Desde el pasado 23 de septiembre, los avances en la mesa de diálogos de La Habana nos dan la idea de un coche entrando en la recta final de una larga y apretada carrera, la autopista se abre en línea recta y el conductor siente que puede acelerar. Está cada vez más cerca de la meta, ve a lo lejos un letrero: Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera. Una inmensa, alborozada y desbordante multitud se aglomera para celebrar e izar la bandera blanca de la paz; mientras otra, la que apostó por el carro de la guerra, mira con recelo y odio desde la barrera la entrada a la meta del que trae la bandera de la paz.

Si bien es cierto hay un pulso constante entre las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC, en tanto cada una interpreta los acuerdos con un enfoque diferente e intereses contrarios, expresando el nivel de tensión y contradicciones acumuladas tras décadas de confrontación armada; también está claro que al cabo de cada pulsación retorna la calma.

En el Comunicado conjunto # 60 del 23 de septiembre, refrendado por el apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, se acuerda la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz integrados por magistrados colombianos y extranjeros, que busca acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, garantizando la no repetición.

Aunque el Estado, como se afirma allí, otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos, no serán objeto de amnistía o indulto los de lesa humanidad el genocidio y los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así mismo, todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, estarán bajo la lupa de los Tribunales para la paz.

Se dice, también, que una vez firmado el Acuerdo General, las FARC tendrán 60 días para comenzar con la dejación de armas y empezar a hacer su transformación hacia un movimiento político legal. Desafío gigante que seguramente la inmensa mayoría no logra comprender, porque desconoce el significado de esta trascendental decisión para quienes estuvieron toda una vida alzados en armas contra el Estado.

Es en temas como éstos donde se necesita una pedagogía amplia que ayude a comprender el significado y el impacto de las decisiones que se están tomando en La Habana y que repercutirán en la normalización de la vida política nacional, con la entrada en la escena política legal de unas guerrillas que llevan más de 50 años alzadas en armas.

Sin duda es largo y escabroso el camino que quedará por recorrer, tras la firma que pondrá fin al enfrentamiento armado entre insurgencia y Estado; al mismo tiempo tiene un potencial de cambio muy grande por el nuevo momento que se abre para continuar avanzando hacia la conquista de una sociedad que profundice su democracia basada en resultados tangibles de justicia social.

Una vez firmado el ansiado Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, comienza la otra carrera, el posacuerdo, que sin duda viene con nubarrones en el horizonte, obstáculos serios y francotiradores acechando en cada curva. Los que apuestan a la guerra para que el carro de la paz no alcance su meta.

Ya se ha recorrido un difícil trecho, si solo queda uno de los 75 puntos del acuerdo sobre Justicia Transicional, es válido afirmar que los diálogos se destrabaron y cumplen con una premisa, agilizar en La Habana, desescalar en Colombia.