El disparo provino de una zona oscura y lo alcanzó dentro de su casa en Colonia Hugua Ñandu del distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

Campos Páez era además dirigente campesino e integrante de la Organización Campesina del Norte (OCN), organización que ha denunciado casos de represión y tortura a sus integrantes.

La radio trabaja con la comunidad denunciando la impunidad de que gozan ganaderos, narcotraficantes y las fuerzas de seguridad del Gobierno que apañan los ilícitos de estos grupos y persiguen a campesinos. El periodista había sido amenazado por estos sectores.

La Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (Comunica), repudió el asesinato y acusó a varios medios de comunicación que hicieron una campaña con el objetivo de presentar al comunicador como miembro de un ejército guerrillero y vinculado grupos de narcos.

La Asociación denuncia que esta campaña busca desacreditar a la radio comunitaria Hugua Ñandú FM y por ende a las radios comunitarias en el Paraguay. Afirma además que este hecho se suma a la persecución que sufren en forma cada vez mas violenta los medios comunitarios en el Paraguay.

“El gobierno de Lugo no controla todas las fuerzas de seguridad. Todavía estas responden al capital y a autoridades que las defienden a los latifundistas y narcoganaderos”, comentó a Red Eco un integrante de Comunica.

El asesinato de Martin coincide con un operativo militar y policial —conocido con el nombre de Jeroviaha— que emprendió el Gobierno como consecuencia del asalto al cuartel militar de Tacuatí, departamento de San Pedro, al norte del país.

En ese operativo fueron detenidos seis integrantes de OCN. Uno de ellos, Alcides Martinez, al ser liberado denunció que fueron "salvajemente torturados. Nos pusieron un hule negro por la cabeza hasta casi asfixiarnos. Nos daban golpes en la oreja. Casi nos estrangularon. Pero sabían hacer muy bien, sin dejar marcas. Querían hacernos confesar que somos miembros del grupo guerrillero, y que fuimos nosotros los que atacamos el destacamento" ( Ultima Hora, 13 de enero de 2009).

Por su parte el fiscal general Candia Amarilla ha declarado que "estos delincuentes de noche son guerrilleros y de día son agricultores" (La Nación, 5 de enero de 2009).

La presión para movilizar las tropas del Ejército a San Pedro provino de los ganaderos y empresarios de la soya que hablan de la existencia de supuestos grupos guerrilleros en una zona que aparece como "liberada" para el narcotráfico.

La agencia de noticias Aratiri afirmó a Red Eco que la responsabilidad del asesinato del periodista y dirigente campesino Campos Páez es de “sicarios de los latifundistas y sojeros en el marco de la militarización del operativo Jeroviaha”. Denuncia además el asesinato “perpetrado por el grupo GEO” (elite policial) de González, dirigente campesino de la zona de Itakiri.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip-Py) piden que se esclarezcan, por métodos científicos, las denuncias de torturas y malos tratos en el operativo Jeroviaha en la zona norte del país.

La Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires exige a las autoridades que “retiren inmediatamente a los militares del departamento de San Pedro, Paraguay y que se ponga fin al vergonzoso operativo Jeroviaha” (…) “Hoy los hombres, mujeres, niños y ancianos son los mudos testigos de las exigencias que hacen los empresarios de la represión para militarizar el campo y criminalizar la lucha social de las organizaciones del pueblo campesino. Para los voceros de la mano dura es necesaria la ley antiterrorista que está en vigencia en toda Latinoamérica”, afirman.

Por su parte el ministro del Interior, Rafael Filizzola, reiteró que no hay guerrillas en el Paraguay y que tampoco se les puede poner un plazo límite a las fuerzas públicas para capturar a los integrantes de la banda que atacó Tacuatí.

“Nosotros rechazamos eso de que existe una guerrilla, porque las guerrillas persiguen objetivos políticos y responden a posicionamientos políticos e ideológicos. Lo que vemos son actividades delictivas con fines de lucro, no con fines políticos”, indicó.

En Paraguay existe una red representada por narcotraficantes, policías, militares, jueces, fiscales que conforman lo que se conoce como “mafia”. En el Informe CHokokue, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, se da cuenta de campesinos desaparecidos y asesinados durante la transición hasta el 2005 y en la mayoría de los casos se encuentran implicados los mencionados actores.