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Debate en el País Vasco sobre el proceso de paz en Colombia
El papel de la sociedad civil en los procesos de paz
Marcha Patriótica Bélgica / Domingo 15 de mayo de 2016
 

La Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL organizaron el pasado 13 de mayo en Baluarte, Pamplona (País Vasco), un seminario para reflexionar sobre "el papel de la sociedad civil en los procesos de paz". En la jornada se hizo hincapié especial sobre las experiencias de Colombia y Euskal Herria. El encuentro desarrolló charlas, debates y mesas redondas con la participarán de representantes de EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos de Colombia, miembros de Mesa por la Paz, Organización Indígena de Colombia, el Instituto de la Paz de Catalunya, el Foro Social Bake Bidea y la Fundación Baketik.

El seminario fue abierto por el euro-diputado Josu Juaristi Abaunz de EH Bildu - GUE / NGL y contó con la participaron de Ainhoa Aznarez Presidenta del parlamento Navarro de Podemos; Maite Mola vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea - European Left (EL); Tica Font Gregori directora del Institut Catalá Internacional per la Pau; Agus Hernan del Foro Social para impulsar el proceso de paz, por la experiencia en el sur del País Vasco Anaiz Funosas Bake Bidea, por la experiencia en el norte del País Vasco, Luz Yaeni Aguirre Organización Nacional Indígena de Colombia; Edgar Mojica Congreso de los Pueblos y Alberto Pinzón Sánchez del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

A continuación se reproduce la intervención de Alberto Pinzón Sánchez del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica:

Los retos para la sociedad civil de Colombia en el proceso de paz actual.

Por: Alberto Pinzón Sánchez [1]

Sintetizar el fin de 70 años de guerra contrainsurgente y las resistencias de todo tipo que ésta ha generado en Colombia, guerra que se ha aceptado llamar como conflicto armado interno; en tan poco tiempo, es de por sí otro gran reto personal. Sin embargo, y a pesar de que doy por firmado el próximo acuerdo definitivo entre el Estado colombiano con la Insurgencia de las Farc-Ep, y del cumplimiento estricto de todos los puntos acordados por ambas partes; voy a intentar dar algunos elementos resumidos de lo que considero pueden llegar a ser lo que en lenguaje colombiano consideramos obstáculos para la paz.

El Primero de ellos es, como fue reconocido en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto presentado en febrero de 2015, la existencia de dos proyectos sociales; dos concepciones bastante diferentes e incluso enfrentadas, de lo que se considera la paz para Colombia, que surgen de dos maneras también muy distintas de analizar y entender lo que es y ha sido la historia de Colombia a lo largo de su vida como nación independiente en el concierto latinoamericano y caribeño.

Hay un concepto emanado del Bloque de Poder Contrainsurgente dominante y gobernante en Colombia, que pretende dar un espectacular salto de pértiga sobre ocho millones de víctimas de todo tipo que ha dejado la guerra contrainsurgente en estos 70 años de evolución, para persistir en su proyecto de continuar profundizando su visión neoliberal de la economía y la sociedad colombianas, como si no hubiera pasado nada en todos estos años. Que simplemente basta que las insurgencias o resistencias armadas entreguen las armas y se reintegren al resto de la sociedad y sean cooptados políticamente como en los otros procesos de desarme, desmovilización y reinserción ocurridos en el pasado, para que todo vuelva a ser color de rosa y la sociedad en general, una vez haya eliminado la disfuncionalidad del conflicto armado, vuelva a su estado normal equilibrado. Es lo que se ha conceptualizado bajo el nombre de la paz del post-conflicto.

