En medio del cese al fuego y a las hostilidades unilateral e indefinido declarado por las FARC-EP un grupo de militares de la Brigada Móvil No. 17 adscrita operacionalmente a la Fuerza de Tarea Apolo, en desarrollo de acciones militares ofensivas, arbitrarias y sistemáticas realizó ataque aéreo indiscriminado, pillaje, amenaza, ataques ilegales a la honra y reputación, señalamientos y detenciones arbitrarias en contra de comuneros afiliados al cabildo Pueblo Nuevo Ceral e integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Cauca.

En el departamento de Cauca, municipio de Buenos Aires, el pasado jueves 29 de octubre de 2015, específicamente en el corregimiento El Ceral, vereda Los Robles, en el sitio conocido como La Explanación; cerca de la 1:00 de la tarde un grupo de la Brigada Móvil No. 17 del Ejército Nacional ingresaron a la casa de la señora Dora Fernández, luego procedieron a tirar los bienes muebles al piso, hurtaron una remesa y finalmente a la que no alcanzaron a llevarse le prendieron fuego.

El domingo 1° de noviembre de 2015 en el corregimiento El Porvenir, Consejo comunitario La Alsacia; siendo cerca de las 6:00 de la mañana un grupo de hombres vestidos de camuflado fuertemente armados irrumpieron de manera violenta en la vivienda del señor Orlando Silva, en el lugar los militares tiraron las puertas al piso y ocuparon los cuartos de habitación. Luego trataron de manera violenta a las personas que se encontraban en las habitaciones. En el transcurso de la acción irregular se identificaron como integrantes de la Brigada Móvil No. 17 del Ejército Nacional, luego le manifestaron a la señora Luz, esposa del dueño de la finca, que ella era cómplice de la guerrilla y que ella les hacía de comer. Pese a que en el momento de los hechos al interior de la vivienda se encontraban cuatro personas adultas y una niña de seis años de edad, el grupo de militares manifestaron que les estaban disparando y todos se ubicaron dentro de la vivienda y empezaron a disparar por encima de los civiles indefensos, esto desató una crisis nerviosa en los habitantes de la vivienda y en especial en la niña, luego los militares sacaron de la vivienda a los civiles manifestando que los iban a judicializar. Los llevaron al sitio conocido como Los Robles, jurisdicción del cabildo indígena Pueblo Nuevo Ceral, donde la comunidad se enteró de todo lo que estaba pasando. Un grupo de comuneros le preguntaron a los militares ¿Por qué se estaban llevando a esa familia? a lo que los militares respondieron: “por guerrilleros”. Pese a que los comuneros afirmaron que los retenidos nada tenían que ver con lo que se les sindicaba, los militares respondieron de forma violenta contra la comunidad, agrediéndoles física y verbalmente, sobre todo a las mujeres.

Es de señalar que el grupo de militares se apoderaron de la vivienda y hurtaron lo siguiente: $ 2’425.500, una cadena de oro de 18 kilates avaluada en $ 300.000, un reloj avaluado en $ 150.000, ropa de los habitantes de la casa sobre todo ropa interior de varones, huevos de gallina criolla y un televisor Led.

Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Buenos Aires, ante las extralimitaciones de las fuerzas armadas regulares del Estado colombiano, se responsabiliza al Estado en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento de Cauca en cabeza de Temístocles Ortega, al Brigadier General Mario Augusto Valencia comandante Tercera División del Ejército Nacional, al Brigadier General Wilson Danilo Cabra Correa comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas regulares en la zona de operaciones de las unidades militares que dirigen.

Se responsabiliza igualmente a Luis Carlos Villegas Ministro de la Defensa, a Juan Fernando Cristo Ministro del Interior, a Yesid Reyes Alvarado Ministro de Justicia y del Derecho, a Luis Eduardo Montealegre Fiscal General de la Nación, a Jorge Armando Otálora Gómez Defensor del Pueblo y a Alejandro Ordoñez Maldonado Procurador General de la Nación, por omisión en el desarrollo de las acciones pertinentes tendientes a garantizar los derechos constitucionales de los pobladores de los Corregimientos El Ceral y El Porvenir del municipio de Buenos Aires y los miembros del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que se encuentran en riesgo inminente.

Se exige por todo lo anterior responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de los pobladores de esta región y de los miembros del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica que se encuentran en riesgo inminente y que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares en áreas de operaciones militares del Estado Colombiano.

Se exige al Estado colombiano y a la gobernación de Cauca el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Que adelante las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos de los pobladores de esta región y que desarrolle las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por lo consagrado en los hechos de esta denuncia

Se le exige igualmente a la Defensoría del Pueblo, cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales y desarrollar las acciones legales necesarias para sancionar a los culplables de los hechos denunciados.

Se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

Se insta a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas a la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento de Cauca.