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Frenar la percusión contra las organizaciones campesinas, no más montajes judiciales
Caso San José de Apartadó
Audiencia de Garantías Antioquia / Jueves 28 de enero de 2016
 

Colombia está a un paso de por fin lograr la tan anhelada paz, de avanzar en soluciones para resolver el conflicto social y político en un contexto sin guerra entre Estado e insurgencia; mientras tanto la Fiscalía continúa incrementando la persecución contra las organizaciones sociales por todo el territorio nacional orquestando nuevos montajes judiciales con los líderes sociales que se basan en falsos testimonios de supuestos guerrilleros conversos.

Es contradictorio y paradójico que por un lado el Estado y las Farc-EP avancen cualitativamente en el proceso de paz y que se anuncie que pronto comenzará la fase pública de las negociaciones con el ELN; mientras por otro lado se aumenta la criminalización y judicialización de la organización popular. Tal es el caso del Urabá Antioqueño, específicamente en el corregimiento de San José de Apartadó donde se viene presentando una serie montajes judiciales contra miembros de la Asociación Campesina de San José de Apartadó –ACASA–. Desde el 22 de noviembre de 2015 hasta la actualidad (enero de 2016) se han presentado cinco detenciones a hombres y mujeres pertenecientes a esta Asociación, que hace parte de la Mesa Territorial de Garantías Antioquia.

Es necesario precisar que la población de San José de Apartado y Acasa han sido víctimas de constantes señalamientos públicos, por parte la Brigada XXVII, como presuntos integrantes de las Farc-EP. Prácticamente no hay actividad desarrollada por Acasa que no sea estigmatizada por parte de miembros de dicha brigada.

Quienes han sido víctimas de estos montajes judiciales son hasta el momento:

  • Arley Cartagena, líder campesino, defensor de derechos humanos, miembro de la Asociación Campesina de san José de Apartadó y de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó. Así mismo es miembro activo de Marcha Patriótica, de la Mesa de Derechos Humanos de San José de Apartadó en coordinación con la Gobernación de Antioquia, de la Cumbre Agraria y de la Mesa Territorial de Garantías. Fue detenido el 22 de diciembre de 2015. Ha sido víctima de amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanista o Urabeños, así como de constantes señalamiento por parte de miembros de la Brigada XVII.
  • Laura Cataño, lideresa campesina, presidenta de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartado, pertenece a la Asociación Campesina de san José de Apartadó, de Marcha Patriótica, de la Mesa de Derechos Humanos de San José de Apartadó en coordinación con la Gobernación de Antioquia, de la Cumbre Agraria. Fue detenida el 22 de diciembre de 2015 cuando se prestaba a realizar asistencia humanitaria en la estación de policía del Reposo a Arely Cartagena.
  • Juan Bautista Celada, líder campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Arenas Altas y miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó, capturado el 22 de enero de 2016.
  • Silvia Rosa Sepúlveda, lideresa campesina, miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó, capturado el 22 de enero de 2016.
  • Oscar Muñoz Porras, líder campesino, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Arenas Altas y miembro de la Asociación Campesina de San José de Apartadó, capturado el 22 de enero de 2016.

Igualmente el domingo 24 de enero de 2016 varios individuos vestidos de civil y bajos los efectos de licor llegaron al corregimiento de San José de Apartadó a bordo de una camioneta e intentaron retener ilegalmente al campesino Pedro Pablo Rivera. Como los individuos nunca mostraron identificaciones, la comunidad se opuso a que se llevaran al campesino temiendo una desaparición forzada o una ejecución extrajudicial.

Desde el Proceso Social de Garantías Antioquia se expresa la preocupación que hay alrededor de los temas de criminalización y de montajes judiciales contra el movimiento social ya que es el Estado el máximo responsable de la protección de los derechos de los ciudadanos y es contradictorio que mientras se negocia en La Habana los acuerdos fundamentales para la paz del país, en los territorios no existe coherencia en relación a la actuación de los aparatos estatales.

Igualmente se rechaza vehemente la campaña de persecución que se viene adelantando contra el movimiento campesino, para este caso particular contra Asociación Campesina de san José de Apartadó, y contra la población de este corregimiento. No cabe duda de que estas judicializaciones y montajes judiciales van dirigidos a la destrucción de los procesos organizativos en defensa del territorio, la paz y los derechos humanos.

Esta persecución es un mal mensaje para las organizaciones sociales y para la sociedad colombiana que espera el posacuerdo, que el Gobierno cumpla y que permita la ampliación y profundización real de la democracia en el país. La participación política, que va más allá de lo electoral, debe ser real y no una falacia. Estas son más razones para rechazar categóricamente la criminalización y judicialización de la organización popular, de sus líderes y de defensores de derechos humanos.

Por último se exige el respeto al debido proceso, que se brinden las garantías a los líderes de Acasa y que por ningún motivo el Estado realice acciones, operativos o procedimientos ilegales que ponga en riesgo la vida de los pobladores en sus territorios.