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Un paro nacional por la paz con justicia social
Los problemas que nos convocan hoy solo encontraran solución si nos unimos para construir un nuevo país, para generar propuestas populares, para ser poder.
Marcha Patriótica Valle del Cauca / Miércoles 16 de marzo de 2016
 

La jornada de paro tiene su principal motor en la crisis social actual. Hablar de crisis es hablar de mercado, de desempleo; hablar de crisis es hablar de monopolio, de privatización; hablar de crisis es hablar del modelo económico. La crisis la vemos en nuestra cotidianidad: al leer el precio de la gasolina, al pagar el bus, la comida, al recibir un salario injusto si tienes la suerte de tenerlo; al trabajar 14 horas diarias, la crisis la vemos siendo empleado de manejo y confianza, desempleados, desocupados o “autogestionadores”. Lo crítico es la condena a no tener seguridad social garantizada, a morir en la puerta de los hospitales. Lo que nos brinda el modelo económico es la crisis de la vida, la crisis social.

Nos unimos al clamor popular, al llamado de la centrales obreras organizadas en el comando unitario departamental, apoyada por los sectores democráticos, los partidos de izquierda, las organizaciones sociales y el pueblo en general. Las motivaciones saltan a la vista, el anuncio de la Reforma Tributaria lesiva para los sectores populares, la arbitraria venta de Isagén, la escalonada liquidación del hospital universitario del Valle, el escándalo de REficar, la liquidación de Caprecom y de Saludcoop, los incumplimientos a los acuerdos suscritos con la Cumbre Agraria, El paramilitarismo, el asesinato, la persecución y la judicialización de dirigentes populares y políticos. Llenan nuestra lucha de vigor, nos marcan el único camino posible, la respuesta valerosa de la organización y la movilización del pueblo en la Calle.

Estamos convencidos que los acuerdos logrados en la mesa de la Habana, aportan a menguar la crisis social. En el primer punto parcial, por ejemplo, se acuerda el acceso y usos de la tierra por parte de los campesinos, las políticas encaminadas a formalizar la propiedad y garantizar la cadena productiva con todo lo que implica. La visión territorial reconoce la diversidad geográfica, cultural y productiva de nuestro país, así como el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina. Las garantías de producción campesina que aportan al fortalecimiento social, brindan bases para fortalecer la economía solidaria, aportan a la dignidad y estabilización laboral de nuestros campesinos y constituyen un paso sustancial a la construcción de soberanía alimentaria.

Hablar de participación política, es hablar de garantías para politizar el país. Exigimos hablar en las tarimas sobre política popular. Gritar nuestras exigencias como hoy en este paro sin riesgo a que nos asesinen. El segundo acuerdo de la Habana rectifica herramientas no solo para la insurgencia entrada en la legalidad, es para el grueso del movimiento popular que se ha cuestionado siempre sobre las garantías políticas: necesitamos derechos a la oposición y promoción de nuestra participación en todos los niveles de gobierno, requerimos hablar y decidir con garantías de economía, cultura y deporte en los escenarios de gobierno.

La relación del conflicto social y armado en los territorios y la producción de las drogas ilícitas son complejas, sin embargo el desplazamiento forzado es un fenómeno que ha engrosado las urbes, y especialmente las zonas pobres donde hay mayor consumo y distribución. El acuerdo sobre La solución al problema de drogas ilícitas reconoce tres dimensiones que amplían la forma de abordar el flagelo; económica, cultural y de salud pública. La sustitución de cultivos y la recuperación ambiental, la prevención del consumo visto como un fenómeno de salud, la política encaminada a solucionar el problema de la producción, con la participación de las comunidades aportan sustancialmente a la dignidad del campo, a la estabilización productiva, a la armonización de lo urbano-rural y a la no criminalización de la condición juvenil.

La verdad siempre será un propósito humano y social. Hallar las responsabilidades del conflicto es un compromiso moral, el encuentro de los desaparecidos aporta en fomentar la reconciliación. La jurisdicción especial para paz, nos dice que el dialogo es la ruta, que los sectarismos y la condena a la repetición simbólica de la violencia recuerdan que el olvido es imposible, pero extingue la posibilidad de superación. para ello es urgente la jurisdicción especial para la paz, la reparación integral de las víctimas, pero sobre todo, de lo cual todos debemos asegurarnos es de no permitir la repetición de la barbarie.

La tarea es buscar mecanismos para sensibilizar sobre la necesidad de construir tejido social, de movilizarnos y organizarnos para hacerle frente a la crisis económica. Que los problemas que nos convocan hoy solo encontraran solución si nos unimos para construir un nuevo país, para generar propuestas populares, para ser poder. Los puntos no se limitan a la Habana, hagamos que la agenda se extienda a todos los puntos que el constituyente primario determine. Los aportes encaminados a la construcción de democracia, aportan al fortalecimiento del movimiento popular; fortalecer la paz, es fortalecer la oposición; fortalecer la unidad es avanzar en la construcción de condiciones de vida digna para el pueblo Colombiano.

Así las cosas este 17 de Marzo las organizaciones que confluimos en el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica capitulo Valle del Cauca, salimos a la Calle por: El bienestar y el buen vivir, la priorización de la política social, el cumplimiento de los compromisos del Estado con las organizaciones sociales frente a la carencia de la vida, salario justo, en defensa del patrimonio público, en contra de la privatización de la salud y la educación, empleo digno, la protección del medio ambiente y de los territorios, la reducción de los precios de los combustibles y el congelamiento del precio de los peajes, en contra de la regresiva propuesta de reforma tributaria, en defensa de la tierra y los territorios para la producción campesina, por la justicia social, por el derecho a la ciudad y a la vida.

Así mismo rechazamos firmemente la violencia sistemática que se ha venido ejerciendo en contra del movimiento social y popular, y exigimos al Gobierno Nacional tomar medidas que lleven a enfrentar y acabar definitivamente con el paramilitarismo en Colombia. Para que la paz con justicia social sea un hecho, deben existir garantías reales de no repetición, por esto hacemos un llamado a los organismos internacionales encargados de velar por el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, a que investiguen y penalicen al Estado colombiano por la impunidad de estos crímenes, la paz exige el desmonte de la doctrina de seguridad nacional y el paramilitarismo.

¡Vamos todos al paro!
¡Vamos todos a la Calle!