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Propuestas desde la amazonía para la erradicación concertada de cultivos de uso ilícito
 

Los habitantes de la región amazónica colombiana hemos sido víctimas directas de todo el conflicto político social y armado, por eso reconocemos como comunidades que hoy es necesario avanzar en la solución política y negociada al conflicto que lleva más de cinco décadas y hoy más que nunca estamos a portas de materializar la esperanza de una Colombia en paz. Sin embargo creemos que no son suficientes los avances que en el marco de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, es necesario que se manifiesten la voluntad del gobierno en avanzar en el cese bilateral, y la consolidación de los diálogos con ELN y EPL. Como organizaciones sociales seguimos insistiendo en la refrendación de los acuerdos por medio de la Asamblea Nacional Constituyente como herramienta legítima del pueblo para poder participar en la toma de decisiones sobre el destino de nuestro país, creemos que el mejor camino para la solución del conflicto social y armado en este país es por medio del diálogo, por lo tanto instamos a las partes a que se mantenga el proceso de paz hasta lograr la firma de un acuerdo definitivo para avanzar en la construcción de la paz estable y duradera.

Como comunidades que aspiramos a vivir en un territorio amazónico en paz con justicia social, hoy nos manifestamos en una jornada pacifica en el Puente Internacional bajo la consigna “Unamos nuestras voces porque sin justicia social no hay paz” porque en estos momentos las comunidades campesinas, indígenas y afrosdescendientes vivimos una profunda crisis social, económica, política y ambiental sin precedentes, que no ha sido atendida por el Gobierno Nacional. Hoy nos manifestamos como mecanismo de denuncia pues no vemos la voluntad política del Gobierno para cumplir con los compromisos asumidos en el trabajo de cuatro comisiones C. Minero energética y ambiental, C. de Sustitución de cultivos, C. Inversión social y revisión de acuerdos incumplidos y C. Derechos Humanos. Hasta la fecha no se ha avanzado en la concertación de las propuestas que durante años hemos construido y al contrario vemos una actitud dilatoria, esto muestra el poco interés por parte del Gobierno Nacional en resolver las problemáticas de la región, por lo tanto exhortamos al Gobierno para que asuma una posición más seria y sin dilaciones frente a los compromisos adquiridos.

El Gobierno Nacional habla de paz pero hace caso omiso a las exigencias y propuestas de las miles de familias que habitan esta región, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines De Sucumbíos, representando a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes nos movilizamos hoy, manifestando el rechazo a la negativa por parte del Gobierno de concertar con las comunidades un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito de manera gradual y voluntaria, suspender las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca y dilatar el proceso para el financiamiento de la formulación del Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico.

Por lo tanto exigimos al Gobierno Nacional:

1. Coherencia en su discurso manifestando que la paz en los territorios no será posible sin el concurso de las mayorías, que la paz con justicia social no será posible con las políticas públicas que quieren imponernos, que la paz con justicia social no será posible sin la participación efectiva de las comunidades para definir el futuro de los territorios.

2. Mantener la negociación con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, en el marco de los objetivos de las cuatro comisiones que se establecieron, como espacios legítimos de las comunidades para la construcción del Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico, la concertación del Plan de sustitución de cultivos, la defensa de los derechos humanos, la revisión de la deuda en inversión social y la defensa del medio ambiente, todo lo anterior como estrategia de defensa y permanencia en el territorio de las familias del sector rural de la región.

3. Renunciar al modelo militarista y de persecución con el que se ha atendido el problema social cocalero, plasmado una vez más en “Los seis frentes para la sustitución de cultivos ilícitos”, desconociendo las causas por las cuales miles de familias han visto en la planta de coca el único medio de subsistencia, y en este sentido instamos una vez más a que avancemos de manera conjunta en la concertación con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de un plan de sustitución que permita la reconversión económica, el desarrollo rural integral y la vida digna de las comunidades del sector rural. Rechazamos la erradicación forzada, por eso insistimos en que el modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito debe ser concertado, voluntario y gradual, en donde se conciba que se requieren años para la total sustitución, porque debe hacerse progresivamente y acompañado de inversión social y producción campesina sostenible que genere ingresos económicos con garantías de comercialización que permitan la manutención familiar, la supervivencia de la comunidad en el territorio y el fortalecimiento de la economía campesina amazónica.

4. Suspender las erradicaciones forzadas de manera inmediata pues esta situación ha generado confrontaciones entre la comunidad y los erradicadores de las Fuerzas Militares, lo que agudiza la situación de derechos humanos y sociales que viven los habitantes.

5. Honrar el compromiso de que la entidad ejecutora para la formulación del PLADIA sería propuesta y validada plenamente por las organizaciones de la Mesa Regional, por tanto exigimos se den las garantías institucionales para materializar este propósito.

Declaramos que es el momento de hacer valer nuestros derechos y de empezar a construir la paz con justicia social en nuestra región amazónica desde nuestras propuestas de solución a los problemas, exigimos al Estado reconocernos como participantes y sujetos de derechos, es el momento de construir un nuevo país para las nuevas generaciones.