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Editorial del Semanario Voz
No hay nada que agregar
La oligarquía está embriagada de venganza contra la insurgencia. Es uno de los factores, junto a la existencia del paramilitarismo, negada por el Gobierno, que dificultan los acuerdos definitivos de paz.
Semanario Voz / Sábado 10 de octubre de 2015
 
Foto: Plaza Bolivar via photopin (license)

El acuerdo sobre la Jurisdicción Especial de Paz, anunciado el miércoles 23 de septiembre en La Habana, con la presencia de los presidentes Raúl Castro y Juan Manuel Santos Calderón y del Comandante en Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP Timoleón Jiménez, fue calificado de histórico en el país y en el exterior. Recibido con optimismo abrió la enorme posibilidad para que el proceso de conversaciones llegara al punto de no retorno e inclusive con fechas precisas, acordadas entre Santos y Timoleón para llegar al fin de conflicto y a la dejación de las armas, en fechas que van entre seis meses para lo primero y ocho para lo segundo.

El texto completo del acuerdo no ha sido divulgado, pero sí una síntesis de lo esencial en el Comunicado #60 de la Mesa de La Habana. La publicación completa no ha sido posible porque el Gobierno se opone, con ese absurdo “secretismo” con el que la delegación gubernamental maneja los temas acordados entre las dos partes.

Pero en esta oportunidad la situación va más allá. A los dos días de suscrito el acuerdo, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, acompañado del alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, anunciaron que no se podía publicar hasta que no se le hicieran precisiones y nuevos desarrollos para precisar detalles importantes. Saltó de bulto la trampa. Una especie de conejo al acuerdo, porque en la mesa ni en el Comunicado #60 nada se dice al respecto. Todo está consumado, todo está dicho y escrito con claridad. Lo único que deben las partes es cumplirlo.

Al día siguiente de anunciado el histórico acuerdo, la derecha lanzó la ofensiva contra el mismo y contra cualquier posibilidad de que los jefes guerrilleros no vayan a una cárcel intramural y le pidan perdón a las víctimas. Como si el Estado, acompañado de los paramilitares, empresarios, ganaderos, militares, Fuerza Pública y políticos tradicionales del orden nacional y regional, no tuvieran la principal responsabilidad en la degradación del conflicto y en los crímenes de lesa humanidad, como del genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, las desapariciones forzadas y los falsos positivos, para solo citar unos pocos casos.

La oligarquía está embriagada de venganza contra la insurgencia. Es uno de los factores, junto a la existencia del paramilitarismo, negada por el Gobierno, que dificultan los acuerdos definitivos de paz. No quiere entender que lo aprobado es la aplicación de la justicia restaurativa, que no es punitiva, no busca el castigo, sino la verdad y resarcir a las víctimas. No es la justicia transicional que quería imponer el Gobierno y con criterio unilateral exclusivo a la guerrilla. La justicia restaurativa es simétrica, no es asimétrica, abarca un universo mayor de los participantes en el conflicto y todos deben responder por sus actos.

Para las FARC-EP es inaceptable. Aquí no caben interpretaciones. Lo escrito, escrito está. El Gobierno no puede poner en peligro con su terquedad y prepotencia el fin de las conversaciones de paz. Así lo advierten las FARC-EP en su más reciente declaración en La Habana: “La delegación de Paz de las FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes Conversaciones de Paz en un plazo máximo de 6 meses. Dicho propósito no será viable si el Gobierno comienza a cuestionar los Acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado. Y agregan más adelante: “No haremos más polémicas sobre un asunto trascendental para la reconciliación que solo se aclara con la publicación del acuerdo Jurisdicción Especial para la Paz, Principios básicos del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”.

El Frente Amplio por la Paz, las organizaciones de izquierda, sociales y populares, deben organizar la movilización en defensa del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Mesa de La Habana; el Gobierno Nacional no le puede poner conejo a lo acordado a riesgo de prolongar la guerra de más de 60 años.