Pero también existe un proyecto alternativo y hasta antagónico que considera que una vez se hayan alcanzado los acuerdos políticos, que no son negociaciones económicas o jurídicas sino acuerdos políticos generales para finalizar la resistencia armada a la contrainsurgencia estatal, se abre un periodo amplio de transición marcado por una creciente movilización social y popular, donde las otras resistencias sociales como la resistencia obrera a los bajos salarios y al neoliberalismo, la resistencia campesina a los tratados de libre comercio y por una reforma agraria democrática, la resistencia centenaria de las comunidades indígenas y comunidades negras por su tierra, por su cultura y contra la opresión y el racismo; la resistencia de los estudiantes por una educación popular y de calidad; la resistencia de los defensores de derechos humanos, la resistencia de los partidos políticos excluidos, perseguidos y exterminados; la resistencia de las mujeres doblemente oprimidas y explotadas; la resistencia civil contra la depredación de la naturaleza y contra el ecocidio de las compañías trasnacionales; la resistencia de comunidades LGBT, entre otras van a persistir y a continuar movilizándose masivamente con mayor intensidad en busca de una paz democrática con justicia social.

Por eso ese proyecto se llama movilización social para los post acuerdos. Es decir que continuar con la idea de imponer la visión única y hegemónica de la paz del post- conflicto será fuente indudable de nuevas conflictividades.

Un segundo gran obstáculo para la sociedad civil colombiana en el proceso de paz es y será la persistencia de las concepciones y prácticas contrainsurgentes y anticomunistas del enemigo interno, provenientes d e la guerra fría internacional, con más de 70 años de evolución en Colombia, y del gran arraigo de esta ideología dentro del bloque de clases dominante y dentro de un amplio sector de la clase media alta subalterna que ha impregnado profundamente la mayoría de las instituciones del Estado colombiano, apoderándose de éstas.

Si consideramos la conocidísima ecuación de Gramsci Estado = hegemonía + coerción, vemos como el centro de la ideología contrainsurgente ha cohesionado y pegado la mayoría de los aparatos de la “hegemonía” como los partidos políticos, universidades religiosas, sindicatos oficialistas, púlpitos políticos y en especial el llamado oligopolio mediático contrainsurgente formado por un pequeño grupo de casas noticiosas, que pertenecen a exclusivas y reducidas familias multimillonarias y durante siglos han monopolizado el poder en Colombia. Recientemente estos medios se han entroncado con monopolios informáticos trasnacionales y globales para convertir la función pública de la información en simple propaganda en favor de sus propios intereses privados y familiares, negando cualquier posibilidad democrática para informar libremente a la sociedad. De igual manera es destacable la persistencia y el dominio de dicha ideología contrainsurgente en la mayoría de los aparatos de “coerción” oficial, tales como los organismos armados y de inteligencia que dependen del actual Ministerio de Defensa. Las cárceles o mazmorras políticas del Inpec en las que se tortura y se pudren cerca de 10 mil presos políticos. La Fiscalía y la Procuraduría politizadas al servicio de los contratos y la impunidad para los amigos y la ley para los enemigos. La Seguridad del Estado al servicio directo de los narco-paramilitares. La administración pública, en especial la relacionada con el sistema electoral al servicio del fraude en favor de la elección de los llamados parapolíticos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, el régimen subsidiado de la salud y el Instituto de Bienestar Familiar al servicio de la corrupción generalizada, todo esto quedó demostrado una vez más con el asqueante caso de la apropiación de los dineros públicos destinados para darle comida a niños de los jardines infantiles y escuelas de todo el país.

Un tercer reto no menos importante ha sido, es y será, lo que en Colombia se conoce como el fenómeno narcoparamilitar derivado de esta práctica estatal contrainsurgente, que como pieza fundamental del bloque de poder contrainsurgente dominante y como una estrategia de la guerra fría anticomunista de EEUU, fue puesto en marcha en Colombia desde hace 69 años tras la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947. El plan fue iniciado por el gobierno falangista de Ospina Pérez y Laureano Gómez con su tenebrosa policía “chulavita” con el fin de aniquilar y derrotar al enemigo interno comunista, socialista y gaitanista, supuesto aliado de potencias comunistas extranjeras.

