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Proceso de paz: entre la ilusión y la incertidumbre
Carlos Arturo Velandia Jagua / Martes 3 de mayo de 2016
 

Luego de más de 1200 días de diálogos ininterrumpidos (ver cronología del proceso de paz) y más de ocho meses de cese al fuego unilateral decretado por parte de las Farc-EP y del inicio del desescalamiento del conflicto; se llegó al punto de que el jefe de la delegación de las Farc dijera al Parlamento Europeo que “en Colombia se registra un cese bilateral del fuego de hecho” [1]. Con un conjunto de acuerdos sustantivos, la Mesa de La Habana ha entrado en su recta final abordando el 30% restante de la agenda, según cálculos de Timoleón Jiménez [2], para quedar a punto de la firma del acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno Nacional y la organización insurgente de las Farc.

En este tramo final las partes se ocupan de definir los términos de entendimiento para operativizar el cese el fuego bilateral definitivo, que marcará un antes y un después en los 51 años de conflicto armado, y que será punto de partida para la dejación de las armas y para la transformación de una organización alzada en armas a movimiento político que desarrollará, en adelante, una la lucha política sin armas. Llegar a este punto implica que se resuelvan en la Mesa aspectos claves para asegurar el éxito de las negociaciones y para crear bases reales para una paz estable y duradera; tales como la ubicación de las fuerzas guerrilleras en determinados territorios, para lo cual las partes deberán contemplar un conjunto de variables que serán determinantes para concretar el número y los lugares específicos de ubicación.

Las variables que deberán contemplarse son: amenazas para la seguridad, condiciones logísticas favorables para la verificación, acumulados políticos y sociales básicos para que los combatientes puedan hacer la transición de la vida castrense a la vida civil, al igual que para hacer el tránsito hacia un movimiento “alzado en paz”, habilitado jurídica y estructuralmente para hacer política sin armas, en el marco de la institucionalidad y bajo el amparo de la Constitución Nacional; además para posibilitar el encuentro entre los combatientes y sus familias e incluso entre éstos y sus víctimas.

Esta puesta a punto pasa además por definir con claridad lo relativo al mecanismo refrendatario de los acuerdos de paz, el diseño de las fases de implementación de los acuerdos y dar cuenta de los 28 puntos que las partes han puesto en “el congelador”. Resulta obvio reconocer que los temas en discusión, y los que faltan por ser abordados, son de complejidad mayúscula, de tal modo que ese 30% no es sólo una porción menor, es una porción definitoria para poner punto final a la guerra en Colombia. Por fortuna las partes han diseñado una arquitectura de proceso que les ha permitido realizar un trabajo intenso y multifacético, al examinar de manera simultánea los temas restantes para completar la Agenda. Así las cosas la Comisión Ejecutiva [3] de la Mesa cuenta con borradores y documentos que han sido sustanciados y examinados por subcomisiones conjuntas y temáticas que vienen operando desde meses atrás.

Por otro lado las partes acusan la necesidad de agilizar las negociaciones, habida cuenta de las necesidades políticas que las presionan: el Gobierno tiene prisa por finiquitar el proceso en 2016 para evitar que se monte en la coyuntura electoral del año siguiente, ya que es de todos sabido que es muy difícil dar trámite a procesos de diálogo en medio de debates electorales, que por lo general tienen un impacto negativo en las negociaciones. Por su parte las Farc dan muestras inequívocas de querer llegar al fin de la confrontación armada a la mayor brevedad, pues esto significa que deberán ponerse a tono en breve plazo para hacer política sin armas y con ella continuar en la lucha por el poder político.

La comunidad Internacional ha sido generosa al momento de rodear el proceso de paz en Colombia [4], tanto para la realización de los diálogos como para el apoyo e inversión en el periodo del posconflicto armado; pero estos apoyos también tienen límite en el tiempo, de modo que los países más comprometidos y cercanos al proceso animan a las partes a avanzar en el proceso hasta lograr finiquitarlo, dado el alto costo económico, institucional y político invertidos en la paz de los colombianos. Además las partes tienen el lógico interés de dar inicio, a la mayor brevedad, a los acuerdos pactados, pues es norma empírica que “quien pacta acuerdos, es quien mejor los entiende y aplica”. Por ello el mejor momento político para finalizar el proceso de diálogo, e implementar los acuerdos, es el actual y en medio de este periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Escenarios de tiempos posteriores y con otro mandatario, generan incertidumbre sobre el éxito de la paz en el país.

