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Corregimiento Llorente, Nariño
Extralimitación de Fuerza Pública en erradicación forzada en Nariño
 

El pasado domingo 7 de febrero en el corregimiento Llorente, vereda Pulgande, en el Kilómetro 52 de la vía que comunica el municipio San Juan de Pasto con Tumaco, integrantes de grupos especiales de la Policía del Escuadrón Móvil de Carabineros Emcar y de Antinarcóticos intentaron realizar un proceso de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, esto generó que los campesinos del lugar se concentraran para oponerse a dicho procedimiento irregular. Algunos integrantes del grupo de policías amenazaron a los dirigentes campesinos y a la población con judicializarlos y los intimidaron con sus armas de dotación (pistolas).

Posteriormente instalaron campamentos policiales en predios campesinos. El lunes 8 de febrero los campesinos lograron que los agentes de Policía se retiraran de los predios ocupados.

El miércoles 10 de febrero se volvió a presentar la misma situación en las veredas Caunapi y Negelia del mismo corregimiento con el agravante de que los agentes de Policía colocaron minas anti persona en los alrededores de su lugar de campamento. Cerca de las 6:00 de la tarde, en la vereda Negelia, los campesinos del lugar lograron que los agentes de policía salieran de los predios ocupados pero un grupo de aproximadamente 60 policías de Emcar y 25 erradicadores se ubicaron en la escuela veredal que fue totalmente ocupada.

El jueves 11 de febrero de 2016 nuevamente se registraron estas acciones irregulares de erradicación forzada en las veredas Pulgande, Manigua y Gualtal, cuando los campesinos del lugar se opusieron a dicho procedimiento el proceso quedó suspendido. No obstante el grupo de policías amenazó a los dirigentes campesinos y a la población y los intimidan con sus pistolas. Uno de los policías que intimidó con su arma de dotación a un campesino fue el agente de apellido Noriega.

Se alerta sobre el riesgo inminente en que se encuentran los pobladores de la región y se espera que no se repitan hechos como los ocurridos los días18, 19 y 20 de noviembre de 2015 en el municipio de Argelia, Cauca, en donde la represión militar y policial en contra de campesinos dejó como saldo un homicidio, 25 afectaciones físicas (heridas con arma de fuego), 22 afectaciones emocionales, el desplazamiento forzado de 96 núcleos familiares compuestos por 247 personas, varios hechos de ataque indiscriminado, 94 daños a bienes muebles e inmuebles, ocho ocupaciones de bienes civiles y 89 actos de pillaje (hurtos).

Frente al fundado temor de los habitantes de la zona y en rechazo a las posibles extralimitaciones de las fuerzas regulares del Estado colombiano, se responsabiliza al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, a la gobernación de Nariño en cabeza de Camilo Romero, al Coronel Juan Carlos Rodríguez Acosta comandante del departamento de Policía Nariño por las posibles violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que fueron cometidas por integrantes de fuerzas armadas regulares en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen. Se exige responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, a la honra y reputación y al trabajo, de los habitantes del corregimiento Llorente del municipio de Tumaco.

Se exige al Estado colombiano y a la gobernación de Nariño el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Que adelanten las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos de la que se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares. Se exige igualmente a la Defensoría del Pueblo cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de dicha población.

Y se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. Se instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento de Nariño.