El fenómeno narcoparamilitar, que en su desenvolvimiento a lo largo de los años creó una fusión de tres personas distintas pero en un solo dios verdadero, que junto con la fracción de la clase que lo soporta, opuesta visceralmente a cualquier proceso para finalizar la guerra anticomunista, pretende continuar, ad eternum, con sus jugosos negocios de armas, seguridad y mercenarismo. De monopolización, especulación y extranjerización de la tierra, de exportación de narcóticos y chatarra, lavado de dinero y demás negocios de economía subterránea. Fenómeno que el mismo Gobierno que está sentado en la mesa de La Habana hablando de paz, ha dicho por boca de uno de sus antiguos plenipotenciarios, Luis Carlos Villegas ahora Ministro de Defensa, que no existe; contrariando toda evidencia que lo ha mostrado como un poderoso poder de facto a nivel nacional. Poder paralelo que fue exhibido impunemente el pasado 2 de abril y que según la organización británica Justice For Colombia, en el informe
presentado en abril de 2016, se han aniquilado entre 2011 y 2015 más de 534 líderes populares y defensores de derechos humanos, es decir enemigos internos, 115 de éstos eran militantes de la organización opositora Marcha Patriótica.

Poder paralelo de facto que, según un estudio pormenorizado de la ONG Indepaz dirigida por el exministro Camilo González y presentado el 22 de abril 2016, está actualmente constituido por 14 grupos con diferentes nombres como Urabeños o Clan Úsuga, Rastrojos, Águilas Negras, Fiac, Buenaventureños, Renacer, Héroes del Valle, Autodefensas de Casanare, Rudos, Los Paisas de Nariño, Libertadores de Vichada, Los Vallejos del Guaviare, entre otros, con una presencia armada en 149 municipios de toda la geografía colombiana.

Existe además una cuarta amenaza que consiste en la incertidumbre general o mejor la inseguridad jurídico política sobre la inclusión de los acuerdos pactados en La Habana en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que paradójicamente ha venido impulsando el propio presidente Santos como maniobra electoral unilateral para convocar a elecciones plebiscitarias refrendatorias. Bien miradas tienen el objetivo oscuro de imponer el candidato presidencial de su preferencia que lo remplazará en su carrgo. Este hecho está siendo utilizado por la fracción de clase que dentro del bloque de poder dominante liderada por el expresidente Uribe Vélez, el Procurador Ordoñez y Félix Lafauríe, actual jefe del poderoso gremio ganadero colombiano o Fedegán, rabiosamente se oponen con todos sus recursos oficiales y para-oficiales a la finalización de ese resabio de la guerra fría estadounidense que constituye la guerra contrainsurgente en Colombia.

También han planteado como programa político de una futura presidencia de Ordoñez en el 2018, el argumento de que si el tal plebiscito es derrotado en las urnas, la “negociación con las fart” debe ser totalmente corregida, es decir invalidada. Con lo cual se abriría un complejo y contradictorio panorama, algo así como el reinicio de un nuevo circulo vicioso que influirá no sólo en Colombia sino en toda la región latinoamericana y caribeña.

Por último, el quinto reto que el pueblo colombiano debe vencer para alcanzar una paz democrática, sostenible y duradera, es que el régimen dominante permita la más amplia movilización social que ha estado reprimida, criminalizada y exterminada durante estos 70 años de guerra contrainsurgente y sin la cual no habrá posibilidades de avanzar hacia la verdadera paz que están clamando y exigiendo la mayoría de los
colombianos que viven de su trabajo.

[1Alberto Pinzón Sánchez es médico y antropólogo colombiano quien, a raíz de su participación en la comisión de personalidades creada por la Mesa del Caguán en 2001, fue amenazado directamente por el jefe narcoparamilitar Carlos Castaño y debió exiliarse en Europa, sin poder regresar a su patria.