Comienza diálogo en su fase pública entre el ELN y el Gobierno Nacional [5]

Debieron pasar 25 meses y 19 rondas de tortuoso y complejo diálogo exploratorio para que el Gobierno Nacional y la organización insurgente ELN cerraran con éxito la difícil empresa de concretar una Agenda de diálogos, con su correspondiente arquitectura, para pasar al diálogo formal en fase pública. Así el 30 de marzo pasado, desde la ciudad de Caracas [6], el país y el mundo se enteraron de esta buena nueva con un hondo significado que despeja el panorama para ver con más claridad que el escenario de cierre definitivo del conflicto armado interno podrá lograrse; para que así el conjunto de la sociedad, en toda la geografía nacional, pueda dedicarse a construir la paz y la justicia social, sin la presión ni la interferencia de las armas y la violencia.

El proceso con el ELN tiene un doble significado, teniendo en cuenta que así se completa la ecuación para el fin del conflicto armado interno que opera en todo el territorio nacional, además de que los acuerdos que se han obtenido en la Mesa de La Habana podrán ser implementados en territorios de presencia compartida por las dos guerrillas, sin los obstáculos que se derivarían de una situación de una guerrilla en guerra y otra en paz. Si bien el anuncio de apertura de la Mesa de diálogo con el ELN incrementa la ilusión en la sociedad colombiana y en los pueblos y gobiernos de la región; los contenidos y metodología para el trámite de la Agenda muestran luces y sombras, que esperamos puedan ser aclaradas en el desarrollo del proceso.

Luces y sombras:

Ocho luces:

1. El ELN y el Gobierno dan un paso gigante al aceptar que el fin del conflicto está atado al ejercicio de la política sin armas y con garantías en el posconflicto armado.

2. El texto del acuerdo es categórico y reiterativo en que el diálogo y la negociación son para poner fin al conflicto armado. (Ver párrafo 1 del Acuerdo)

3. El acuerdo establece que la sociedad tendrá una participación protagónica, de tal modo que marca un contraste con la Mesa de La Habana. Las víctimas son a la Mesa de la Habana, lo que la participación de la sociedad es a la Mesa de diálogos con el ELN. Esta participación fortalece la noción de solución democrática de los conflictos.

4. El diálogo Gobierno – ELN se dará en el marco de un proceso único y nacional; en un esquema de dos mesas en un solo proceso.

5. Las mesas tienen ritmos y contenidos diferentes, pero los temas de fin del conflicto armado y la transición hacia la lucha política sin armas, son temas comunes que podrán armonizarse y sincronizarse.

6. Habrá interacción entre la Mesa de La Habana y la Mesa con el ELN, fundamentalmente en aquellos temas que son comunes en las dos agendas. Así, el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz [7] alcanzado en La Mesa de La Habana, es un punto de partida y referente muy sólido a la hora de examinar los temas de víctimas y justicia en la Mesa Gobierno - ELN. Igualmente los futuros acuerdos sobre dejación de armas, cese el fuego bilateral definitivo, sobre implementación de acuerdos y verificación, que se están discutiendo en La Mesa de La Habana; serán de gran utilidad en la Mesa con el ELN.

7. La presencia de la Comandante “Paula” [8] en la firma del acuerdo, y seguramente en la delegación del ELN, constituye un avance en la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de ONU, que insta a las partes enfrentadas a posibilitar la participación directa de mujeres en negociaciones de paz y a incorporar el enfoque diferencial de género en los Acuerdos. Tratándose de la comandante Paula, por su trayectoria, peso en la guerrilla del ELN y su talante al defender la causa de las mujeres en un contexto de guerra revolucionaria y de lucha de liberación de toda forma de opresión, hará de la presencia de Paula en la Mesa un avance significativo en favor de los derechos de la mujer colombiana. Muy seguramente el Gobierno tomará nota de este buen suceso para responder con reciprocidad y fortalecer el mandato de la Resolución de la ONU ya mencionado.

8. Las partes han dado muestra de una gran madurez y comportamiento realista al pactar una Agenda viable, tramitable y alcanzable, en el marco de la construcción de una paz posible.

Seis sombras:

1. El acuerdo deja en manos de la sociedad la organización de su propia participación, es decir en manos de un tercero la definición de la metodología, los contenidos, los lugares y los tiempos; lo cual podría conducir a que las partes pierdan el control del proceso en al menos el trámite de dos puntos de la agenda bilateral: el de democracia para la paz y el de transformaciones para la paz. Es claro el sentido de democracia avanzada que se da al proceso al permitir que la sociedad examine algunos temas relacionados con las causas del conflicto armado. Pero no puede olvidarse que la participación y examen de los temas está ligada a posibilitar el acuerdo de fin del conflicto armado, por lo que han de ser (la participación y los temas) los necesarios, pero también los suficientes para lograr poner fin a la guerra.

