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Municipios de Sucre y Miranda
Amenazas e intimidaciones a campesinos en Cauca
Arremetida paramilitar no cesa en esta región
 

Continúan hostigamientos y seguimientos irregulares en contra del núcleo familiar de Gustavo Adolfo Rengifo Delgado integrantes de la Asociación Pro Constitución de Zona de Reserva Campesina del municipio de Miranda, filial de Fensuagro–CUT, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el departamento de Cauca.

En el marco de las denuncias públicas realizadas los pasados 5 y 7 de junio de 2015, en las cuales se comunicaba que un grupo armado irregular (paramilitar) en presencia de presuntos desmovilizados y desertores de las FARC-EP realizaron actos de desaparición forzada, tortura, amenazas, hostigamientos y señalamientos en contra del campesino Gustavo Adolfo Rengifo Delgado; se hace pública la denuncia por los siguientes hechos:

El domingo 6 de diciembre de 2015 en el departamento de Cauca, municipio de Miranda, específicamente en el barrio Leopoldo Pizarro, en el lugar de residencia de Deyanira Zamora Sotelo (esposa de Gustavo Adolfo Rengifo Delgado) y los hijos de la pareja, cerca de las 11:30 de la noche, pasó por el lugar en reiteradas ocasiones a baja velocidad una camioneta cuatro puertas Dimax color blanco que tenía las placas cubiertas con cinta.

Días después, el martes 8 de diciembre, a las 5:00 de la mañana un familiar de Deyanira Zamora observó la misma camioneta con las placas cubiertas con cinta, parqueada a las afueras de la residencia.

Por su parte en el municipio de Sucre, también del departamento de Cauca, el domingo 13 de diciembre de 2015, a las 8:23 de la mañana, llegó un mensaje de texto al celular de propiedad de Ricardo Quinayas desde el número 3106202457 que decía: “Entonces gonorrea ifueputa pensas q seban asalir colaxuya gonorreas le mandaremos un regalo de navidad en especial de casa feliz navidad”. Ese mismo día a las 8:39 de la noche, llegó de nuevo un mensaje de texto desde el mismo número que decía: “felisitaciones que fml vonita lastima que sea por poguito tiempo y s6 litas cuando punpun saludes a choro que lorecor reao mos much hay como quedo los vamos acabar gonorreas o pun pun”.

Transcurridos unos días, el viernes 11 de diciembre, a las 4:12 de la tarde, llegó nuevamente un mensaje de texto al celular de Ricardo Quinayas desde el número 3106202457 que decía: “Que muy contento pero ijueputa de q tu hijo gue esta vibo le vamos a dar donde más le duela empezando por la c para gue vean como siente y no fallaremos ja ja i j f”.

Es de señalar que al hijo al que se refiere el mensaje es Didier Fernando Quinayas a quien un desconocido le propinó 5 impactos con arma de fuego en su cuerpo el pasado 12 septiembre de 2015 y por esto en la actualidad se encuentra con graves afectaciones de salud e incapacitado para trabajar, por lo cual se ha recrudecido la situación económica de su familia.

Frente al fundado temor de las comunidades de la zona norte del departamento de Cauca, de Gustavo Rengifo, Ricardo Quinayas y los familiares de ambos, y en rechazo a las extralimitaciones de las Fuerzas Armadas irregulares; se responsabiliza al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación de Cauca en cabeza de Temístocles Ortega, al Brigadier General Mario Augusto Valencia Valencia comandante de la Tercera División del Ejército Nacional y al comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, al Brigadier General Omar Rubiano Castro Comandante de la Región de Policía No. 4 y al coronel Iván Ramiro Pérez Manzano Comandante del Departamento de Policía Cauca, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales que dirigen.

Por todo lo anterior se exige responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de Gustavo Rengifo, Ricardo Quinayas y los familiares de ambos, y de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan los municipios del norte de Cauca y sus organizaciones que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones militares y policiales del Estado Colombiano.

Se exige igualmente al Estado Colombiano, a la gobernación de Cauca y a la Defensoría del Pueblo el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Asimismo que adelanten las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos de las comunidades de esta región y desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagrados en los hechos de esta denuncia.

Se solicita por último a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. Se insta igualmente a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas frente a la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento de Cauca.