Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

San José de Apartadó sitiada por paramilitares en complicidad con Ejército nacional
 

El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó denuncia que mientras el Estado colombiano mantiene al pueblo colombiano y a la comunidad internacional ilusionados con la inminencia de un acuerdo de paz con las insurgencias nacionales, en donde se han suscrito compromisos para erradicar la violencia contra la población civil por parte del Estado que se ha constituido históricamente como causa fundamental originaria del conflicto armado y social; de otro lado pareciera que ese mismo Estado viene apoyando la preparación, reorganización y fortalecimiento de la aterradora estrategia paramilitar para cooptar los territorios campesinos a base de terror y agresiones contra la población campesina civil. Así la comunidad de San José de Apartadó con sus veredas vecinas, como testigos y víctimas de los padecimientos en la región, queda con la sensación de que el acuerdo de paz de La Habana parece más una estratagema de guerra estatal para consolidar los proyectos extractivistas de los recursos naturales y de la industria del narcotráfico, la recolonización y control social y territorial de los campos colombianos con amenazas, desplazamientos, despojo y asesinatos de la población dueña del territorio; todo esto en flagrante violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Desde principios del mes de octubre y hasta la actualidad se viene desplegando una operación paramilitar con grandes demostraciones de presencia armada en varias veredas del corregimiento de San José de Apartadó, en las mismas veredas hay presencia permanente del Ejército Nacional, es decir del Estado colombiano a través de su Fuerza Pública. Las veredas afectadas con la presencia paramilitar son La Resbalosa, Mulatos Medio, Playa Larga, Arenas Bajas, Arenas Altas, La Hoz, Rodoxalí, La Esperanza y Aguas Frías del municipio de Turbo, en las que los paramilitares están cometiendo agresiones como amenazas a la población, intimidación armada (terrorismo), retenciones, bloqueos de caminos y plantación de campamentos en las viviendas de los civiles bajo coacción. Se reitera que en estas veredas hay además presencia permanente del Ejército Nacional quienes no han hecho nada para perseguir este accionar criminal y brindar protección a los pobladores, lo que constituye actos de complicidad desde el ya conocido contubernio entre la Fuerza Pública (Estado) y los grupos paramilitares. Se prevé la posibilidad de un desplazamiento masivo de los habitantes de estas veredas.

El 20 de octubre una fuente anónima informó a este Comité de Derechos Humanos sobre un plan diseñado por un grupo paramilitar para asesinar a dos líderes representativos del casco poblado de San José de Apartadó y a los principales candidatos de la Unión Patriótica y Marcha Patriótica en Apartadó.
A mediados de julio, dos motorizados con parrilleros y con cascos se acercaron a Fredy Vidal, candidato al Consejo de Apartadó por la Unión Patriótica, y lanzaron frases insultantes como “Este es el hp concejal de la unión patriótica”. Los hechos sucedieron aproximadamente las 8:00 am. A principio del mes de agosto cerca del lugar de residencia de Fredy Vidal, otros sujetos en motocicleta, con cascos y vistiendo ropa deportiva lanzaron la siguiente frase: “Volvieron estos gran hp´s”, expresando odio contra la Unión Patriótica. El 28 de septiembre, mientras se dirigía a realizar unas diligencias personales cerca del barrio Policarpa, este mismo candidato recibió una llamada telefónica desde el número 3134867202. El interlocutor se identificó como “Carlos el comandante de los Gaitanistas urabeños” y le dijo que nadie podía enterarse de esta llamada, posteriormente recibió por lo menos otras 6 llamadas en las que no se alcanzó a escuchar bien lo que decían, sin embargo se lograron identificar una gran cantidad de insultos e improperios contra Fredy Vidal por pertenecer al partido de la Unión Patriótica.

Históricamente, desde su fundación, el corregimiento de San José de Apartadó ha padecido todas las manifestaciones de la violencia política, social y armada que ha enlutado la zona con masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, ejecuciones, torturas, amenazas, despojo, violaciones sexuales, señalamientos y estigmatización de la población. Después de la supuesta desmovilización de las estructuras paramilitares en el año 2004 el Estado colombiano ha mantenido una política de negación de la pervivencia de estas estructuras paraestatales reduciéndolas bajo la denominación de “bandas criminales”. Fue así como desde el año 2011 este Comité de Derechos Humanos ha venido advirtiendo a las autoridades locales de la municipalidad y de la región sobre la existencia de grupos paramilitares que desde esa época han venido desarrollando el proyecto de construcción de una carretera y de 68 viviendas para recolonización de paramilitares traídos de otras zonas como el Magdalena Medio en las veredas La Hoz y Rodoxalí del corregimiento de San José de Apartadó, esto con pleno conocimiento y por consiguiente consentimiento de las autoridades locales. Estos y otros proyectos han sido financiados con la extorsión a los campesinos y las juntas de acción comunal, ante estas denuncias hechas por El Comité de Derechos Humanos las autoridades civiles y militares del orden local y regional se han empeñado tercamente en no admitir la existencia de grupos paramilitares.

