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Análisis
Colombia vive los últimos días de la guerra
La semana que comenzó el lunes 30 con un paro nacional indefinido del formidable movimiento Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, bien puede terminar con un acuerdo sobre el final de la guerra con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Constanza Vieira / Miércoles 1ro de junio de 2016
 
Parte de la dirigencia de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, durante el anuncio de la Minga Nacional indefinida a partir del 30 de mayo de 2016, en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en Bogotá. Crédito: Constanza Vieira/IPS

El sábado 4 de junio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estará en La Habana para asistir a una cumbre caribeña. El hombre que ha sacrificado su capital político para hacer la paz con la guerrilla de las FARC aparentemente no piensa perderse un anuncio histórico.

Y es que la semana que comenzó el lunes 30 con un paro nacional indefinido del formidable movimiento Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, bien puede terminar con un acuerdo sobre el final de la guerra con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Cierto, todavía falta pedalear el proceso de paz con el mucho menos pragmático Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantuvo en su poder la semana precedente a tres periodistas durante seis días y estuvo a punto de echarlo todo a perder.

El inminente acuerdo de cese al fuego y de hostilidades definitivo entre las FARC y las fuerzas gubernamentales, que se especula que será anunciado durante el viaje de Santos a la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, incluye el destino que tendrán las armas insurgentes.

Esto marcará el final de la guerra con esta guerrilla comunista y campesina, surgida el 27 de mayo hace 52 años.

En torno a este punto ya ha habido medidas de un llamado “desescalamiento”, como el cese al fuego unilateral de las FARC, la suspensión de los bombardeos y operaciones piloto conjuntas de desminado.

También, el 16 de mayo se anunció la exclusión de las filas de las FARC de los combatientes menores de 18, tres años por encima de la exigencia del Derecho Internacional Humanitario, que considera menores de edad a quienes no han cumplido 15 años.

Las conversaciones llevan un poco más de un lustro. A partir de la fase pública, que fue iniciada en Oslo en octubre de 2012 y se desarrolla en La Habana desde un mes después, el gobierno y las FARC han llegado a acuerdos en cuatro de los seis puntos de la agenda.

Los puntos de acuerdo se refieren a reformas para el desarrollo agrario integral y la apertura política, que son ambos los orígenes del conflicto armado y factores para su permanencia desde los años cuarenta del siglo pasado.

También incluyen soluciones en todos los eslabones de la cadena de las drogas; y el denominado acuerdo sobre víctimas, que incluye verdad, justicia transicional con privación de libertad para delitos atroces, y reparación.

Una vez decidido el fin a las hostilidades, quedan por resolver conjuntamente los mecanismos de refrendación popular de los acuerdos. Al respecto ya se libra una intensa batalla legal y política en Colombia, ante todo en el Congreso legislativo y en la Corte Constitucional.

De hecho, la Corte decide actualmente la constitucionalidad de una ley estatutaria (de mayor jerarquía) que regula el plebiscito para refrendar el acuerdo final de paz con las FARC.

Santos estuvo ya en otra ocasión en La Habana, desde el comienzo de los diálogos, el 23 de septiembre de 2015, para participar en el anuncio del acuerdo alcanzado en el crucial tema de la justicia transicional y se dio un apretón de manos con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, en un histórico gesto que simbolizó un punto de no retorno para el proceso de paz.

Entonces, se dio como fecha para completar el acuerdo de paz al 23 de marzo, lo que no pudo cumplirse, pero el sábado 4 todo anticipa que el gobierno y las FARC darán un paso definitivo al poner cese bilateral a las hostilidades.

Mensajes agrarios a negociadores

El primer día del paro nacional, denominado con la voz quechua “minga” (trabajo colectivo para el bien común), movilizó, según la Cumbre Agraria, a 200.000 personas en más de un centenar de puntos del país y en 27 de las 33 divisiones administrativas (32 departamentos más el Distrito Capital).

La Cumbre Agraria es una unidad inédita, nacida en 2013, de indígenas y comunidades negras tradicionales, campesinos y trabajadores agrícolas con reivindicaciones en torno a la tierra, pero también de comunidades rurales y urbanas organizadas contra la depredación ambiental de sus territorios por parte de mineras, petroleras y megaproyectos hidroeléctricos.

El gobierno consideró que el paro es “injustificado”, pues ya hay en marcha una serie de convenios sobre proyectos productivos que son ejecutados por las propias comunidades, un hecho “sin precedentes”, dijo el ministro del Interior Juan Fernando Cristo.

Cristo añadió que los manifestantes tienen garantías, siempre y cuando no bloqueen por completo las vías ni causen daño en bienes ajenos.

Con todo, la Minga Nacional parece un mensaje de la Cumbre Agraria a la guerrilla de las FARC: los organizadores aducen, como primera razón de la protesta, que el gobierno no cumple los acuerdos pactados en los paros agrarios nacionales de 2013 y 2014. Llevan casi tres años conversando y la crisis del campo empeora.

Aunque el gobierno dice que ha invertido el equivalente a 82 millones de dólares, los dirigentes reclaman, como primera medida, inversiones “sustanciales” para fortalecer la economía campesina.

“Es que eso incluso ya esta acordado en La Habana y debiera avanzar”, dijo a IPS el dirigente Andrés Gil, de la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra y uno de los portavoces de la Cumbre Agraria.

Indígenas y comunidades negras tienen derecho, respectivamente, a resguardos y territorios colectivos, pero los campesinos de la Cumbre Agraria aun están luchando por obtener el estatus de zonas de reserva campesina, a pesar de que estas están previstas en una ley de 1994.

Por eso, el segundo reclamo común de estos tres sectores en paro es respetar, fortalecer y apoyar sus propuestas sobre territorio.

Y el tercero es abordar los efectos de la megaminería en el desplazamiento forzado de comunidades y en el medio ambiente, un tema que el gobierno se niega a discutir con la Cumbre, mientras la gente sospecha que, sin guerrilla, las compañías transnacionales tendrán vía libre para depredar.

IPS

Editado por Estrella Gutiérrez