La paz como derecho colectivo pertenece a los derechos de la tercera generación y para su logro requieren el concurso de diversos factores (sociales, políticos, económicos e ideológicos). La paz es un derecho fundamental de toda persona y un deber de obligatorio cumplimiento que debe propender el Estado, éste es el origen de los instrumentos contemplados para resolver los conflictos y proteger los derechos fundamentales. El derecho a la paz es el respeto a la vida, es la no guerra, no armas, es garantía de seguridad como función social. Su mayor desarrollo se encuentra en la Declaración de Oslo sobre el derecho a la paz de la Unesco en 1997, que define la paz como un derecho humano inherente a la dignidad de todo ser humano y también como un deber.

La Constitución Política de Colombia de 1991 define en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Este artículo hace de la Carta Política un pacto de paz y de ordenamiento jurídico que permita la vigencia de los derechos humanos, la soberanía, la democrática y el Estado Social de Derecho.

Ahora bien, ¿Cómo se establece el cumplimiento constitucional de este derecho fundamental en el país?

Los acuerdos que se están desarrollando actualmente en La Habana, Cuba, entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional, quienes llevan tres años de diálogo, durante los cuales se han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos pactados. Así mismo el pasado 30 de marzo se dio inicio a la fase pública de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional, ambos diálogos se ven con agrado y esperanza de poner fin el conflicto armado. Estos diálogos son la mayor oportunidad para poner fin a 60 años de conflicto armado. En estos escenarios se están pactando unos puntos que dan la posibilidad a los colombianos de iniciar un proceso de construcción de paz donde se pueda trabajar por la implementación de los futuros acuerdos de los diferentes procesos de negociación, buscar fórmulas que permitan abordar las problemáticas sociales y sus posibles soluciones, al igual que se debe iniciar una estrategia comunicacional de los acuerdos que ayude a comprender y generar confianzas de que éstos son el inicio para abordar una etapa de transición donde se ponga fin a la guerra y se inicie el camino a la paz; es la oportunidad para dar cumplimiento constitucional del derecho a la paz, el silenciamiento de los fusiles y la terminación real del conflicto armado; es el inicio para la defensa del derecho a la paz.

No solamente con los acuerdos con la guerrilla se logrará establecer un escenario de paz, se deben abordar también otros temas que permitan construir garantías para la participación de las comunidades sin ser objeto de persecución, victimización, asesinatos o desaparición. La existencia del fenómeno paramilitar, hoy fortalecido por sectores políticos y económicos, sigue siendo el mayor obstáculo para lograr poner fin al conflicto armado y sentar bases para la construcción de una paz con justicia social, real, duradera y estable. En días pasados se evidencio que este fenómeno sigue vigente y que su proceso de negociación en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez fue un instrumento de engaño y distracción. El paramilitarismo vive y continua en su estrategia de violencia política en contra de la sociedad civil colombiana, al punto que hoy se muestra como el mayor enemigo de la paz desde diferentes escenarios.

El paramilitarismo se distingue hoy por actuar como bandas criminales, por eso el Gobierno Nacional y sus instituciones quieren vender el cuento de que no existen, de que estas estructuras son simples delincuentes y no tienen un propósito o interés político. El paro armado organizado y promovido por el Clan Úsuga, las Auto defensas Gaitanistas y las Águilas Negras, los días 30 de mayo y 1° de abril, la marcha contra los acuerdos de paz del 2 de abril organizada y promovida por el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y la publicación de un comunicado en días anteriores por parte de las Águilas Negras, dan muestra de que no son solo "Bacrim" sino que develan una estructura político-militar, con ideales políticos y económicos, y que con estas acciones quieren mostrarle al país que tienen dominio territorial y controlan parte del territorio colombiano. Buscan beligerancia y reconocimiento como actor armado.

El paramilitarismo con su estrategia político militar “es la otra cara de la paz” que existe en Colombia, impide y pone en peligro los procesos civilistas de construcción de paz de las comunidades en sus territorios y los acuerdos entre las guerrillas y el Gobierno Nacional.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos –Credhos– ve con gran preocupación nuevamente el accionar público del paramilitarismo desde sus facciones políticas y militares en gran parte del territorio colombiano. Por consiguiente se presentan las siguientes consideraciones:

• Se rechaza toda acción político militar del paramilitarismo como iniciativa de paz.
• Se exige al Gobierno Nacional desmantelar al paramilitarismo en todas sus expresiones: militar, política y económica.
• Se solicita a las guerrillas de las Farc-EP y al ELN que exigan al Estado Colombiano el desmonte inmediato del paramilitarismo como requisito indispensable para la terminación real del conflicto, para las garantías de no repetición y la refrendación de los acuerdos.
• Se solicita a la comunidad internacional, a los países facilitadores y garantes, que exijan al Gobierno Nacional el desmonte del paramilitarismo para garantizar los acuerdos de paz y la participación política y activa de la sociedad civil en la socialización, refrendación e implementación de los mismos.
• Se invita a todos los colombianos a apoyar los acuerdos de paz legalmente establecidos y a rechazar rotundamente las acciones paramilitares que hoy ponen en peligro los derechos humanos en nuestros territorios.