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Propuestas para los diálogos de paz en La Habana
"El regreso a Casa"
Redprodepaz / Jueves 11 de febrero de 2016
 

La Redprodepaz, como un sistema de coordinación y articulación de la sociedad civil con el gobierno, las empresas y la cooperación internacional en torno al impulso y promoción de procesos locales y regionales de desarrollo y paz, con presencia en 589 municipios mediante 25 entidades facilitadoras, 25 entidades de apoyo y más de cinco mil organiza-ciones sociales, nos permitimos proponer las siguientes consideraciones en el marco de las acciones de alistamiento e implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP:

1. Reiteramos que el fin del conflicto implica “corresponder a la ciudadanía que clama por el mandato de paz, desarrollar políticas que permitan fortalecer y ampliar la base de so-ciedad civil, impedir la corrupción y la politiquería, restituir las tierras despojadas y mante-ner en el centro del proceso a las víctimas”.

2. Valoramos el papel de la comunidad internacional tanto en su actual respaldo a los diá-logos, como en el apoyo que dará a la verificación de los Acuerdos; no obstante, conside-ramos que su intervención no sustituye ni puede ignorar la participación efectiva de la sociedad civil.

3. La paz no es la ausencia de conflicto sino la condición para que los conflictos se integren dentro del debate democrático; por eso el proceso de refrendación, implementación y verificación de los acuerdos requiere del aporte fundamental de las organizaciones socia-les en los territorios, lo que implica fortalecerlas y robustecer la participación ciudadana incluyendo el conjunto diverso de actores regionales y locales como base para la cons-trucción de Estado.

4. Exhortamos al conjunto de la sociedad colombiana a entender la implementación como un proceso hacia la construcción de paz duradera y en perspectiva de reconciliación, su-perando las historias de odio y venganza que impiden un proceso de reintegración social, con respeto a la vida y dignidad de las personas.

5. Si bien los acuerdos suponen un nueva arquitectura institucional en aras de avanzar hacia la democratización de la sociedad colombiana deben aclararse los roles en los es-pacios locales. Así mismo se hace necesario que toda esta nueva arquitectura garantice realmente las transformaciones estructurales que requiere la nación para iniciar un verda-dero proceso de construcción de paz. En caso de considerarse una excepcionalidad con poderes especiales para el Ejecutivo, debe limitarse en su duración, sus atribuciones y su alcance en función de los ajustes institucionales de manera que no ponga en riesgo el orden constitucional. En todo caso se requiere un Estado fortalecido en las regiones con capacidades territoriales teniendo en cuenta su realidad y su contexto diferencial.

6. Entendemos que se le brinde un tratamiento especial a los territorios de presencia histórica de las FARC-EP, no obstante ello debe hacerse como parte de una reflexión y de una apuesta estratégica como Nación y teniendo en cuenta la historia del conflicto en las regiones, así como a todas las poblaciones incluyendo al campesinado que ha sufrido históricamente esta guerra.

7. Frente a la dejación de armas solicitamos que se garanticen mecanismos para que las armas no puedan retomarse y que no vayan a otras guerras, así también nuestra solicitud de seguridad y garantías para las vidas de quienes dejen las armas.

8. Las “garantías de no repetición” van más allá de poblaciones con protección especial, pues ni el conflicto ni mucho menos el posconflicto giran sólo en torno a las víctimas, sino que implica a la sociedad civil en general.

9. Para transitar hacia una paz estable y duradera el verdadero proceso de reinserción es el que se realiza desde y con las comunidades en los territorios. Reiteramos: son las co-munidades las que realmente hacen la reinserción.

10. Resulta indispensable impulsar un diálogo nacional, desde los territorios, a propósito del modelo de desarrollo y de ordenamiento territorial que más conviene y, por tanto, mayor legitimidad supone para los diferentes territorios que hacen parte de la Nación. La feliz circunstancia de vivir en un país rico en diversidad ambiental y cultural implica necesaria-mente que no pueda existir una única apuesta de desarrollo ni que ésta se deba seguir imponiendo desde el gobierno nacional y menos desde los intereses transnacionales.

Tal y como se encuentra ya establecido en los acuerdos, puede coexistir la actividad agroindustrial, con responsabilidad social y ambiental, con la zona de reserva campesina, también con las propiedades colectivas de resguardos indígenas y comunidades negras, así como con la agricultura familiar en tanto modelo de desarrollo rural, y los predios de los pequeños y medianos campesinos que hacen uso legítimo del territorio. La Nación tiene que aprender a respetar y proteger dicha diversidad, sin que eso implique renunciar a la soberanía, pero aceptando que una paz sostenible implica autonomía territorial. Bajo tal enfoque la soberanía se construye de manera participativa desde el territorio y no contra el territorio.

11. Consideramos importante incluir un componente fuerte de pedagogía de paz en el que sean tenidos en cuenta los procesos regionales de educación formal en todos sus niveles, desde la educación básica hasta la superior, en los que se desarrollen procesos de for-mación política y ciudadana con un énfasis en la construcción de reconciliación y paz. Además la pedagogía social debe ser concebida y entendida más allá de las fronteras de la pedagogía sobre los postacuerdos. La pedagogía es fundamental para sensibilizar a la ciudadanía y a las instituciones sobre la reinserción y reintegración, porque no son proce-sos impuestos sino concertados.

12. La comunicación debe también ser una herramienta que permita acercar las regiones a la nación y que desde el centro se pueda tener un conocimiento real de las dinámicas socio-ambientales, políticas, económicas y culturales de las regiones. Por otro lado se requiere de información acompañada de una actitud ética pública y en coherencia entre el discurso y las acciones que se realizan en los territorios, tan necesario para la credibilidad institucional y el apoyo que pueda tener el proceso de refrendación, implementación y verificación de los acuerdos.

13. El trabajo realizado por los Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PDP) nos aporta un acumulado para generar condiciones para una paz sostenible por varias razones: a) se construyen desde las dinámicas territoriales; b) se hacen con la participación de los pobladores; c) involucra al conjunto de actores con intereses diferentes para construir acuerdos edificantes; d) pone a la vida primero, tanto desde el punto de vista humano como ambiental; e) apuntan a fortalecer el Estado social de derecho, es decir un Estado que responda y sea controlado por la participación ciudadana; f) articulados en una Red se han especializado en fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales de base para una producción sostenible y la participación democrática; h) son principios de esta red: la vida digna en armonía con la naturaleza, equidad, solidaridad y democracia partici-pativa; i) apuntan a que las iniciativas y las visiones locales y regionales de desarrollo se traduzcan en la política pública; j) con el acompañamiento de la iglesia católica y de la iglesia menonita se han venido generando condiciones para el perdón y la reconciliación; k) la participación en la red de empresas como ISA, Isagen y Ecopetrol han permitido que se reconozca y valore la dimensión empresarial, sin perder de vista la responsabilidad con la sociedad y con las condiciones ambientales, así como el respeto de los derechos humanos.

Cordialmente,
Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz
Redprodepaz