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Proceso de paz
Veeduría social al conflicto: Etapa de transición
El cese unilateral de fuego por parte de las FARC-EP se cumplió en su totalidad. La amenaza paramilitar ensombrece los avances en la mesa de La Habana. Informe de Veeduría Social
Hernán Camacho / Viernes 29 de abril de 2016
 

El periodo comprendido entre el 20 de noviembre del pasado año y el reciente 20 de marzo puede ser la última evaluación de los actos de guerra sucedidos en el marco del conflicto armado colombiano que realicen en terreno las organizaciones sociales. La razón, es la proximidad de la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral y de hostilidades entre las FARC-EP y el Gobierno nacional.

Hay un cese bilateral de facto con un cumplimiento pleno de la guerrilla en el cese unilateral de fuego. Esa afirmación se conoce después de ser publicado el octavo informe de las organizaciones sociales que hacen parte de la Veeduría Social: “Durante este periodo las partes han madurado actitudes y posiciones que le dan plena viabilidad y confianza para decretar un Cese Bilateral al Fuego y de Hostilidades”, señala el informe.

Los antecedentes

El país atraviesa el mejor momento de desescalamiento en cincuenta años de guerra. Las partes llegaron a este punto luego de enviarle al país mensajes en esa dirección. El 12 de julio hicieron público el comunicado conjunto número 55, titulado “Agilizar en La Habana, desescalar en Colombia”; después llegó el encuentro entre el presidente de la República Juan Manuel Santos y el comandante máximo de la insurgencia Timoleón Jiménez, el 23 de septiembre de 2015, para firmar el Acuerdo de Víctimas. El 19 de enero del presente año las delegaciones de paz le solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU, convertirse en el agente de verificación al Cese Bilateral al Fuego y Hostilidades. “Estamos muy cerca de parar la guerra”, le señalaron a VOZ fuentes de la delegación de paz insurgente.

Sin embargo, las cifras favorables que dejan estos seis últimos meses de verificación al cese unilateral, se empantanan con dos factores de violencia creciente: “se han presentado varias acciones de la Fuerza Pública contra la población civil que constituyen graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH; y en segundo término ha aumentado la presencia y las acciones de los grupos paramilitares en varios territorios del país”, indican los voceros de la Veeduría Social.

Dichas acciones se reportan principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Tolima, Caquetá, Arauca, Antioquia, Putumayo. Pero también se han presentado hostilidades de la fuerza pública en la región del Catatumbo.

Violaciones de DD.HH.

La última acción violenta que registró el informe fue el pasado 12 de marzo, en la vereda Naranjal, municipio de El Bagre, Antioquia, donde miembros del Ejército nacional sin identificar y con pasamontañas, adscritos al Batallón Energético Vial número 5 llegaron en motocicletas en medio de un aparente operativo contra mineros artesanales. “Con la llegada de éstos efectivos no identificados los barequeros huyeron del lugar, ante lo cual los militares dispararon contra éstos, generando caos, llegando a dispararse entre ellos mismos; como consecuencia de los hechos Jorge Luis Sánchez, minero artesanal, cayó herido y falleció horas más tarde”, indica el informe.

La violencia paramilitar se ha incrementado en el periodo estudiado por la Veeduría. Para los investigadores, el modus operandi de los grupos paramilitares en estas regiones se traduce en amenazas, hostigamientos, amedrentamientos, desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones forzadas con prácticas que buscan causar terror al interior de las comunidades, como la decapitación de campesinos, generando zozobra entre los pobladores.

Advierte el informe que la Fuerza Pública en la gran mayoría de los casos reportados como incursiones violentas del paramilitarismo termina siendo cómplice de estas actuaciones, bien sea por acción o por omisión, cuando ante estos hechos no actúa para evitar que estas situaciones se repitan y sigan ocasionando la gran cantidad de víctimas.

Defensores

Los números que preocupan a los integrantes de la Veeduría Social son aquellos en los que las víctimas son defensores de derechos humanos. Entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2015 fueron asesinadas 21 personas, entre los cuales había líderes y defensores de derechos humanos; un mes después, entre el 20 de diciembre de 2015 y el 20 de enero de 2016, el número de asesinatos fue de 15; entre el 21 de enero y el 20 de febrero del mismo año se registró el mismo número de muertos; y entre el 21 de febrero y el 20 de marzo se incrementaron desbordadamente el número de asesinatos, el resultado fue de al menos 35 personas a quienes les quitaron la vida; “este grave incremento del último mes sigue al aumento registrado en el mes anterior de las amenazas, lo que resulta preocupante. De esas 35 personas, 10 eran miembros de organizaciones del movimiento social y popular, lo que pone de nuevo sobre la mesa la falta de garantías y la necesidad de que ésta sea establecida de forma urgente por el Estado”, dice los veedores.

Recomendaciones

Las partes han expresado y materializado su voluntad de acabar el conflicto armado. Para ello la construcción de confianza mediante la interlocución en la mesa de conversaciones y los efectivos gestos de paz como el cese unilateral dispuesto por las FARC-EP y el desescalamiento de los operativos militares, son razones para describir este momento como de transición.

La Veeduría Social hace un llamado para que sean incluidas sus organizaciones sociales y en general la sociedad colombiana en el Mecanismo Tripartido: Gobierno, FARC-EP y ONU para la verificación del cese bilateral al fuego y hostilidades, como garantía de protección a las comunidades que han sido víctimas en los escenarios de guerra.

Entre las principales recomendaciones la Veeduría hace énfasis en que la Fuerza Pública cumpla su función constitucional con respeto a las garantías civiles y los derechos humanos de poblaciones y territorios que demandan el respeto por su vida e integridad. “Ya que esto genera desconfianza en ver la posibilidad de transformaciones imprescindibles para la construcción de paz y la confianza en las negociaciones entre las partes”, indica el informe.

Respecto al paramilitarismo se señala: “Se hace urgente materializar la mesa o espacio solicitado al Ministro de Defensa de seguimiento sobre el fenómeno paramilitar en crecimiento, denunciado por esta Veeduría, que le resta credibilidad a la visión e imaginario de fin del conflicto. Máxime si hay denuncias de connivencia por parte de la Fuerza Pública o por la omisión de las mismas o incapacidad para garantizar la seguridad y garantías democráticas de personas y organizaciones, como fue el caso de Planadas – Tolima, constatando este territorio como vedado para ejercer derechos de libre expresión y ejercicio de la democracia”.

En esta etapa del proceso de paz se hace urgente el compromiso de no repetición para consolidar una paz estable y duradera. Para ello se hace urgente que se erradique la financiación y el respaldo político del aparato paramilitar que sigue siendo la mayor amenaza para la firma del acuerdo final.