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¡Aquí no hay ningún baldío!
Entrevista con Carlos Julio Rodríguez, de la Corporación de Trabajadores Campesinos, Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí
Agencia Prensa Rural / Viernes 23 de octubre de 2015
 
Cientos de colonos dispuestos a defender sus tierras. Foto Prensa Rural.

Hace algún tiempo se escuchó la noticia de que el gobierno Santos había realizado la más grande incautación de tierras de la historia: un supuesto baldío ubicado en Meta y Caquetá.

La noticia estaba acompañada por un estruendoso título: Las FARC son los más grandes terratenientes en Colombia.

En la Audiencia Pública realizada en La Macarena (Meta) del 28 al 30 de septiembre, convocada por los campesinos que habitan la región que el gobierno ha declarado baldío, Prensa Rural dialogó con Carlos Julio Rodríguez, campesino nacido en la región y miembro de la Corporación de Trabajadores Campesinos, Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí (Corpoayarí).

Buena parte de estas tierras tienen títulos

–¿Cómo recibieron ustedes el anuncio del gobierno sobre la incautación del supuesto baldío en manos de las FARC?

–Hoy tenemos una preocupación que nos tiene a todos consternados, y es la resolución 00810 del Incoder del 19 de marzo, en la cual dicen que los campesinos estamos haciendo una ocupación ilegal de tierras y que nos hemos puesto en la tarea de realizar daños ambientales.

Lo más grave de esa resolución es la afirmación de que los campesinos somos los administradores de las tierras de la guerrilla.

Mi familia llegó aquí en 1945, fue de las primeras familias que llegaron a San Vicente del Caguán.

Es verdad que mucha gente, cuando los paramilitares y después del despeje, abandonó sus hatos, pero eso no da razón para decir que esos hatos le pertenecen a la insurgencia.

Si ese territorio que se considera baldío lo colocaron encima de tierras tituladas, a uno le asalta la duda de que aquí hay un montaje y que están trastocando la realidad.

Nosotros no decimos que la insurgencia no tenga predios, pues yo creo que ellos ya lo habrán expuesto en la mesa de La Habana. Personalmente no conozco, ni he recorrido todo ese territorio.

–¿Existen títulos de las tierras que el gobierno ha declarado como baldías?

–Para 1968 el Incora le hizo titulación a muy buena parte de los hatos de la Sabana del Yarí. Para esa época no existía por acá la guerrilla de las FARC.

Tienen título de propiedad los hatos más cercanos a La Macarena, y al otro lado de la Tunia. Casi el 60% de los hatos de la Sabana del Yarí tienen títulos, y ahora esas tierras se las endilgan al “señor baldío”.

Por ejemplo, está el hato El Danubio, que es de la familia de Ricardo Cabrera, que fueron desplazados desde la época de los paramilitares. También está el caso del hato Manchuria, del señor Fontalvo, un médico cardiólogo de Ibagué.

Aparte, tanto en 1988 como en 1994 el Incora realizó titulaciones. Así mismo, hace tan solo un año el Incoder tituló tierras en cercanías a la cabecera municipal de La Macarena.

Carlos Julio Rodríguez, líder campesino. Foto Prensa Rural.

La colonización llegó en los años 20

–¿Hace cuánto los campesinos habitan La Macarena?

–La colonización de La Macarena inicia en la década de 1920, cuando colonos que estaban asentados donde hoy es San Vicente del Caguán, encontraron las Sabanas del Yarí. Vieron viable proponerles a ganaderos del Huila que instalaran una empresa. Entonces un grupo de ganaderos de Gigante y Garzón se unieron y formaron lo que se conoció como la empresa ganadera del Yarí.

Fueron 30 años de actividad ganadera, al punto de que algunos ganaderos construyeron sus propias pistas de aterrizaje en los hatos y comercializaban desde allí el ganado para Neiva.

Luego vino la violencia, y con ella los desplazados del centro del país que veían en esta región, antiguamente conocida como El Refugio, un lugar donde escapar de la confrontación entre liberales y conservadores.

Después volvió a crecer la ganadería de la mano de Oliverio Lara, un terrateniente dueño de casi la mitad de las tierras del Yarí, que resultaron repartidas en varios herederos y luego fueron a parar a manos de terratenientes y narcotraficantes.

Durante ese tiempo los campesinos siguieron llegando para servir como trabajadores y para hacerse de alguna porción de tierra donde poder echar raíces.
Los colonos han creado progreso, el gobierno zozobra

–Si este territorio tiene historia de colonización, ¿por qué el gobierno insiste en la declaratoria de baldío?

–Del 28 al 30 de septiembre realizamos la audiencia pública, donde convocamos a la institucionalidad a que se hiciera presente para que le explicara a los campesinos de qué se trataba el asunto. Pero la respuesta fue muy poco efectiva.

En contra de lo esperado, nos encontramos con cuatro edictos que plantean que esas tierras serán recuperadas para ser entregadas a los pueblos indígenas que habitan la región. Si uno mira el edicto, no alcanzan las tierras de La Macarena para suplir la demanda de tierras de los indígenas. Es una contradicción hasta legal y administrativa.

Nosotros nos preguntamos por qué el afán de darle las tierras a unas cien o doscientas familias de indígenas para desproteger a seis mil o siete mil familias de campesinos que históricamente han venido realizando una actividad agrícola y ganadera en esta región, que le hemos aportado económicamente a este país y que hemos ayudado a mermar el desplazamiento a las grandes ciudades.

Aspiramos a que el gobierno del presidente Santos y las demás instituciones nos pongan cuidado y se sienten con nosotros a dialogar. Aquí cabemos los campesinos, los indígenas y las comunidades negras. Hablemos de las unidades agrícolas familiares establecidas por ley para las familias de campesinos. Sentémonos y dialoguemos, pero no nos enemistemos creando difamaciones.

–¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el territorio declarado como baldío?

–En lo que dicen que es un baldío hay establecimientos educativos con docentes, también hay vías que han sido construidas con recursos públicos.

En esa zona también ha habido cooperación internacional para invertir en proyectos. Por ejemplo, el proyecto de construcción de la Zona de Reserva Campesina de Losada-Guayabero, donde hay recursos de la agencia de cooperación internacional GIZ, hay una inversión de 780 millones. Y ahora aparece que el Estado y el gobierno permitieron que se hicieran inversiones en las tierras de la insurgencia. Eso es una mentira que se cae por su propio peso.

El turismo es un renglón importante en la economía, en La Macarena es el segundo ingreso más importante del municipio. Hoy tenemos un proyecto de turismo ecológico. El nombre del proyecto es Ecoamem (Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de La Macarena), un proyecto pensado por las organizaciones sociales para aportar en el posconflicto y donde se podrá emplear a quienes van a salir de este conflicto armado. Pensamos en la posibilidad de que se conviertan en los guías de los senderos ecológicos que hay en nuestra región.

La belleza natural de la región, incluida en los planes del campesinado. Foto Prensa Rural.