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Continúa persecución política y judicial contra defensores de DDHH en Colombia
 

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, ante la denuncia penal interpuesta por el Ejército Nacional, por cual en la actualidad son investigados y se ha dictado orden de captura en contra de Norbey Antonio Rivera, Pablo Cesar Gomes Zapata y varios habitantes del corregimiento El Plateado, resaltando que el primero fue retenido el pasado 20 de mayo y permanece privado de su libertad en la ciudad de Bogotá. Por todo lo anterior se manifiesta a la opinión pública:

1. Frente a los hechos ocurridos el 18 de enero de 2015, en el sector El Café del corregimiento El Plateado y en la vereda La Ceiba en el municipio Argelia de Cauca, la Red de DDHH se ciñe a lo señalado en el informe especial del 27 de enero de 2015 [1] y al comunicado de prensa del 16 de enero de 2016 [2].

2. Pese a lo manifestado en comunicado público y oficial suscrito por el Batallón de Infantería No. 56 Coronel Francisco Javier González [3], en un ejercicio de búsqueda de la verdad histórica y judicial [4] hoy se puede afirmar, tal y como se hicimos en antaño, que “un grupo de militares de dicho batallón, adscrito a la III División del Ejército Colombiano, entre los que se encontraban el cabo Aristides Arboleda Palomino y los soldados profesionales Gilberto Alonso Duque, Edilberto Manuel Alemán y Noé Alejandro Díaz Pulido asesinaron al campesino Faiber Antonio Erazo Cuellar y señalaron, amenazaron y golpearon a un grupo de campesinos”.

3. La denuncia penal interpuesta por el Ejército Nacional, por los presuntos delitos de secuestro, hurto y rebelión, es temeraria, tendenciosa y mal intencionada al distorsionar de forma abierta y dirigida los hechos y el contexto en el que ocurrieron. Nuevamente evidencia los escasos niveles de entrenamiento y capacitación de los soldados en la aplicación del Sistema Internacional de los Derechos Humanos y el desarrollo de la política sistemática de negación y ocultamiento de la responsabilidad del Estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos.

4. Sobre la orden de captura proferida por la Fiscalía 7 especializada de Popayán, por los cargos de secuestro simple, hurto y rebelión, el aparato judicial colombiano nuevamente criminaliza la labor de los defensores de derechos humanos por los siguientes aspectos:
a) Sobre el cargo de secuestro: se pretende desconocer que lo que ocurrió en realidad fue una aprehensión del grupo de militares por parte de la comunidad y, tras protegerles su integridad personal en el término de la distancia y el contexto, los condujeron y pusieron a disposición ante autoridad competente.
b) Sobre el cargo de hurto: se pretende desconocer que en desarrollo de esta acción se realizó el traslado, protección y conducción del material de guerra e intendencia de los militares y que la comunidad participó de forma proactiva y fue entregado a funcionarios públicos mediante acta suscrita por los intervinientes.
c) Sobre el cargo de rebelión: en el caso de referencia no existió el empleo de las armas con la pretensión de derrocar al gobierno nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente y se desconoce que la comunidad, y en particular Norbey Antonio Rivera en su calidad de defensor de derechos humanos, participaron de esta acción comunitaria con el fin de colaborar con la justicia y buscar que el homicidio del campesino Faiber Antonio Erazo Cuellar no quedara en la impunidad.

5. Norbey Antonio Rivera, perseguido y privado de su libertad, es un destacado defensor de derechos humanos, integrante de La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, dirigente agrario, social y juvenil que hace parte de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia -Ascamta- desempeñándose como responsable municipal de derechos humanos, de la Asociación de padres de familia de la Institución Educativa “Miguel Zapata” del corregimiento El Plateado desempeñándose como vicepresidente, e igualmente es integrante de Juventud Rebelde, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -Pupsoc- y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Además fue candidato al consejo municipal de Argelia por el Polo Democrático en el proceso electoral de 2015.

Lo anteriormente descrito, sin lugar a dudas, evidencia el grado de debilidad del sistema judicial colombiano, la impunidad en que se pretende sumir las graves violaciones a los derechos humanos y la re victimización de las comunidades y la persecución manifiesta en contra de los defensores de derechos humanos.

En desarrollo del actual proceso de paz, se exhorta al Estado Colombiano a dar muestras del compromiso político que dice tener con la promoción, protección, respeto y garantía de la vigencia plena de los derechos humanos, con justicia, verdad y reparación y que en consecuencia se garanticen los derechos de Norbey Antonio Rivera, concediendo su libertad inmediata y el cierre del proceso adelantado en contra de los demás indiciados por los hechos ocurridos en el municipio Argelia el 18 de enero de 2015.

La memoria de Faiber Antonio Erazo Cuellar, de Norbey Antonio Rivera y de los miles de hombres y mujeres víctimas del conflicto y de aquellos que son afectados a diario por el aparato judicial colombiano, aferrándose a la vida, la integridad y la libertad, recuerdan los enormes retos que nos esperan en la construcción de una sociedad más justa y comprometen la coherencia de nuestras acciones con la consolidación de una paz estable y duradera.