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Columna de opinión
Por la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos y de guerra en Colombia
Pedro Nolasco Présiga / Miércoles 27 de enero de 2016
 

A finales de 2015 y comienzos de 2016 un poderoso movimiento de huelgas de hambre, de protestas, denuncias y de desobediencia civil, se vivieron en e Colombia denunciando las inhumanas condiciones en que se encuentran los reclusos en los centros de reclusión, la violación de todos sus derechos y el fallecimiento de presos políticos y de guerra producto de numerosas enfermedades. La ausencia de tratamientos médicos y del suministro de medicamentos conmovieron la sensibilidad del movimiento popular colombiano y concitaron la denuncia y solidaridad internacional.

A finales de noviembre de 2015 y en medio del optimismo general por los notorios avances en las conversaciones y acuerdos Gobierno-Farc- en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos anunció un indulto para 30 guerrilleros de las Farc -prisioneros de guerra- recluidos en cárceles colombianas. Algunos sectores, incluso de la izquierda colombiana, calificaron el anuncio como un gesto noble de paz y de buena voluntad del presidente Santos.

Aunque fue un anuncio realista, nada tiene que ver con la buena voluntad de Santos para aclimatar la paz en el país. Un Juan Manuel que, después de tener rodeado e indefenso al Comandante Alfonso Cano, da la orden de asesinarlo, nada tiene de Santo y sí mucho de tramposo, guerrerista y sanguinario; más teniendo en cuenta que ya estaban avanzando de manera oficial (aunque en secreto para ese entonces) en las conversaciones Gobierno-Farc. No hay que olvidar un solo instante que la paz que busca Santos no es la misma paz que busca y necesita el pueblo colombiano.

En verdad el indulto a los prisioneros de guerra obedece, fundamentalmente, a la fuerte presión de la delegación de paz de las FARC en La Habana; a la denuncia, la lucha, el clamor y la solidaridad en Colombia y a nivel internacional por la libertad para todos los prisioneros políticos; al poderoso movimiento de lucha, de dignidad y de coraje que los propios prisioneros de guerra, luchadores políticos y sociales han emprendido para convertir las cárceles y prisiones en una verdadera trinchera de lucha y que los ha llevado a utilizar las más variadas y arriesgadas iniciativas como la denuncia, las huelgas de hambre, los encadenamientos, los plantones, coserse los labios, en fin, la desobediencia en general para exigir el respeto a sus derechos, su dignidad y su integridad a un Estado que ha convertido las prisiones en verdaderos centros de concentración, de hacinamiento, aislamiento, tortura, degradación y muerte como formas de escarmiento, castigo y sometimiento contra miles de prisioneros políticos y de guerra.

La dignidad y entereza de los prisioneros políticos y de guerra los ha llevado no solamente a luchar y reivindicar sus derechos particulares ante un Estado que niega su existencia ("el único prisionero político en Colombia soy yo", decía Turbay Ayala; todos los presidentes, hasta el Santos de hoy, han negado la existencia de prisioneros políticos), y además asume la denuncia, el combate y la confrontación de la estructura de todo el sistema carcelario en Colombia y su sistema penitenciario con un andamiaje de represión, sometimiento, corrupción, putrefacción, decadencia moral y política. En este sistema se debate el capitalismo asumiendo a la vez la defensa de los derechos y reivindicaciones de toda la población carcelaria, mientras reprime sus justas reclamaciones.

No se puede olvidar que en las cárceles colombianas continúan más de 9000 prisioneros políticos y de guerra a los cuales se les conculcan todos los días sus derechos.

Por eso mismo no se puede entender como un noble gesto de paz el indulto santista, el gobierno no tiene ningún argumento para no haberlo hecho antes y haber evitado así la muerte en encierro de muchos prisioneros políticos y de guerra: hombres y mujeres que murieron a causa de enfermedades terminales porque nunca se les dio tratamiento médico y ni medicinas para salvarlos. El Estado y sus distintos gobiernos han llevado su odio de clase hasta la muerte de estos prisioneros, pues sabido es que los prisioneros de guerra de edad avanzada, inválidos, con enfermedades graves y terminales no podrán regresar a las filas y mucho menos volver a combatir; en la práctica son bajas del movimiento insurgente y no ofrecen ningún peligro militar para el Estado colombiano.

Los jueces y fiscales que llevan los "casos" de los prisioneros de guerra y de los prisioneros políticos pudieron haber también haber evitado estas muertes dolorosas e innecesarias, pudieron haber concedido casa por cárcel para numerosos prisioneros con el fin de que tuvieran mejores condiciones en sus deteriorados estados de salud, responder a sus tratamientos médicos y poder ingerir sus medicamentos, pudieron haber revisado los casos de muchos prisioneros que no han sido condenados y que deben salir por vencimiento de términos, otros por pena cumplida.

