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Corregimiento Juan José, Códoba
Ante crisis educativa comunidades se preparan para movilización social
 

En el año 2015 las comunidades surcordobesas, en especial las provenientes de las veredas más recónditas aguas arriba de los ríos San Jorge, Río Sucio, San Pedro, San Juan y muchas otras vertientes y caseríos invisibilizados por los gobiernos de turno se dieron cita para movilizarse por la dignidad de sus vidas y territorios. La movilización conllevó al cierre colectivo y sistemático de las instituciones educativas y a la proclamación del paro educativo en casi todo el sur del departamento de Córdoba.

Actualmente en el corregimiento de Juan José y en general en todo el territorio rural de Puerto Libertador, Córdoba, coexisten los flagelos que motivaron la movilización social como protesta y exigencia viva de un pueblo que no se diezma ni se contenta con migajas provenientes de lo que sobra por el uso indebido del erario público. Estos flagelos se traducen en la inexistencia de docentes para grados superiores en materias tan necesarias como matemáticas y física, ¿puede graduarse un joven de bachiller sin recibir la asignatura de matemáticas? Desde hace mucho tiempo hay varias vacantes (plazas) para el nombramiento de orden departamental y/o nacional al que ninguna administración de turno a decidido dedicar tiempo y poner la mirada sobre este territorio con reales garantías para el buen vivir de sus habitantes en cumplimiento cabal de sus derechos constitucionales. Es también muy preocupante que la Institución Santa Teresita (de Juan José) no tenga rector.

Ante estos hechos violatorios y denigrantes de la educación de los niños, adolecentes y jóvenes del corregimiento Juan José, aunado a las graves falencias que se presentan, y persisten aun con mayor fuerza en corregimientos aledaños y circunvecinos, se alerta a las autoridades civiles administrativas del municipio Puerto Libertador, en cabeza de Espedito Duque; y al Gobernador de Córdoba Edwin Besaile, que las comunidades han iniciado la preparación para volver a movilizarse y si es necesario reincidir en el cierre indefinido de los centros educativos hasta tanto no se resuelvan las querellas que aquejan a la población estudiantil y padres de familia; ante ello, se solicita a las instituciones u organizaciones garantes de derechos humanos brindar acompañamiento a la comunidad en el marco del uso de la protesta social como único mecanismo para exigir la garantía de los derechos proclamados en la carta magna.

No obstante la población campesina del corregimiento Corozalito se encuentra indignada por la privatización de la educación para sus hijos mediante la puesta en marcha del “banco de oferentes” para nombramientos de las escuelas y de la Institución Educativa Corregimiental; por tanto ha decidido no aceptar los maestros nombrados por banco de oferentes, lo que se traduce en el cierre de los centros educativos y la desescolarización de la población educativa de dicho corregimiento en el municipio Puerto Libertador, Córdoba.