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La otra cara de los diálogos: pacificar el territorio para explotarlo sin restricciones
Adelaida Nikolayeva / Lunes 6 de junio de 2016
 

Todos hemos creído hasta hora que las agendas pactadas entre el Gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC y el ELN son los seis puntos conocidos. Gobierno-FARC: Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas e Implementación, verificación y refrendación [1]. Gobierno- ELN: Participación de la sociedad, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas, Fin del conflicto e Implementación de lo acordado [2].

Cuando se intentó que la política de explotación a gran escala de los recursos naturales, la llamada locomotora minero-energética, se discutiera en la mesa de diálogos, el gobierno de Juan Manuel Santos fue bastante enfático en que ese tema no hacía parte ni de la agenda ni de la discusión, porque implicaría, según éste, poner en discusión el modelo económico mismo. ¿Por qué esta postura? Sencillamente porque aquí nadie perdió ni ganó la guerra, pero tampoco se modificó sustancialmente el poder.

Los altos funcionarios de su gobierno han sido bastante claros en exponer cuáles son sus intereses reales con el fin de la confrontación armada. De un lado, acabar con una guerra que por décadas ha limitado el crecimiento de la economía y golpeado al pueblo colombiano; y por el otro, desmovilizar las guerrillas y abrir las puertas a la explotación intensiva de las riquezas en alianza con el gran capital.

Así lo confirman las declaraciones recientes del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, cuando habla de “las ganancias” que esperan percibir tras la firma de los acuerdos. “Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acceder. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo”. [3]

Aquí quisiera ser clara de que no estoy en contra de la explotación de los recursos naturales de nuestro país, siempre y cuando no sea a cualquier precio, y que dichos recursos se empleen en el bienestar de la población, y no exclusivamente para llenar los bolsillos del gran capital.

Tampoco estoy de acuerdo que nuestra soberanía le sea entregada, como un cheque en blanco, a las multinacionales, que vienen con el cuentico de la confianza inversionista, que no es otra cosa que una nueva colonización en pleno siglo XXI.

De hecho, los últimos gobiernos se han vanagloriado con las cifras que indican el crecimiento constante del PIB anual, realidad asociada a la explotación a gran escala de las riquezas naturales, donde las comunidades que habitan dichos territorios son las más afectadas.

Tal es el caso del Chocó, un territorio con grandes riquezas naturales, donde su selva húmeda viene siendo arrasada por la explotación minera, al tiempo que continúa como una de las regiones más atrasadas en cuanto a la infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes. O el de la Guajira, en donde han muerto cerca de 14 mil niños por hambre, la mayoría indígenas Wuayúu [4]. Precisamente en donde está el Cerrejón, un gigantesco complejo minero a cielo abierto, que produce más de 32 millones de toneladas de carbón al año [5]. Una empresa que para mantener este nivel de producción usa 17 millones de litros de agua diariamente [6], dejando sin acceso a las comunidades del vital líquido. Pese a la magnitud de esta riqueza mineral en la Guajira, sus comunidades padecen miseria y pobreza extrema.

En efecto, los diálogos de “paz” apuntan a ponerle fin al conflicto armado, lo cual será un logro histórico que todos debemos apoyar y aplaudir; pero, sin duda, la otra cara de los diálogos apunta a garantizar al Estado el monopolio de la fuerza, una vez desaparezcan las guerrillas, y el control absoluto del territorio nacional. ¿Para qué? Para feriar el país a las trasnacionales, ansiosas de saquear a sus anchas lo que queda.