¿Cómo se puede creer en la voluntad de paz de un gobierno que ad-portas-de un acuerdo final y de la desmovilización de las Farc como movimiento armado sigue macartizando a la oposición revolucionaria y deteniendo a los dirigentes en medio de una permanente represión y falta de garantías para la actividad política, la lucha social y la defensa de los derechos humanos?

¿Cómo se puede creer en la voluntad de paz de un gobierno que en vez de liberar a los prisioneros políticos y de guerra sigue persiguiendo a los luchadores populares, deteniéndolos y llevándolos a prisión con acusaciones de apoyar y auxiliar a las Farc, mientras anuncia con bombos y platillos que el acuerdo final con dicha organización guerrillera y su desmovilización como movimiento armado tendrá lugar en marzo, cuando se supone que todos los procesos y personas encarceladas como prisioneros políticos y de guerra, como supuestos auxiliadores y/o colaboradores, deben ser exoneradas de estos delitos, extinguidos sus procesos y borradas sus huellas e historias de todos los archivos judiciales del sistema penitenciario en Colombia, y dejados en libertad?

El 22 de diciembre de 2015 fueron detenidos en San José de Apartadó -Antioquia- los dirigentes de la UP Luis Arley Cartagena y Laura Cataño Serna.
Laura Cataño fue recluida en el pabellón de mujeres del centro carcelario El Pedregal de Medellín, tiene 55 años de edad, padece una afección cardiaca crónica por la cual ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y se le han prescrito medicamentos de por vida sin los cuales su salud y su vida corren grave peligro; desde el momento de su detención a Laura Cataño no se le han suministrado estos medicamentos porque no ha sido posible conseguir la autorización del centro carcelario para ingresarlos a la prisión. A parte de esta situación, ya de por sí grave, producto de su enfermedad Laura está sometida a una dieta especial diaria que tampoco puede cumplir en el centro carcelario.

Por su parte Arley Cartagena fue recluido en la cárcel nacional de Bellavista en Medellín desde el 28 de diciembre de 2015. Antes de su detención Arley venía padeciendo un posible cuadro patológico de tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnóstico. Arley se encuentra en el área de sanidad del centro carcelario, en una celda durmiendo en el suelo, sin que se la haya ofrecido asistencia médica. El abandono y desatención en que se encuentra este prisionero político ponen en grave riesgo su vida y la de los demás internos, pues de diagnosticársele tuberculosis el riesgo de una epidemia debido al alto grado de contagio de esta enfermedad es inminente.

En las cárceles colombianas continúa también injustamente detenido Huber Ballesteros, dirigente nacional de la Marcha Patriótica, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro-CUT. Pero también muchos otros hombres y mujeres dirigentes y afiliados de Fensuagro, quienes se encuentran desde hace varios años purgando largas e injustas condenas por el único delito de luchar por una verdadera y profunda reforma agraria y por los derechos humanos de los campesinos y del pueblo colombiano como el defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, dirigente nacional del Partido Comunista Colombiano, quien se encuentra desde hace varios años injustamente encarcelado.

En prisión se encuentra, igualmente, el defensor de derechos humanos, profesor y destacado académico Miguel Ángel Beltrán, contra quien el Estado colombiano, en cabeza de la Procuraduría, se ha ensañado buscando quebrantar su heroica resistencia y su lucha por los profundos cambios que necesita el pueblo colombiano.

Sólo hace pocos días la luchadora y defensora de derechos humanos, Liliany Patricia Obando, logró gracias a su abogado y a la solidaridad nacional e internacional, salir definitivamente libre de prisión y de la temible, injusta y clasista telaraña jurídica en la que la enredó la (in)justicia colombiana.

En las cárceles norteamericanas continúan purgando injustas penas, producto de la posición entreguista, rodillona y vende patria del Estado colombiano y sus gobiernos de turno, el comandante guerrillero Simón Trinidad y la comandante Sonia. Lo obvio, necesario y realista, sería que el Estado colombiano, en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos, tramite su libertad y el viaje a La Habana antes de la firma del acuerdo final.

La izquierda en Colombia (y es lamentable que no toda la izquierda esté comprometida con esta noble causa ), Fensuagro y el movimiento popular, con el apoyo, la denuncia y la solidaridad internacional, deben buscar de manera urgente una reunión con el presidente Santos, con el Fiscal General de la Nación, con el Ministro de Justicia y con otras instancias de la justicia en Colombia, apoyándose en la ONU y en otras instancias internacionales, para exigir la inmediata libertad, antes del acuerdo final en La Habana, de todos los prisioneros políticos y de guerra, de todos los luchadores sociales, hombres y mujeres y la libertad inmediata de Simón Trinidad y Sonia.