Marcha patriótica, movimiento político y social con presencia en Norte de Santander, propende por la solución política al conflicto armado y lucha por la paz con justicia social, por tales motivos manifiesta su preocupación por los asesinatos selectivos y la persecución sistemática emprendida contra integrantes del movimiento social y popular en el territorio nacional.

Es alarmante que desde el nacimiento de Marcha Patriótica hayan sido asesinados 119 integrantes en diferentes lugares del país. Estando cada vez más cerca de llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo con las Farc-EP, entre febrero y marzo de este año se hayan registrado 54 agresiones a líderes y organizaciones de derechos humanos, de los cuales 28 son asesinatos, 13 de ellos contra personas que estaban vinculadas al movimiento social. Se ha presentado además una persecución sistemática por agentes del Estado hacia la Juventud Comunista Colombiana. Norte de Santander no ha sido ajeno a dichas agresiones: en el último periodo se ha intensificado las amenazas por parte de grupos paramilitares anunciando nuevamente su presencia en el territorio, extorsionando, anunciando “limpieza social” y atemorizando a las comunidades con mayor hincapié en Cúcuta, Villa del Rosario, Zulia, Tibú, y La Gabarra.

La garantía efectiva de los derechos humanos es un deber del Estado por lo que se reitera la exigencia al Gobierno Nacional y local y a todas las instituciones encargadas de velar por dicha garantía, para que se adopten de inmediato acciones tendientes a investigar lo ocurrido, pero además que se emprendan acciones preventivas efectivas y se desmonte de manera definitiva el fenómeno paramilitar.

Por todo lo anterior desde el pasado 29 de marzo de 2016 se inició una Vigilia Permanente por la Vida y la Paz en la que decenas de hombres y mujeres de Marcha Patriótica reclaman el amparo de la Iglesia Católica, a través del asilo eclesiástico, para que por intermedio de la Conferencia Episcopal Colombiana se interceda ante el Gobierno Nacional sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la no repetición del exterminio de quienes ejercen oposición política en el país.