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Suarez, Cauca
Asesinado miembro del equipo de campaña a alcaldía en Cauca
Nuevo ataque a la democracia
 

Dirigente del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -Pupsoc- y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica fue asesinado en el Departamento del Cauca. En una zona de amplia presencia paramilitar, un grupo de hombres armados asesinaron a ex alcalde del municipio de Suarez, quien se desempeñaba como coordinador de trabajo afro y campesino de dicho municipio, miembro de la organización social Asorenacer siglo XXI, integrante del equipo electoral del actual candidato a la alcaldía municipal de Suarez Cesar Cerón.

El pasado domingo 11 de octubre de 2015 en el corregimiento La Meseta, vereda Senderito, cerca de las 8:10 de la mañana, el dirigente social Benicio Flor Belalcazar salió de la finca en donde habitaba a bordo de una motocicleta con su compañera permanente.

Cerca de las 9:15 de la mañana a la altura del corregimiento Mindalá, vereda Pueblo Nuevo en el sector conocido como Montañita, cuando Benicio transitaba por la vía veredal dos hombres (de tez indígena, uno de ellos menor de edad y el otro adulto) que se movilizaban en una motocicleta Pulsar roja, cerraron la moto que conducía Benicio, luego lo empujaron y cuando cayó uno de los hombres sacó un arma de fuego de una estopa, luego se le acercó a Benicio y le disparó en la cabeza a la altura del oído. Después los dos individuos se retiraron del lugar a bordo de la motocicleta Pulsar.

Es de señalar que Eider Flor, hijo de Benicio Flor Belalcazar, en compañía de algunos dirigentes sociales de la zona, estuvieron en agosto en la ciudad de Bogotá denunciando la situación de inseguridad que afrontan los dirigentes sociales y políticos de los municipios de Suarez y Buenos Aires. Allí se reunieron con funcionario del Alto Consejero Presidencial y con el director de la Unidad Nacional de Protección –UNP- para solicitarles que se les adoptaran medidas de protección y los altos funcionarios les dijeron que iban a analizar la situación a ver “si eran casos aislados o había una amenaza latente”, pero hasta la fecha los denunciantes no han recibido ninguna medida de protección.

El candidato a la alcaldía municipal de Suarez Cesar Cerón, avalado por la ASI, en un consejo de seguridad manifestó haber recibido mensajes amenazantes en donde se podría comprometer su vida o la de su equipo político.

El viernes 9 de octubre de 2015, en el corregimiento Timba del municipio de Buenos Aires Cauca se realizó una asamblea en la que participó una delegación numerosa de Buenos Aires y Suarez y se hicieron denuncias por un proyecto que de mucho tiempo atrás se viene discutiendo y que consiste en la regulación del río Timba y busca hacer otra represa igual o superior a la de Salvajina, de igual forma se denunció que existe un convenio firmado entre la Universidad Javeriana y la CVC que consiste en el ordenamiento de la cuenca del río y dicha actividad la están realizando sin consultar a los pueblos étnicos que hacen presencia en el territorio. En dicha reunión estuvo el personero municipal de Buenos Aires y una funcionaria de naciones unidas, igualmente hizo presencia Eider Flor, hijo de Benicio Flor Belalcazar el dirigente popular asesinado.

Se responsabiliza por lo anterior al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación de Cauca en cabeza de Temístocles Ortega, al Brigadier General Maurio Augusto Valencia comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, al Brigadier General Wilson Danilo Cabra Correa Comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen. Así mismo se responsabiliza a Luis Carlos Villegas Ministro de la Defensa, a Juan Fernando Cristo Ministro del Interior, a Yesid Reyes Alvarado Ministro de Justicia y del Derecho, a Luis Eduardo Montealegre Fiscal General de la Nación, a Jorge Armando Otálora Gómez Defensor del Pueblo, a Alejandro Ordoñez Maldonado Procurador General de la Nación y a Diego Mora Director de la Unidad Nacional de Protección, por omisión en el desarrollo de las acciones pertinentes tendientes a garantizar los derechos constitucionales de Benicio Flor Belalcazar y los dirigentes sociales de los municipios de Suarez y Buenos Aires y los miembros del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que han solicitado medidas de protección.

Se exige por lo tanto responsabilidad estatal frente al asesinato del dirigente social Benicio Flor Belalcazar y por los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad del núcleo familiar del occiso, de los dirigentes sociales de los municipios de Suarez y Buenos Aires y de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que habitan los municipios del Norte del Cauca y sus organizaciones que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones militares y policiales del Estado colombiano.

Se exige igualmente al Estado colombiano, a la Gobernación de Cauca y a la Defensoría del Pueblo, el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Que adelante las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y la libre movilidad del núcleo familiar del dirigente social Benicio Flor Belalcazar, de los dirigentes sociales de los municipios de Suarez y Buenos Aires y de las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que habitan los municipios del Norte de Cauca y que desarrolle las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por el asesinato del dirigente social.

Asimismo se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Se insta por último a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento de Cauca.