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¿Quién dijo que en Medellín no hay campesinos?
Declaración de los corregimientos de Medellín como Distrito Rural Campesino, aporte para la paz de Colombia
Agencia Prensa Rural, Cindy Lopera / Miércoles 18 de mayo de 2016
 

El 11 de mayo se realizó en Medellín un nuevo intercambio de saberes, de los varios que se tienen pensados desde la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, en torno a la temática de constituir un Distrito Rural Campesino en la capital antioqueña. Medellín, cuenta con cinco corregimientos rurales que colindan con el área urbana y que, debido al acelerado ritmo de crecimiento de la ciudad, se están viendo amenazadas allí sus costumbres ancestrales y la posibilidad de proveer alimentos para sus familias y para la distribución en la ciudad.

En el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- para Medellín se contempla la figura del Distrito Rural Campesino, sin embargo las mismas comunidades saben de la necesidad perentoria de conocer y llenar de contenido dicha normatividad, esa es una de las razones por las que se están organizando eventos como éste.

Desde años atrás los habitantes de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Santa Elena, Altavista y San Antonio de Prado -los cinco corregimientos de Medellín- vienen discutiendo en las Juntas de Acción Comunal, en organizaciones juveniles y de mujeres y a través de convenios con proyectos medioambientales, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Una reglamentación clara, construida en conjunto con las comunidades, permitiría conciliar entre la necesidad medioambiental de conservar el área rural que rodea las ciudades y la posibilidad de producir alimentos de manera sustentable para resolver el tema de soberanía alimentaria en dichas ciudades. Este punto medio de conciliación debe estar incluido en el POT que a su vez debe plantear soluciones frente a las problemáticas más recurrentes que afectan a los campesinos.

Los precios bajos que encuentran los pequeños y medianos productores campesinos en los mercados de la ciudad para sus cosechas, el interés de varias constructoras en urbanizar el campo con “condominios rodeados de naturaleza”, los altos cobros por servicios públicos, el cambio de vocación en el uso de la tierra ya que ahora muchos quieren vivir en el campo pero trabajar en la ciudad; son algunas de las problemáticas que viven día a día los campesinos en cercanías de la ciudad.

Desde 2014, cuando se reconoció por primera vez la existencia de campesinos en la ciudad, se hablaba de que en el campo se producía el 70% de los alimentos que requerían los colombianos; pese a esto los múltiples intermediarios que hacen parte de la cadena de distribución de los alimentos hacen económicamente inviable para las familias campesinas continuar cosechando en sus pequeñas parcelas; mientras tanto en la periferia de la ciudad, muchos no tienen qué comer.

Otros fenómenos también afectan la soberanía alimentaria; la violencia ejercida por los múltiples actores del conflicto ha dejado como saldo el desplazamiento forzado de campesinos que ocupan las ciudades sin oportunidades de empleo, dejando sus territorios a merced de multinacionales que destinan tierras fértiles y productivas para la explotación minera o energética. La producción de alimentos no se considera un asunto de seguridad nacional y los niños están constantemente en riesgo de desnutrición.

Los aportes que desde la academia se pueden hacer frente a la problematización de los campesinos en las ciudades son de valiosa importancia, algunos de estos esfuerzos se han realizado por parte de jóvenes de las 52 veredas del Valle del Aburrá que han decidido capacitarse y estudiar sin dejar de lado sus raíces campesinas. Fue así como se delimitó el concepto de campesino como sujeto de derecho que vive en el campo, con una unidad económica, social y cultural determinada, dentro de un hábitat campesino y que produce alimentos para resolver la soberanía alimentaria de su entorno.

Partiendo de estas conceptualizaciones los campesinos pretenden legitimar como bien jurídico protegido los campos de la ciudad, esto representaría excepción de impuestos y condonación de deudas para los campesinos que garantizarían el sustento alimentario de los medellinenses y la conservación del medio ambiente para hacerle frente a la crisis ambiental que recientemente despertó un auge mediático pero que se vive en Medellín desde años atrás por irresponsables políticas de expansión urbana que no tienen en cuenta las implicaciones para la naturaleza.

La declaración de las aproximadamente 7100 hectáreas rurales con las que cuenta Medellín como Distrito Rural Campesino, posibilitaría la construcción colectiva de políticas para el territorio de los casi cincuenta mil campesinos de las laderas de la ciudad que buscan ser un grupo poblacional reconocido en la Constitución Política, planteando la agricultura como alternativa también de producción energética y rescatando el patrimonio inmaterial del campesinado, es decir sus costumbres ancestrales y sus aportes para el tema, por ejemplo, de la salud.

Mientras el país está a la expectativa frente a la firma de un acuerdo de paz en La Habana, Cuba, los campesinos de Medellín continuarán debatiendo en torno a la declaratoria de sus territorios como Distrito Rural Campesino; haciendo un aporte para el eventual escenario de la terminación del conflicto político, social y armado que se vive en Colombia: replanteándose la definición de las FARC como grupo alzado en armas para que se conviertan en gestores de paz y de transformación de los campos como grupo de Fomento Agroecológico Rural Campesino.

Esta serie de conversatorios se continuarán realizando en las veredas de los corregimientos y en los barrios de la ciudad para demostrarle a los concejales, a la Alcaldía y a la Gobernación, así como a todos los habitantes de Medellín, que los campesinos quieren y pueden mejorar las condiciones de vida de la ciudad en el ámbito rural y urbano. Políticas como los “cinturones verdes” al rededor de la ciudad, que sólo han aumentado el número de desplazamientos internos, se pueden plantear como zonas de conservación campesinas sin detrimento de la dignidad humana. El presupuesto para túneles y carreteras que afectan la riqueza acuífera, de fauna y de flora de las montañas que rodean el Valle del Aburrá, podría ser destinado para la adecuación de centros educativos y de salud que tanta falta le hacen a las doce mil familias campesinas que quieren permanecer en los campos pero viviendo dignamente. En últimas se pretende demostrar con estos diálogos entre el campo y la ciudad que es posible llegar a consensos entre la producción y la conservación.