentencias de las más altas Cortes del Estado. Han probado hasta la saciedad que nada les importa la Constitución y la Ley y que el “Estado de Derecho” para ellos no existe. Pero mover 400 metros la base es una nueva burla a la población civil y un nuevo derroche de cinismo toda vez que los militares se pasean todo el día por entre las viviendas y los establecimientos educativos y comerciales del poblado.

Pese a lo anterior el pasado lunes 21 de septiembre de 2015 fue ejecutado en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó el campesino Ernesto Guzmán por paramilitares que han dominado esas veredas con plena aquiescencia y colaboración de todas las autoridades. Si bien Ernesto, al momento de su deceso, no era integrante formal de la Comunidad de Paz, sí lo había sido en el pasado desde la fundación de la Comunidad. En 2009 había sido privado de su libertad por los paramilitares y amenazado de muerte. En los últimos años los paramilitares lo presionaron para que les vendiera su finca a lo cual él se negó rotundamente y todo muestra que por ello lo asesinaron. Tanto Playa Larga como otras veredas aledañas son controladas hoy día por los paramilitares quienes se han apropiado, bajo chantajes y amenazas, de numerosos predios. Se ha sabido que dos de sus hijos han sido desaparecidos recientemente a manos de los paramilitares.

Así mismo el pasado jueves 24 de septiembre la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de que la Fiscalía estaba buscando la manera de exhumar los restos de un niño fallecido el pasado mes de junio en una dolorosa tragedia familiar cuando dos hermanitos menores se pusieron a jugar con una escopeta de cacería y a uno de los niños se le disparó el arma dejando sin vida a su hermanito. Tal hecho, que causó profundo dolor en la familia y en la Comunidad, fue aprovechado por los militares, y en concreto por el Coronel Germán Rojas Díaz comandante de la Brigada XVII, para construir un relato falso de perversidad incalculable con el fin de estigmatizar una vez más a la Comunidad mediante la calumnia y la mentira, dando pábulo al odio con el que siempre ha querido destruir. Ahora la Fiscalía parece ponerse a su servicio haciendo una excepción en su rutina, ya que jamás ha querido investigar los centenares de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y los paramilitares contra la Comunidad, dejando todos los horrores en la impunidad más absoluta y aberrante sin siquiera indagar nunca en la Brigada ni en sus batallones por los nombres de los militares que estaban presentes en los escenarios de los crímenes como lo exige la Sentencia T-1025/07 de la Corte Constitucional. Tampoco las altas cortes del Estado han respondido al Derecho de Petición del 19 de enero de 2009 en el cual se demuestra con numerosos casos concretos que la “justicia” estaba actuando en Urabá de la manera más corrupta, pisoteando todos los principios constitucionales y los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, produciendo fallos espurios y corruptos. Se sigue a la espera de que las altas cortes corrijan tanta podredumbre y entonces se pueda colaborar con todas las exhumaciones que busquen esclarecer los crímenes con honestidad y rectitud.

Por otra parte el pasado viernes 25 de septiembre de 2015 varios campesinos de la vereda Arenas Bajas fueron amenazados por los paramilitares que hacen presencia en esa zona, quienes los conminaron a abandonar la vereda si no querían ser ejecutados. Tales amenazas han sembrado pánico en los pobladores de la zona.

El miércoles 30 de septiembre de 2015 varios pobladores del corregimiento de San José recibieron llamadas telefónicas por parte de sujetos que se identificaron como paramilitares, conminándolos a trabajar con ellos y prometiendo que les darían unos códigos para que cada vez que estuvieran en un reten presentaran dicho código y la Policía los dejaría tranquilos. El sábado 3 de octubre nuevamente tres pobladores del corregimiento de San José fueron interceptados a través de llamadas telefónicas por sujetos que se identificaron como paramilitares, prometiéndoles que usaran esos códigos ante los retenes con la Policía y se darían cuenta que no les molestarían.

