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Columna de opinión
El uribismo necesita la transición
Nicolás Uribe Rivera / Sábado 19 de marzo de 2016
 

Colombia atraviesa por procesos de transformación en su régimen político y económico que se desarrollarán indistintamente de su carácter social y democrático mientras la dirigencia en el poder sea quien los impulse. A pesar de que la persecución política continuará y los grandes emporios económicos no cederán lo que han conquistado, el proceso de paz se posiciona como una luz al fin del camino de la guerra, cuya materialización permitirá una deseada apertura del régimen democrático y la realización de las reformas sociales que anhelan los ciudadanos de segunda clase. Al mismo tiempo, se le permitirá un mayor dinamismo a la economía de mercado en territorios en los que nunca ha penetrado a causa de la presencia histórica de la insurgencia y el desarrollo mismo del conflicto armado, ejemplo de éstos La Macarena en el Meta, Arauquita en Arauca, Ituango en Antioquia, el bajo Putumayo, sólo para mencionar algunos.

Sumado a la posibilidad de reordenar el poder en el país, el reconocimiento de la historia de la guerra, sus actores, hechos, móviles y dinámicas, junto con la determinación de responsabilidades será concluyente para cerrar el camino de la confrontación política armada, para pasar a una confrontación política basada en el diálogo. La verdad constituirá entonces el elemento para iniciar el cumplimiento del derecho de no repetición a las víctimas. Tan es así, que cada uno de los actores que han participado de la confrontación armada, tendrán que presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; acuerdo jurídico que el uribismo tendrá también que asumir, pues su participación en el conflicto ha sido evidente, al punto que en algunos casos han sido condenados por la justicia ordinaria. Será entonces su oportunidad para no quedar disminuidos en el juego político.

En ese orden, desde hace seis años nos venimos preguntando si el rompimiento de la clase dirigente en dos facciones; de un lado la representada por Juan Manuel Santos con un raigambre financiero, chachaco y “moralista”; y la otra representada por Álvaro Uribe de cuño terrateniente, mafiosa y “vale todo”, será definitivo para el inicio de un nuevo país, concluyendo que en efecto dicho rompimiento es tan sólo el distanciamiento del accionar político-burocrático, más no ideológico. Distanciamiento que ha generado que muchos otros sectores o partidos políticos busquen el mejor árbol para que les de sombra en esta re siembra que busca la yerba podrida y la mermelada.

El mal llamado Centro Democrático se consolidó entonces como el representante del sector ganadero y terrateniente, como amalgama de las élites regionales que durante la historia del país han hecho y deshecho en los territorios que dominan, y que en la mayoría de los casos, por no decir todos, se liga a actividades de economía ilegal como el narcotráfico y la “cultura mafiosa” hasta el punto de existir denuncias de su promoción, articulación y participación dentro del paramilitarismo y la violación a los Derechos Humanos de los pobladores. Lo anterior sin desconocer la representación de Cambio Radical en este fenómeno.

La apuesta de esta paz fue iniciada por la dirigencia supranacional tiempo atrás, como un asunto de marcado interés geoestratégico de copamiento del territorio y extracción de recursos naturales. La contribución del uribismo en el surgimiento y reproducción de los conflictos sociales, políticos, económicos y la expresión armada del conflicto no puede ser negada por el argumento que pretende incluirle un ingrediente político a la investigación y condenas efectuadas bajo el gobierno Santos, pues por su contenido político no se disipa el norte sobre la realidad misma de los hechos (en realidad toda relación humana tiene sustancia política). Este es entonces un proceso que tendrá efectos en todos los sectores, pero que si se hace de manera consciente y rápidamente aprehendida, serán pocos los sacrificios que deberán hacerse, o por el contrario, muy profundos los obligados a asumirse.

El “uribismo” necesitará entonces participar del proceso de reconciliación, pues de no hacerlo, el costo político por el que la sociedad colombiana le empezará a pasar factura después de una etapa de construcción real de paz, será tal que ya no tendrán ningún respaldo público a su discurso de odio e impunidad, y el retorno de su accionar ejercido únicamente desde la base de la clandestinidad criminal será innegable ante el acoso de la justicia. Así, por encima de todo lo anterior, la esperanza no es que el pueblo los perdone por sus crímenes, ni que ellos perdonen a la insurgencia por las presiones y acciones en su contra, sino que ninguno de los sectores se obligue así mismo y al resto, a retornar a las armas.

La transición comenzará quizás a través de una Asamblea Nacional Constituyente o de un plebiscito, o quizás por medio de ambos mecanismos, cuya materialización no impedirá la continuación de conflictos sociales, políticos y económicos. Dicho escenario estará orquestado por el diálogo entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las Farc-EP, en donde gústele o no al resto de sectores y sobretodo al uribismo, se le abrirá a la insurgencia la puerta para sumarse al reordenamiento del país que ahora se cocina y que definitivamente sellará la desaparición de los discursos que nos se sumen a la transición dentro de la actual carrera política.

A continuación una relación de los políticos y gobernantes que han tenido algún tipo de nexo con el “uribismo” y ahora se encuentran procesados por la justicia:

“Eric Morris, representante a la Cámara: seis años de prisión y 2 mil salarios mínimos. Alfonso Campo Escobar, ex representante: multa por más de 1600 millones de pesos y prisión por seis años. Trino Luna, ex gobernador de Magdalena: cárcel por tres años y ocho meses. Nelson Stanp Berrío, ex diputado de Sucre: multa de 430 millones de pesos y prisión por tres años. Edilberto Castro, ex gobernador del Meta. Miguel Ángel Pérez, ex gobernador del Casanare: a seis años de prisión, aunque fue por enriquecimiento ilícito de particulares y por fuera del escándalo de la parapolítica, fue una de las primeras en hacerse en contra de un político vinculado las autodefensas”

Relación completa disponible en El Reticente