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Persecución contra la Juventud Comunista en Magdalena
Juventud Comunista Colombiana / Martes 29 de marzo de 2016
 

El pasado miércoles 23 de marzo de 2016, entre las 9:30 y las 10:30 am en Santa Marta, Magdalena, los miembros de la Juventud Comunista Colombiana Luis Fernando Sánchez Guette -edil de la Localidad Histórica Rodrigo de Bastidas-, Anabel Zúñiga Céspedes -responsable nacional de DDHH de la JUCO-, y Omar Gómez -integrante del Comité Ejecutivo Central y responsable del frente de masas universitario-, militantes los tres del Partido Unión Patriótica se encontraban desayunando en un pequeño negocio en el barrio 20 de Julio acompañados de integrantes del esquema de seguridad de la UNP con el que se cuenta en esa ciudad.

Durante el desayuno de trabajo los tres militantes de la JUCO fueron víctimas de un despliegue policial por parte de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional; esta operación estaba a cargo del subteniente Oscar García y estaba conformado por alrededor de 20 uniformados.

En un primer momento los policías de la Unidad Antiterrorista abordaron a los integrantes del esquema de seguridad que se encontraban afuera para despojarlos de su armamento y documentación. Simultáneamente otro grupo se dirigió a la mesa en la que se encontraban los tres integrantes de la JUCO a los que sin mayor explicación se les hizo levantar de las sillas de manera abrupta para requisar sus bolsos y bolsillos y se les solicitó documentación (cédula de ciudadanía), documentos que fueron retenidos y fotografiados. Así mismo ocurrió con los documentos de los integrantes del esquema de seguridad cuyos carnets, salvo conductos y documentos del vehículo fueron retenidos, reportados y anotados por parte del subteniente Oscar García.

Los policías realizaron todo un operativo con la patrulla 63-0374 y la camioneta doble cabina 03-0398 y dos motocicletas de la Policía Nacional. Luego de 30 minutos del operativo llegaron dos motocicletas más con personal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Policía. Es importante resaltar que al momento de acercarse a los integrantes del esquema y al grupo de militantes de la JUCO traían sus armas cortas desenfundadas. En el momento en el que los afectados del hecho preguntaron a los agentes policiales cuál era el motivo del operativo y si existía alguna orden de captura, uno de los agentes respondió de manera cortante y amenazante que no tomaran la situación a la ligera, que aquello se trataba de un operativo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional.

El vehículo del esquema adscrito a la UNP en el que se desplazaban fue requisado insistentemente por parte de los agentes policiales, así mismo las armas con los que son dotados los escoltas que fueron verificadas una y otra vez. También fueron objeto de revisión por parte de los agentes policiales un cuaderno de apuntes de uno de los escoltas del esquema de la UNP.

Durante todo el operativo fue insistente el llamado a frenarlo bajo el entendido de que se trataba de militantes de la Unión Patriótica, que el armamento con el que contaba el esquema se encontraba en regla y que un operativo de tal magnitud desplegado en contra de tres personas desayunando tranquilamente en un lugar público, no era normal. Sin embargo ninguna de estas solicitudes fueron tenidas en cuenta y, por el contrario, respondieron con frases como: “El que nada debe, nada teme”, entre otras.

Luego de una hora de mantener al grupo rodeado y sin entregarles sus documentos ni la dotación del esquema, tras verificar insistentemente que ninguno tenía antecedentes penales y por la presión generada ante la UNP a nivel nacional; se permitió la libre movilidad del grupo con un simple: “Disculpen las molestias” a cargo del subteniente Oscar García.

Cabe señalar que no es la primera vez que se presentan hechos con los que se afectan los derechos de los militantes de la Juventud Comunista Colombiana. Precisamente las personas víctimas del abuso de autoridad gozan de medidas de protección por parte del Estado por amenazas recibidas en hechos anteriores a razón de su labor política.

Históricamente se ha denunciado a nivel nacional e internacional la persecución sistemática contra al trabajo desarrollado por los jóvenes comunistas colombianos que pese a esto continúan con su labor en la lucha social y política en los campos y ciudades del país. El domingo 6 de marzo del año en curso el joven Klaus Zapata, militante de la Juventud Comunista Colombiana en el municipio de Soacha, quien desarrollaba un activo trabajo desde lo cívico comunitario en defensa de la vida, el medio ambiente y la paz con justicia social a través de la cultura, fue asesinado por varios impactos de bala que le propinó un sujeto no identificado mientras se encontraba departiendo en un partido de fútbol.

Por todo lo anterior se solicita al Gobierno Nacional, a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo especial atención sobre estos hechos para no reiterar escenarios de persecución, hostigamiento y estigmatización hacia el ejercicio político que adelanta la Juventud Comunista y la Unión Patriótica en las distintas regiones del país, Que se investiguen los hechos que dieron lugar a este operativo y a los agentes responsables del mismo ya que no existía motivación alguna para restringir la libre circulación de los militantes y su esquema de seguridad, la presión a la que fueron sometidos y la posible estigmatización que se puede generar por este hecho ya que muchos ciudadanos que transitaban o residían por la zona se percataron de lo sucedido porque ese barrio pertenece a la localidad en la que ejerce su edilato el militante de la Juventud Comunista Colombiana Luis Fernando Sánchez.

Se exige también que se cumplan los protocolos por parte de la fuerza pública en materia de DDHH, en especial de los militantes de izquierda y de sectores sociales ampliamente golpeados por la violencia en el país. Que se brinden alternativas para una cultura de paz que no atraviesen por la militarización del territorio, la estigmatización de los sectores juveniles y la restricción a la libre circulación.

Se insta asimismo a las organizaciones defensoras de derechos Humanos e interesadas en la paz de Colombia a nivel nacional e internacionales estar atentas a la situación de recrudecimiento de la violencia en contra de luchadores sociales en lo que va del 2016, y de igual manera exigir al gobierno nacional voluntad política para esclarecer todos los casos, juzgar a los autores materiales e intelectuales y garantizar el libre ejercicio de la lucha por la paz con justicia social, el territorio y el agua sin que esto implique un riesgo para la vida y la integridad de los defensores de DDHH.