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En riesgo la labor de los defensores de derechos humanos
Asesinato de tres jóvenes en Córdoba
 

Oleada de crímenes selectivos en Córdoba obedecen a infraestructura terrorista y sanguinaria paramilitar que gobierna el departamento y que en reciente fecha arrebató tres vidas de jóvenes en el sur de esta región. El paramilitarismo es paladín de muertes y horrores en todo el departamento.

El pasado domingo 21 de febrero del presente año, cerca a la vereda La Iraca (Puerto Libertador) fue hallado por campesinos el cadáver del joven Felipe Martínez de 21 años más conocido como “Pipe”, su deceso respondió a múltiples impactos de bala, al parecer fue llevado a la zona rural desde el área urbana por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y junto al cuerpo fue encontrado un papel que decía: "Por robar moto".

El mismo domingo 21 de febrero, en el corregimiento “El Caramelo” (Tierralta), (Antigua zona de distención para la negociación con las AUC) labriegos encontraron los cuerpos de los jóvenes Jerónimo Alberto Pérez Montalvo y Luis Miguel Torres Trejo de 20 y 22 años de edad respectivamente, ambos con signos de tortura, varios impactos de bala y sus manos atadas con alambre de púas.

La Asociación Campesina del Sur de Córdoba –Ascsucor–, como organización campesina y defensora de derechos humanos, ha presentado denuncias constantes sobre las acciones criminales que concurren en el territorio surcordobés. Tal fue el caso del reciente comunicado público Alerta: Se extiende la mancha de sangre y horror en el departamento de córdoba donde se dejó en evidencia los hechos dolosos y violatorios de los derechos humanos y dignidad del soberano pueblo; también se denunció la proliferación de panfletos “jurando limpieza social” y los nueve asesinatos en lo corrido de la semana anterior.

Los asesinatos premeditados y selectivos que se vienen presentando en el sur de Córdoba elevan el grito de alerta de las acciones en defensa de los derechos humanos, toda vez que como organización y en virtud de las actividades de defensa han sido víctimas de amenazas e intentos de homicidio hacia algunos de sus miembros al encarar este tipo de actos requiriendo al Estado las garantías.

El sur de Córdoba ha vivido dos “priorizaciones” en el marco de las negociaciones de paz y desmovilizaciones: la primera entre el Estado y la guerrilla del EPL que tuvo lugar en el corregimiento de Juan José (Puerto Libertador) entre 1990 y 991. La segunda entre el Estado y las AUC en el corregimiento Ralito (Tierralta) entre 2005 y 2006. En la actualidad se ha conocido por medios de comunicación que Puerto Libertador y Tierralta han sido nuevamente “priorizados” para ser “municipios piloto” o “Territorios de Concentración”; situación que requiere análisis profundo debido a las historias vividas. Tras la creciente oleada de asesinatos selectivos, panfletos amenazantes, incremento de extorciones, tráfico y micro-tráfico de estupefacientes y crimen organizado; actos propios del paramilitarismo.

Por todo lo anterior se exige al Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta, sus corregimientos y veredas aledañas.

Al Ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, solicitar y exhortar a los organismos de Gobierno Nacional, departamental y de los municipios de Puerto Libertador y Tierralta a fin de asegurar las libertades, soberanía del país, derechos constitucionales y sobre todo garantizar la vida, honra, paz, seguridad, integralidad física y respeto integral de los derechos de los ciudadanos; así como poner en marcha medidas que contrarresten la “limpieza social” proclamada por aparatos paramilitares.

Al director nacional de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora Arango, conjurar inmediatamente los riesgos mediante la prestación del servicio de protección plena a los defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que agrupan la colectividad Ascsucor; toda vez que los esquemas asignados no son insuficientes y para algunos casos nunca han sido habilitados pese a la existencia de resoluciones aprobatorias por el Cerrem.

Se solicita al Defensor del Pueblo Nacional, Jorge Armando Otálora Gómez; al Coordinador Residente y Humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild; al Procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla; al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett; al Consejero Presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Flórez instar de manera urgente a quienes competa implementar las medidas necesarias a fin de preservar las libertades y el orden, la justicia y soberanía colombiana que se han desvirtuado en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta (Córdoba) en el marco de las declaraciones de los derechos humanos, los derechos de los pueblos, afianzado en la Constitución Política Colombiana y demás actos de ley, protocolos y tratados internacionales.

Se responsabiliza al Estado colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, recordando su responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano, por ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.