2. El Acuerdo establece que las partes darán “especial relevancia a las recomendaciones” (Ver Fase II, Punto 3, Subpunto G) resultantes de los ejercicios de participación social, pero desde sectores sociales afines al Camilismo, que serán protagónicos en la participación de la sociedad, se registra una fuerte tendencia a que las conclusiones del examen de temas tenga un valor vinculante, es decir que sean mandatos y no sólo recomendaciones. Además resulta harto ambigüo la “especial” relevancia que darán las partes a las “recomendaciones”. La ambigüedad sobre el valor que finalmente darán las partes a los resultados de la participación, podría generar desestimulo para la participación.

3. La Comisión de impulso y preparatoria de la propuesta de Mesa de Diálogo Social para la Paz, que han integrado líderes de distintos movimientos sociales del segmento popular de la sociedad, se ha dado a la tarea de diseñar el proceso de participación, que deberá pasar por la prueba ácida de su capacidad de convocatoria, para lograr la más alta participación de los colombianos. Pero las realidades de sectarismo, sectorialismo, vanguardismo y otras manifestaciones de estas índoles en el seno de la izquierda y el sector popular en Colombia, estarán presentes al momento de convocar y de participar, por lo que podría ocurrir que la incidencia de los sectores populares termine por ser la de los que tienen mayor afinidad con las tesis camilistas. Mayor dificultad representa para la Comisión de Impulso lograr concitar el interés y la participación de sectores sociales del Establecimiento, que podrían considerar que su participación no es necesaria por cuanto ya lo vienen haciendo en los espacios que la institucionalidad les permite. Si esta circunstancia ocurriera, podría frustrarse el propósito de trabajar por construir consensos básicos entre los distintos segmentos y sectores de la sociedad, y el diálogo social quedaría restringido al de la sociedad civil popular.

4. No es posible establecer previsiones de temporalidad en el desarrollo del proceso, lo cual se reflejará en que no se producirán acuerdos parciales en el corto y mediano plazo, lo que a su vez podrá generar descreimiento de la sociedad, retiro de apoyos a la Mesa y menoscabo de su legitimidad. Es sabido que un proceso de diálogo de paz sin resultados a la vista es difícil de sostener. A no ser que las partes decidan dar mayor dinamismo a la Mesa al examinar bilateralmente los temas de los puntos 4, 5 y 6 (los referidos a víctimas, fin del conflicto e implementación), de manera simultánea con el desarrollo del diálogo social. De este modo se podría avanzar con mayor celeridad y producir avances visibles, que serán bien valorados por la sociedad. Esto redundará en mayor reconocimiento y legitimidad para la Mesa y el proceso.

5. La itinerancia de la Mesa por cinco países podrá restar ritmo y continuidad en los diálogos; además del gasto y el esfuerzo humano y logístico que supone montar y desmontar una Mesa en cinco momentos diferentes, correspondientes a los cinco países que serán sede de los diálogos.

6. El diálogo en medio del conflicto es un escenario muy difícil de gestionar, pues las partes se ven empujadas, casi que de manera natural, a escalar la confrontación para demostrar sus respectivas fortalezas y porque creen que con hechos de fuerza en el campo de batalla, pueden obtener ventajas en la Mesa de diálogos. Por lo contrario, los hechos militares tienen un mayor impacto en la sociedad que en las partes mismas, y casi que ninguna incidencia en la Mesa; pero sí introducen interferencias, alteraciones y sobresaltos en la dinámica y trámite de la Mesa. En el final de la guerra y a las puertas de la paz, matar un soldado, matar un policía, matar un guerrillero, matar un civil, no reporta ninguna ventaja a la parte que realice tales actos, sólo acrecienta el dolor en las familias víctimas que soñaban con la llegada de la paz, la que traería a sus hijos de regreso a sus hogares [9]. Quitar una vida en estas circunstancias no define ni altera la correlación de fuerzas, pero envilece a los dirigentes y a las personas que por sus órdenes y actos disuelven los hogares. La vida al final de la guerra adquiere mayor valor porque son vidas que construirán paz y serán de gran utilidad para la sostenibilidad de la misma. Urge que las partes convengan desescalar el conflicto armado, produciendo alivio en la sociedad, fortaleciendo el escenario que viene produciéndose en el país por cuenta de la Mesa de La Habana, hasta crear las condiciones favorables para pactar el cese del fuego bilateral y definitivo.

