Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Análisis de coyuntura
Hablando de paz, del llano y del terror paramilitar
Javier Castro / Jueves 10 de marzo de 2016
 

Mientras el gobierno Santos allana el camino para imponer su fórmula plebiscitaria de refrendación a los acuerdos de La Habana, en las zonas rurales se evidencia una sensible contradicción que riñe con el espíritu de los diálogos y que se expresa en la reingeniería del paramilitarismo, que lejos de haber desaparecido, se viene fortaleciendo y así mismo avanzando en sus pretensiones de controlar regiones estratégicas, donde además de posicionarse militarmente, buscan continuar su histórica arremetida contra organizaciones políticas de izquierda, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras, entre otros.

Tal como lo señala el punto de ’Garantías de seguridad’ que corresponde al apartado siete del punto tres del acuerdo general de La Habana, el desmonte real y efectivo del paramilitarismo es primordial para lograr una paz estable y duradera. Sin embargo, cumplidos tres años y cuatro meses de iniciado el proceso que busca el fin del conflicto armado en Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó que entre 2012 y 2015 recibió 37444 solicitudes de protección, de las cuales apenas atendió la mitad.

Ante este panorama la delegación de paz de las Farc-EP emitió un comunicado con fecha del 31 de mayo de 2015 titulado: "El paramilitarismo sigue existiendo en Colombia, se extiende nuevamente por todo el país y actúa impunemente", donde expresan que: "Nadie en su sano juicio aceptaría en Colombia que las garantías de ’seguridad’ para los firmantes del acuerdo de paz consistan en tener una supuesta protección personal, en lugar de acabar con el mayor de los factores de riesgo para la vida, la integridad y la paz: el paramilitarismo".

Y desprotegidos están miles de campesinos en todo el territorio nacional, por mencionar una región se puede destacar los Llanos Orientales, donde operan las estructuras comandadas por Edgar Pérez, alias “El Mono Pérez”, José María Conde y Gildardo Benjumea, todos al servicio de Manuel de Jesús Pirabán, conocido como “Jorge Pirata” del Bloque Meta de las estructuras paramilitares.

Se trata de una realidad que no soporta eufemismos. La tragedia paramilitar mantiene su accionar criminal en contubernio con las fuerzas militares y de policía, con el propósito de ejercer control interno para el despliegue de su actividad delictiva, pero además para conspirar contra Venezuela en el marco de una agenda que incluye agudizar la guerra económica con el plan aún en curso de desabastecimiento del vecino país.

Un punto crítico es Puerto Carreño en el departamento Vichada, frontera con la localidad de Puerto Páez en Venezuela, bañados por las aguas del río Meta y el imponente caudal del río Orinoco. Son corredores del contrabando a gran escala, por donde cruzan diariamente toneladas de productos de primera necesidad, ganado y lógicamente gasolina. El propósito de los paramilitares colombianos es comprar todo aquello que pueda hacer falta al otro lado de la frontera.

Como parte del plan desestabilizador está fomentar la inseguridad en Venezuela, para así incrementar estadísticas que le sirvan a la derecha opositora como herramienta para diseñar matrices mediáticas y claro, ganar el favor de las masas.

Prensa Rural recorrió la zona y encontró testimonios de sus habitantes que confirman la presencia de al menos dos mil hombres, organizados en patrullas que recorren la región en moto, cobran extorsiones e intimidan a los pobladores, tanto del lado colombiano como del venezolano. También comentaron varios labriegos haber visto transitar desde Colombia, durante las festividades de fin de año 2015, cargas con armamento de largo alcance -fusiles AK 200 y AR 15, así como vasta munición 5.56 mm- que ha sido distribuida por hombres que hasta hace poco estaban bajo el mando del recientemente abatido Martín Farfán alías “Pijarvey” heredero de alías “Cuchillo”, entre las pandillas de “malandros” venezolanos, quienes tienen la misión de sembrar el terror y la zozobra, además de controlar el microtráfico de estupefacientes.

A todo esto se suma el control que ejercen sobre los mineros artesanales e informales que explotan oro en los estados Bolívar y Amazonas, quienes deben pagar onerosos impuestos a una poderosa mafia conformada por delincuentes venezolanos, paramilitares colombianos e incluso, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Ante este panorama, realidad del 2016, resulta muy complejo sacar avante cualquier proceso de paz. Es demostrado en todo el territorio colombiano la presencia y actividad del paramilitarismo como expresión de la caducidad del Estado y el carácter criminal de la clase dominante, erigida a sangre y fuego.