Las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) o “Clan Úsuga” o los mal llamados “Urabeños” son estructuras paramilitares herederas directas del control económico, político y territorial de todo el accionar delictivo de las AUC. Dentro de todo su aparato criminal realizan acciones como asesinatos, desplazamientos, amenazas y masacres en la región de Urabá.

El 27 de agosto del año 2013 este grupo de paramilitares de las AGC, usando sus distintivos e insignias, ingresaron a la vereda La Hoz provenientes de un campamento que tenían a cielo abierto en la vereda Zabaleta del corregimiento de San José de Apartadó, en límites con Nuevo Antioquia (Turbo). Un día después comenzaron las amenazas y atropellos de todo tipo hasta desplazar a todos los habitantes de la vereda La Hoz y algunos habitantes cercanos a ésta.

El 1 de agosto 2013, mientras se encontraba haciendo gestiones propias de la junta de acción comunal para su vereda, fue asesinado por grupos paramilitares de las AGC que operan en la zona el campesino Nelson Cartagena García, líder de la vereda Aguas Frías, municipio de Turbo. Los hechos ocurrieron en el Río Grande, límite con Apartadó, Turbo cuando dos tipos lo interceptaron y lo obligaron a bajarse del vehículo para luego propinarle varios disparos. Este crimen aún está en la completa impunidad.

En agosto de 2013 un grupo de paramilitares de las AGC, con uniformes y escarapelas, desde un complejo cerca de Nuevo Antioquia, ubicado más exactamente en el sector conocido como Zabaleta, llegaron hasta la vivienda del campesino José Pacheco, lo torturaron y por el método de asfixia mecánica lo asesinaron. Este crimen aún está en la completa impunidad.

El lunes 18 de noviembre de 2013 paramilitares de las AGC completamente
uniformados, con armas largas y con todo el material de guerra intentaron nuevamente poner en práctica el mecanismo de la desaparición forzada de personas que se encontraban en esta zona de conflicto, tomando de rehenes a seis pobladores, la mayoría menores de edad, al tiempo que procedieron a usurpar los bienes y animales de las familias, estas personas fueron entregadas a una comisión institucional en un lugar de tránsito permanente de ellos en el municipio de Turbo.

El 15 de mayo de 2014 fue asesinada a machetazos la señora María de la Cruz Guerra de 68 años de edad, madre de familia y cristiana. Los lamentables y reprochables hechos se desataron en el corregimiento Nueva Antioquia, una zona en la que se ha denunciado la presencia de paramilitares de las AGC, grupo que comete a cielo abierto toda clase de atrocidades contra la población.

Por todo lo anterior se exige a la Presidencia de la República, a la Gobernación de Antioquia y a los gobiernos locales que demuestren una real voluntad de paz desarticulando por completo a los grupos paramilitares denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Clan Úsuga o mal llamados “Urabeños” que siembran el terror en la región. El Estado debe garantizar la no repetición de la violencia en el corregimiento de San José de Apartadó y para ello un aspecto fundamental es la eliminación de las estructuras paramiilitares, parapolíticas y el esclarecimiento de la composición de toda esta estructura criminal.

Se exige también que estos organismos adopten las medidas inaplazables en Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ordenando instrucciones y mecanismos claros que busquen y desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los líderes, defensores de derechos humanos y población en general del corregimiento de San José de Apartadó. Que se destituyan inmediatamente a los militares y responsables de la cadena de mando militar que se encuentran paralelamente en las zonas de presencia paramilitar en el corregimiento.

Se exige igualmente a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación que investiguen, identifiquen, judicialicen y sancionen toda la cadena de mandos y los máximos responsables de esta estructura criminal paramilitar y militar, que se inicien los respectivos procedimientos de carácter jurídico penal a que haya lugar en contra de los responsables involucrados en estos actos de agresión criminal , incluso si éstos hacen parte del mismo Estado y que se accionen todas las medidas que permitan reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a los habitantes del corregimiento de San José de Apartadó.

Se exige de la misma manera a la Personería municipal de Apartadó y la Defensoría del pueblo que basados en las funciones constitucionales brinden la protección urgente a los habitantes del corregimiento de San José de Apartadó, para que defiendan e insten a las instituciones del Estado a garantizar la vida y la integridad de los habitantes de la región a la vez que realicen un monitoreo e informes permanentes que alerten sobre la situación de riesgo en el corregimiento.

Se responsabiliza por todo lo anterior al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, en su calidad de garante constitucional de la protección de la vida, honra y bienes de la ciudadanía, por cualquier acto u omisión que ponga en peligro o vulnere tales derechos a la población del corregimiento de San José de Apartadó.

Se hace por último un llamado a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos de protección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a todas las organizaciones nacionales e internacionales y personas sensibles con el dolor cercano y lejano para que se sumen a este clamor por la no repetición de la barbarie homicida que han padecido las comunidades campesinas. Ustedes son la conciencia de la humanidad.

¡Por una verdadera paz estable y duradera
No más actos de guerra contra la población civil
Desmonte de las estructuras paramilitares
Cese al fuego bilateral ya!