Una crisis: el secuestro y su impacto en la Mesa

En teoría es entendible y hasta explicable que se pretenda llegar a una Mesa de Diálogos, que discurrirá en medio del conflicto armado, con todas las prácticas que a lo largo del conflicto se han venido realizando; pero lo que no es admisible, es que en un contexto de diálogo de paz y cuando más se requiere generar confianza entre las partes del conflicto, pero mucho más importante confianza en la sociedad hacia la Mesa de diálogos y hacia el proceso de paz, las partes o una de ellas realice actos que agreden más a la sociedad que a la contraparte. Hemos sido categóricos y explícitos al decir que pretender llegar con secuestrados civiles a la Mesa y con la facultad de seguir secuestrando mientras se dialoga, crea un clima negativo que llevará a que la Mesa se rompa; y como de lo que se trata es de superar el conflicto armado, se debe proteger el instrumento que lo hará posible: el diálogo bilateral en una Mesa [10].

De otra parte el secuestro es la práctica guerrillera que la sociedad más reprueba, constituye una carga de dolor inenarrable para las familias que lo padecen y con ello se revierte la condena general de la sociedad. Además cualquier intento por defender o explicar las razones de esta práctica, choca con el muro del dolor y la reprobación de la sociedad, máxime cuando las víctimas del secuestro son por lo general familias de sectores medios de la sociedad, e incluso de los mismos sectores populares, cuyas causas argumenta el ELN defender. Hoy en día no existe un solo sector social o movimiento político, de derecha o izquierda, dispuesto a admitir que el secuestro es una práctica que acompañe el proceso de paz.

Ahora bien, Juan Manuel Santos ha puntualizado de manera categórica que no iniciará la Mesa en su fase pública, “hasta tanto el ELN no libere a los secuestrados en su poder y no renuncie a seguir secuestrando” [11]. Por su lado el ELN dice que no acepta ningún tipo de condición y que la práctica del secuestro debe ser tratada en la Mesa, al igual que todas las prácticas del conflicto realizadas por las partes [12]. Asegura además que las reglas del juego quedaron claramente establecidas en la Agenda, y alega que fue el Gobierno quien estableció que los diálogos se harían en medio de la confrontación. Queda a la vista que las posiciones son contrapuestas y no se vislumbra posibilidades de que una de las partes ceda frente a la otra, por lo que queda el recurso de un tercero que oficie como “componedor”.

Por fortuna, el grupo de países garantes (Cuba, Noruega, Venezuela, Ecuador, Brasil y Chile), tiene entre sus miembros a los cuatro países que acompañan la Mesa de La Habana, en la que han tenido un desempeño altamente calificado y de gran utilidad en momentos de crisis de ese proceso. Han sido tres los momentos en los cuales Cuba y Noruega [13], con el apoyo de Chile y Venezuela, han actuado como mediadores y amigables componedores al recomendar fórmulas de solución a situaciones críticas de manera satisfactoria [14], pues las partes han aceptado e implementado sus recomendaciones, saliendo de cada crisis más fortalecidos y con mayor compromiso y convicción.

Para superar la crisis en la antesala de la Mesa en fase pública, es conveniente que tanto el Gobierno como el ELN depositen su confianza en los países garantes para que ellos procedan a producir fórmulas de solución, que podría ser que cada parte realice acciones positivas de tal modo entienda que su acción será útil para que la otra parte realice la propia. En el caso puntual, el ELN podría verse estimulado a liberar a los secuestrados y a proscribir definitivamente la práctica del secuestro, si el Gobierno promueve actos administrativos para aliviar la vida de los presos políticos del ELN en las cárceles del Estado. Estas medidas podrían ser: acercamiento familiar, concentración de presos del ELN en patios especiales, revisión de los procesos judiciales, excarcelaciones por razones humanitarias, u otras de esta especie.

Finalmente conviene advertir que mientras se mantenga vigente el Acuerdo de Caracas del 30 de marzo, se debe mantener el diálogo entre las delegaciones de ambas partes para que en trabajo de “extra-Mesa” puedan examinar la crisis y resolverla con entendimientos e intercambio de voluntades. Para el caso se trataría de producir acciones positivas de alivio a la situación de los presos del ELN, al tiempo que el ELN produce acciones positivas de alivio a la sociedad.