Durante el mes de septiembre la Comunidad de Paz ha podido comprobar que la instalación del Búnker de la Policía en el caserío de San José ocasionó el desplazamiento masivo de integrantes de la Comunidad y no solamente constituyó un ejercicio de violencia ilegal contra propiedad privada, sino que dio inicio a una cadena de fraudes y diligencias delictivas y tramposas por parte de las instituciones del Estado. En efecto el 1° de abril de 2005 la Policía destruyó los candados y puertas y se apoderó de la casa-lote de propiedad privada, en ese entonces ocupada por la familia de Elidio Tuberquia, quien luego de reclamar insistentemente ante la fuerza pública por el robo de su casa-lote, apareció inconsciente en la carretera el 13 de noviembre de 2006 y permaneció en coma hasta el 9 de julio de 2008 cuando murió en Medellín. Para tapar sus delitos la Policía prometió que pagaría el terreno a su familia, pero resulta que ese terreno constituía propiedad legal y titulada de otra familia que había sido desplazada por la violencia, según la Matrícula Inmobiliaria 008-37690, la cual se había originado en la Resolución 1311 del INCORA del 26 de junio de 1989 como adjudicación de baldío de 5.125 metros cuadrados en favor de Agustín Antonio Blanquicet Carvajal y María Aurora Carvajal de Blanquicet, Radicado 2873 del 12 de octubre de 1989, propiedad que además fue objeto de medida cautelar 0474 el 11 de septiembre de 2012 por el INCODER de Bogotá con prohibición de enajenar derechos inscritos en el predio (Rad: 2012-6511).

Un año después del asalto violento y delictivo con intención y efecto de hurto de la casa lote por parte de la Policía el 1° de abril de 2005 y, quizás ante un año de insistentes protestas y reclamos de Elidio, no se sabe cómo fue cooptado el INCODER para perpetrar otro delito, pues sin consultar (o consultando y haciendo caso omiso, lo cual es aún más grave) las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad sobre ese terreno que es propiedad privada titulada el INCODER construyó un “baldío” ficticio y se lo adjudicó a Elidio Tuberquia Guerra y a su esposa Luz Enadis. Sobre esa base fraudulenta e ilegal, una vez muerto Elidio tras 18 meses en coma cerebral, realizaron una “adjudicación en sucesión” radicada en la Notaría 21 de Medellín el 17 de octubre de 2008 (Rad: 6719) a favor de la esposa de Elidio, Luz Enadis Lugo, y de su hijo, Nubar Elidio Tuberquia Lugo, acto en el cual “interviene” según los documentos Elidio Tuberquia Guerra, quien había fallecido tres meses antes. Todo muestra que se trataba de trampas y fraudes preparatorios para que la viuda de Elidio y su hijo le “vendieran” esa “propiedad” (registrada en escritura fraudulenta No. 2852 de 10.10.08) a “La Nación-Policía Nacional” registrando el fraude en la Notaría Única de Copacabana, Antioquia, el 20 de marzo de 2009.

Esta sucesión de delitos, trampas, fraudes, hurtos, chantajes, ficciones, asaltos, falsificaciones, encubrimientos, atentados, prevaricatos y crímenes constituyen apenas la base de los desacatos del gobierno a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que prohíben ubicar puestos de policía y bases militares en zonas de conflicto en medio de la población civil. Infinidad de denuncias y peticiones elevadas ante el gobierno central no han recibido respuesta alguna. ¿Ante quién pueden sostener las autoridades colombianas que en Colombia existe un “Estado de Derecho”? Sólo pueden hacerlo ante gente sumida en la ignorancia. Al ir descubriendo tanta podredumbre moral se fortalece más y más la resistencia para la cual se sigue contando, agradecidos, con el respaldo moral de muchas personas, grupos y organizaciones arraigadas en principios éticos tanto en numerosos rincones de Colombia como del resto del mundo.