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Erradicación forzada en Putumayo
Red de Derechos Humanos de Putumayo / Jueves 28 de abril de 2016
 

La Red de derechos humanos de Putumayo, en cumplimiento de sus funciones frente a la vulneración de DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, denuncia ante el Gobierno Nacional, departamental y municipales, personerías y Defensoría del Pueblo que en los municipios del medio y bajo Putumayo crece la preocupación ya que tropas del Ejército Nacional ejercen fuerte presencia en los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes amenazando con aplicar erradicación forzosa y fumigación con glifosato a través de una bomba de espalda.

En lo corrido del año las comunidades de los municipios Orito, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz y San Miguel han denunciado que el Ejército viene realizando erradicaciones forzosas. Estas comunidades tienen la necesidad de implementar propuestas de sustitución que se viene construyendo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales en el departamento.

Se ha evidenciado en repetidas ocasiones las consecuencias que la erradicación genera, casos como conflictos entre el Ejército y los pobladores, allanamientos ilegales, pillaje, detenciones masivas, señalamientos y retenciones en caminos veredales; incluso han quemado viviendas con el afán de mostrar resultados frente a la aplicación de la política antidrogas, sin importar que atenta contra la seguridad, integridad física y tranquilidad de los moradores en zonas en las que se mantiene presencia militar, generando zozobra.

En la zona rural de Puerto Guzmán se encontraron documentos de propaganda militar de la Brigada Móvil 13 informando sobre la búsqueda de personas señaladas como parte de la “Red de apoyo al terrorismo”, hecho que se rechaza teniendo en cuenta que hace parte de la propaganda psicológica que involucra a las comunidades en el conflicto armado, infringiendo el DIH.

Se debe tener en cuenta que existen espacios de discusión y concertación con el Gobierno Nacional, avalados por el Presidente Juan Manuel Santos y los gobernantes locales, para evitar desplazamientos y poder cumplir con el retorno y buen vivir en el campo. Si bien es cierto que continúan los cultivos de uso ilícito, también se mantiene el abandono estatal y la voluntad del campesinado para la sustitución real de los mismos como una apuesta unificada para acabar con los problemas que el uso ilícito del cultivo conlleva.

Se hace un llamado urgente para iniciar el retiro de las tropas del Ejército que hacen presencia en las comunidades y para comenzar procesos concertados para la sustitución real de cultivos de uso ilícito. Se insta a las entidades encargadas de velar por el respeto y aplicación de los DDHH y el DIH para que brinden la oportunidad de construir paz con justicia social aplicando garantías reales para la misma.