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Retenciones arbitrarias masivas por parte del ejército en Puerto Libertador, Córdoba
 

La Asociación Campesina del Sur de Córdoba, brindando acompañamiento a las comunidades campesinas en aras de contribuir a la resistencia y permanencia por la vida digna en los territorios, denuncia la grave situación en materia de derechos humanos causada por los actores armados beligerantes y por integrantes de la Brigada Móvil número 16, integrada al Batallón Junín y comandada por Roger Arturo Calderón Garzón, quienes atentaron contra la vida, integridad física y psicológica, la paz y en general los derechos fundamentales, sociales y colectivos de la comunidad del corregimiento Santa Fe Las Claras del municipio Puerto Libertador, en Córdoba.

Conforme a lo denunciado ante el fiscal local de la municipalidad de Puerto Libertador el 26 de enero del presente año mediante, un número significativo de campesinos desplazados por la violencia oficial y la violación al Derecho Internacional Humanitario llegaron a la cabecera municipal de Bijao para solicitar ayuda y protección debido a que fueron agredidos por parte de miembros del Ejército Nacional. Los hechos narrados por los campesinos se configuran como retención arbitraria, empadronamiento y presunción de secuestro agravado con daños físicos y psicológicos en las personas afectadas y las familias víctimas de desplazamiento forzado que suman más de 12 núcleos familiares, los cuales fueron atendidos por la Personería y Secretaría de Gobierno en la alcaldía municipal.

Es importante resaltar que los militares obligaron a los campesinos retenidos a firmar documentos hechos a mano en los que declaraban haber recibido “buen trato” de parte del Ejército. Obligar a firmar estos papeles, no sólo es una agresión más, también constituye un acto de terror oficial para falsamente hacer un “positivo” jurídico-judicial. Se solicita a las autoridades competentes requerir estos documentos hechos a mano e iniciar las investigaciones para individualizar y judicializar a los uniformados involucrados.

Ante estos graves hechos se le exige al Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que ordene las medidas necesarias para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en el corregimiento de Santa Fe Las Claras y sus veredas aledañas. Al Ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, que exhorte a los organismos del Gobierno Nacional, departamental y municipal asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, honra, paz, seguridad, integralidad física y respeto integral de los derechos de los ciudadanos habitantes de la región; y que ponga en marcha medidas que contrarresten el masivo desplazamiento forzado de los campesinos de la zona.

Asimismo se requiere del Defensor del Pueblo Nacional, Jorge Armando Otálora Gómez; del Coordinador Residente y Humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild; del Procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Rafael Jose Duran Mantilla; del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett; del Consejero Presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Flórez: instar de manera urgente a quienes competa implementar las medidas necesarias que preserven las libertades y el orden, la justicia y soberanía colombiana que se han desvirtuado en el corregimiento en el marco de las declaraciones de los derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y los derechos de los pueblos, afianzadas en la Constitución Política colombiana y demás actos de ley nacional y acuerdos internacionales.

Se solicita por último a la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y apoyo ante la vulneración de derechos fundamentales que concurrieron en la relatoría de estos hechos.