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Paramilitarismo en Medellín
Construcción de colegio en La Sierra revela presiones de desmovilizados
Agencia de Prensa IPC / Jueves 12 de febrero de 2009
 

Corporaciones sin ánimo de lucro conformadas en Medellín por reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se habrían apropiado de manera ilegal de recursos públicos destinados a obras civiles para fortalecer actividades ilegales.

Denuncias recibidas por la Agencia de Prensa IPC de organizaciones comunitarias y habitantes de la comuna 8, sector centro-oriental de la ciudad, señalan a la Corporación La Sierra con Futuro como una de las entidades implicadas en ese tipo de irregularidades y a uno de sus fundadores como el presunto responsable de esas apropiaciones.

El hecho más relevante se presentó durante la construcción de la nueva planta física de la Institución Educativa Villa Turbay, ubicada en el barrio del mismo nombre, y que será entregada oficialmente el próximo 28 de febrero por la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Los principales señalamientos sobre amenazas, robos y presiones que sufrió este proyecto recaen sobre Edwin Tapias, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Auc y uno de los más reconocidos líderes del proceso de reinserción en la ciudad. Según fuentes oficiales, Tapias cuenta con medidas especiales por parte del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín debido a serias amenazas contra su vida, y desde hace varias semanas abandonó la comuna sin que se conozca su paradero.

El colegio

La ampliación de la Institución Educativa Villa Turbay, cuya inversión asciende a los 1.300 millones de pesos, beneficiará a cerca de mil jóvenes de los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Liliam y Caicedo parte alta. Su construcción tardó 10 meses.

Además de las dificultades propias de un proyecto de esta envergadura, iniciado el 21 de abril de 2008, la empresa contratista tuvo que afrontar situaciones que van desde intimidaciones para la contratación de mano de obra no calificada, pasando por el robo continuo de materiales, hasta amenazas de muerte contra interventores y directores de obras.

Los problemas comenzaron cuando la corporación La Sierra con Futuro, liderada por Edwin Tapias, presidente además de la junta de acción comunal del barrio La Sierra, se vinculó al proyecto en calidad de subcontratista.

A través de esta Corporación, la firma bogotana Telval S.A, a quien la EDU le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, contrató personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra. El hecho, que se ajusta a los procedimientos normales y legales de cualquier tipo de obra civil, pasaría inadvertido de no ser por denuncias que dan cuenta de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

“Nosotros presentamos más de 50 hojas de vida de personal con experiencia para trabajar en la obra, pero no escogieron a ninguno. Después nos dimos cuenta que Edwin les dijo que, para que no se metieran en problemas, contrataran a la gente de él. ¿Quién es la gente de Edwin? Pues los desmovilizados del barrio”, dijo una fuente del barrio La Sierra, que solicitó permanecer en el anonimato.

Pero no todo para allí. Gracias a la complicidad del vigilante, miembro de La Sierra con Futuro, los desmovilizados hurtaron, incluso a plena luz del día, materiales de construcción, herramientas y pagos de nómina por valor cercano a los 10 millones de pesos durante el proceso de construcción.

“Llegó un momento en que esa obra parecía una ferretería. Si usted necesitaba cemento, varillas, ladrillos o herramienta, ellos mismos lo sacaban y se lo subían a la casa”, agregó la fuente. Ante tal situación, Telval S.A decidió enviar desde Bogotá a otro ingeniero para coordinar las labores de la obra.

Lo anterior sólo complicó las cosas. Declaraciones recogidas por la Agencia de Prensa IPC dan cuenta de cómo el nuevo responsable de la obra impuso mayores restricciones a Tapias en sus funciones; incluso, lo increpó por los robos de materiales, lo que le significó una suerte de amenazas contra su vida que se agudizaron a tal punto que en el mes de diciembre de 2008 y, tras instaurar una denuncia en la Fiscalía de Medellín, el ingeniero debió abandonar la ciudad.

Si bien los responsables de la obra deben estar a finales de este mes (febrero) en Medellín para entregar oficialmente el colegio, lo ocurrido los ha puesto a dudar sobre si vienen o no. Hasta el momento no han tomado ninguna decisión.

También se pudo establecer que las amenazas de muerte se extendieron al interventor de la obra, razón que llevó a que en las últimas semanas de ejecución del proyecto fuera instalado un puesto permanente de vigilancia por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el lugar.

Las explicaciones

Entre los testigos de estos hechos quedó la sensación de que “la Administración Municipal no procedió a tiempo para evitar los robos y las amenazas”. Sin embargo, fuentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) le manifestaron a la Agencia de Prensa IPC que sólo tuvieron conocimiento de lo ocurrido en diciembre del año pasado, justo cuando la obra estaba en su parte final.

Según un alto funcionario de la EDU, que también solicitó la reserva de su identidad, luego de conocer lo ocurrido se ordenó la desvinculación de Edwin Tapias de cualquier actividad relacionada con la obra. Asimismo, se creó una mesa de trabajo para informarle a la comunidad los avances de la misma y se ordenaron medidas de protección especial para los profesionales contratistas e interventores encargados de supervisar la ejecución del proyecto.

Si bien es cierto que la edificación pudo ser terminada y no le implicó sobrecostos a la Administración Municipal, flotan en el ambiente una serie de dudas sobre el proceder de la EDU y de reconocidos miembros del proceso de reinserción que, al parecer, fortalecen su actividad ilegal empleando medios legales.

Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), cuestionó el silencio de la Alcaldía de Medellín al respecto, argumentando que desde su institución “se denunció lo que estaba pasando en ese colegio varias veces, en mayo y en agosto del año pasado, y ellos sabían que los reinsertados estaban amenazando a los trabajadores y robándose una plata que es pública”, declaró Quijano.

Su aseveración es corroborada por habitantes de la zona quienes afirman que los dineros que recibió La Sierra con Futuro por concepto de subcontratación, sirvió para fortalecer militarmente a un grupo de desmovilizados leales a Tapias que actualmente sostienen una disputa armada con hombres de alias don Mario, quienes desde finales del año pasado vienen coptando pequeñas bandas a fin de hacerse al control de la zona.

Que los dineros públicos estén siendo desviados para actividades ilegales también plantea un reto para la Administración Municipal. Según el alto funcionario de la EDU, el hecho de que desmovilizados como Edwin Tapias estén al frente de juntas de acción comunal favorece este tipo de situaciones.

Según conoció la Agencia de Prensa IPC, debido a esta experiencia la Secretaría de Gobierno de Medellín pedirá a las empresas seleccionadas en este tipo de adjudicaciones y que requieran mano de obra no calificada que sólo contraten los servicios de vigilancia con entidades debidamente registradas ante la Superintendencia de Vigilancia; además, se establecerá un filtro judicial a las futuras subcontrataciones.

Sin embargo, los líderes tradicionales de la comuna 8 se preguntan por el papel del programa Paz y Reconciliación y el seguimiento que realiza a sus beneficiarios, pues no es la primera vez que se formulan quejas contra el accionar de Tapias, sin que haya un pronunciamiento oficial sobre él.