La Agencia de Derechos Humanos de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza informa que la sala de audiencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, estuvo llena de familiares, defensores de DDHH, abogados defensores de Presos Políticos, amigos y compañeros del Profesor Miguel Ángel Beltran Villegas.

Afuera otro grupo de personas que conocían al profesor permanecieron atentos a cualquier noticia que saliera del recinto de la Corte, la defensa estuvo muy contundente jurídicamente en solicitar que los Magistrados casaran la demanda, pues el pensamiento crítico –Miguel Ángel no se ha levantado en armas contra el régimen legalmente constituido– y nadie puede poner en duda la inocencia del maestro.

La Fiscalía y el Ministerio Público se vinieron lanza en ristre para solicitar la no casación de la demanda, pretendiendo desconocer que este es un proceso político, de persecución al pensamiento crítico del profesor Miguel Ángel, aquí se debate la libertad de expresión, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Señores magistrados es el momento de que la constitución y la ley penal se apliquen de manera justa por parte de ustedes en su sabiduría. Se trata de un juicio contra un intelectual orgánico, contra un militante estrictamente académico de la realidad social y del conflicto interno que vive nuestra patria. Este es uno de los juicios históricos del pensamiento crítico en el que ni siquiera el procesado tuvo la oportunidad de estar sentado en el banquillo de los acusados.

Veremos desplomarse el falso positivo judicial contra el profesor Miguel Ángel Beltran Villegas, veremos cómo las famosas pruebas "evidencias No. 10 y 31” son supuestas pruebas obtenidas de un delito de manera ilícita, ya que la Operación Fenix fue un verdadera agresión a un país hermano. ¿Acaso rematar a los sobrevivientes no es un crimen de guerra? Por esto la misma Corte declaró esas pruebas ilegales.

Y para completar, los magistrados ordenaron que se informe al Director del Inpec y al mismo Ministerio Público que se investigue las graves violaciones a los DDHH a las que ha sido sometido el profesor Beltrán. Esta situación es conocida por la opinión pública nacional e internacional, pues se sabe que el INPEC y su oficina de DDHH se han convertido en un centro sistemático de permanentes violaciones a los DDHH de los prisioneros políticos.

Esperaremos atentos el fallo de la Corte y redoblaremos la solidaridad con el profesor Miguel Ángel y los 9500 presos políticos para decirle al mundo entero ¡El pensamiento crítico no es delito!