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Puerto Libertador, Córdoba
Falsos positivos judiciales en supuesta persecución contra los urabeños
 

Versión de la policía nacional

En consecución de la “gran operación Agamenón” ocurrida el 1° de octubre del presente año en la que se logró la captura de 29 personas, entre las se encuentran 5 mujeres, que fue realizada de manera simultánea en los municipios de Lorica, Purísima, Sahagún, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Ayapel, mediante el desarrollo de 60 órdenes de allanamiento realizados por parte de uniformados adscritos a la DIJIN y la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en coordinación con personal del Ejército Nacional. (Noticia Publicada por la Policía Nacional)

Contextualización real de la “gran operación agamenón”

En el desarrollo de la “gran operación Agamenón” el pasado 1° de octubre fueron allanadas de manera arbitraria, abusiva, violenta y vulgar, vulnerando los derechos humanos de los hogares de los campesinos en el sur de córdoba.

  • De la vereda Mina El Alacrán (Puerto Libertador): Farly Velásquez, Luis Hernández, Jesús Herazo, Lidys Rivera, Deibis Jaramillo.
  • Del corregimiento San Juan (Puerto Libertador): José Zabala
  • De la vereda Santa Fe Las Claras (Puerto Libertador): Luis Pereira, José Arismendi, Santander Osorio.
  • De la vereda La Dorada (San José de Uré): Arbey Velasquez
  • Del corregimiento Brazo Izquierdo (San José de Uré): Jader Ortiz.
  • Del corregimiento Versalles (San José de Uré): Taurino Cordero, Isai Arroyo, Alfredo Oviedo.

Todos estos capturados son inocentes, víctimas de montajes judiciales para pretender “dar positivos” como en otrora se ejecutaban con la modalidad de vestir campesinos de insurgentes, asesinarlos y hacer uso del “decreto boina” para ganar vacaciones, ascensos y demás prebendas mercenarias que ordenó el ex presidente guerrerista Álvaro Uribe.

Las capturas y señalamientos de los campesinos arriba descritos son una violación plena de los derechos humanos, así como también ataque, represalia y freno a la lucha social comunitaria que se viene adelantando en contra de los concesionarios mineros Omni “Omnisom” y Ashmont Omni S.A.S a quienes en cabeza de Farly Velásquez se les ganó una lucha jurídica por la explotación de la mina El Alacrán a favor de los campesinos organizados en la Asociación de Mineros del Alacrán con sentencia de la Corte Constitucional T-095/15.

Es también una clara violación al debido proceso que uniformados de Policía Nacional allanaran, rompieran puertas sin necesidad alguna, no leyeran los derechos de los capturados y no permitieran que los familiares y mucho menos los capturados tuviesen copia o al menos pudieran leer la orden de allanamiento.

Además no encontraron ningún tipo de elementos de intendencia militar o de uso delincuencial. Los familiares de algunos capturados denunciaron también que, no contentos con llevarse a sus seres queridos, los oficiales robaron enceres y elementos que habían en los hogares y muy seguramente no están descritos en las actas de recolección de la “cadena de custodia” (aunque es posible que no llevara a cabo ningún acta).

De igual manera se presume que las ordenes de capturas y persecución selectiva de estos campesinos se está amparando en los señalamientos que viene haciendo Miguel Mariano Montalvo Acuña alias “chivo mono” o “culo pando” recluido en la cárcel de Valledupar, a quien la fiscalía y policía judicial están utilizando como ente atestiguador de la falsa delincuencialidad de los campesinos y del sur de Córdoba.

Se está persiguiendo a las organizaciones que luchan contra la extracción de minerales, que protegen su tierra y territorios ancestrales y no descansan, ni descansarán por luchar conjuntamente para ponerle freno a las empresas minero-energéticas trasnacionales a las que el Gobierno Nacional, el Ministro de Minas y Energía, Ambiente, Agricultura, entre otros les venden el país.

Se están adelantando todas las investigaciones e instando a los organismos internacionales para que intervengan en esta flagrante violación y persecución con fines extractivistas y de montajes judiciales con el objetivo de presentar “falsos positivos judiciales”.

Por todo lo anterior se exige que la Procuraduría General de la Nación exhorte a la realización de una investigación exhaustiva a los fiscales que procesan los casos de los ciudadanos mencionados anteriormente. Que la Fiscalía General de la Nación delegue una comisión especial proveniente de la jurisprudencia o circuito de Bogotá para la revisión de cada uno de los casos ya que se presume que los fiscales que investigan los casos no lo hacen de manera transparente.

¡Se exige la libertad de los campesinos y el desmonte de los falsos delitos que se les imputan!
¡Se condenan las acciones violatorias por parte de la Policía Nacional!

¡Se denuncia la orquestación por parte del Gobierno Nacional para frenar la lucha contra las trasnacionales minero-energéticas con las capturas de estos compañeros!

¡Libertad ya!