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Apoyemos la Minga nacional agraria
 

El grupo de investigación Conflicto, Región y Sociedades Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana manifiesta a la opinión pública nacional y a las organizaciones que participan activamente en la Minga Nacional Agraria Campesina, Ètnica y Popular su apoyo y respaldo al paro nacional y a las justas peticiones que vienen adelantando desde el día 30 de mayo de 2016 en más de 60 puntos de concentración en todo el país y que ya cubre 24 departamentos con una participación de más de 100.000 personas entre indígenas, campesinos, afrodescendientes y sectores populares, a los cuales se empiezan a sumar otros sectores sociales, como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos que el gobierno de Juan Manuel Santos contrajo con la Cumbre Agraria Nacional desde el año de 2014.

Como investigadores de las problemáticas rurales y desde nuestro compromiso social con las luchas y reclamos de los sectores desposeídos y despojados del campo colombiano, vemos con suma preocupación la negligencia gubernamental, las estrategias dilatorias y la falta de soluciones reales a los problemas del campo colombiano, sumado a las pocas garantías que tienen los manifestantes para expresar sus demandas frente a un Estado que limita y deslegitima el ejercicio pleno del derecho a la protesta, la movilización y la libre expresión a través de mecanismos como el señalamiento y la estigmatización con el argumento de las infiltraciones de grupos armados, con lo cual quiere justificar una vez más, la violación a los derechos humanos de los manifestantes como lo muestra la acción represiva desmedida de la Fuerza Pública frente a las movilizaciones recientes que al momento de escribir este documento ya dejan más de 130 heridos y 3 muertos en los 5 días que van del paro y las movilizaciones regionales.

Apoyamos la Minga Nacional Agraria porque desde nuestro trabajo y como resultado de múltiples investigaciones que se han hecho sobre el mundo rural colombiano, hemos podido constatar que Colombia necesita solucionar los problemas estructurales del campo. Al fin y al cabo ¿No fue esa una de las principales razones para llevar a cabo los diálogos, negociaciones y acuerdos con la FARC – EP en La Habana? Entre muchos de esos problemas están: la creciente concentración de la propiedad sobre la tierra, la pobreza rural, la falta de bienes públicos, de educación, salud, vivienda y servicios públicos de la gran mayoría de los municipios rurales, sobre todo de lo que hoy la misión rural llama “lo rural disperso”. Paradójicamente, en vez de dar paso a las soluciones de fondo sobre dichos problemas con las organizaciones agrarias y étnicas, el Estado define, orienta e implementa políticas públicas que favorecen el gran capital, a los grandes empresarios del campo a través de incentivos para que éstos sacien su voraz apetito de acumulación y obtención de utilidades con el fomento a los proyectos minero-energéticos y agroindustriales que van en contra de los modos de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de sus culturas, formas de producir y consumir, pero sobre todo, que destruyen sus tierras y territorios y con ello sus vidas.

En este sentido, los objetivos del paro y las movilizaciones que se adelantan no pueden reducirse a un problema en las demoras para la ejecución de unas partidas presupuestales, a la tramitología burocrática y decidia gubernamental como lo quiere hacer ver el gobierno a la opinión pública. En realidad, de lo que se trata es de la poca seriedad y responsabilidad que el Estado, en cabeza del presidente Santos, ha dado a las propuestas y reivindicaciones del movimiento social y popular colombiano que en el fondo expresan la falta de reconocimiento político como sujetos políticos de derechos a las comunidades y pobladores rurales y la más oprobiosa negativa a la satisfacción de sus derechos para que puedan tener una vida digna.

¿Acaso no es otra gran paradoja que en menos de un año el Senado de la República y el Ejecutivo sancionen la Ley 1776/2016 sobre las “Zonas de Interés y Desarrollo Rural Económico y Social - ZIDRES” que sin duda alguna beneficia principalmente al gran capital, las empresas multinacionales y los grandes empresarios agro-industriales, mientras se niega a discutir y resolver el pliego único que el movimiento agrario, campesino, étnico y popular le propuso desde el paro agrario del año 2013, para discutir precisamente los principales problemas del mundo rural colombiano y que son la base de los acuerdos que el gobierno ha incumplido?

Lo antes señalado es otra evidencia más, de los límites y la incapacidad que tiene el sistema y el régimen político colombiano para comprender y aceptar la inclusión y participación de otros sectores sociales y políticos distintos a las élites políticas y los partidos tradicionales – en su diferentes expresiones -, para construir un proyecto de sociedad democrática, justa e incluyente. Estos límites e incapacidades son los que crean las condiciones propicias y las oportunidades políticas para que el movimiento social y popular colombiano y los ciudadanos recurran a las acciones colectivas como la única forma posible para manifestar su inconformismo, sus desacuerdos y en consecuencia plantear propuestas de solución a los problemas estructurales que viven diariamente, como así lo evidencia el pliego único de exigencias de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

La posibilidad de terminar con un conflicto armado de más de 50 años a través de los diálogos y los acuerdos que se adelantan en La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, así como la probabilidad de iniciar negociaciones con el ELN, no agotan la agenda del movimiento social, agrario, étnico y popular, no resuelven todos los conflictos económicos, territoriales, ambientales y sociales de nuestro país. Por ello, estos acuerdos y diálogos son vistos por el movimiento social y popular colombiano como una gran posibilidad y oportunidad política para expresar sus demandas, marcar sus diferencias de sentido y contenido, las particularidades de sus luchas y sus anhelos de una nueva sociedad que los incluya y garantice sus derechos. Pero también, para acercarse y atraer a otros sectores sociales, políticos, étnicos, gremiales y académicos para que dejen de lado sus indiferencias y pasividades frente a la necesidad de construir esa sociedad de todos, sin exclusiones y de este modo contribuir a cambiar el régimen político en favor del interés público y el bien común para el conjunto de la sociedad y no para unas pocas empresas y sectores sociales, económicos y políticos privilegiados.

Hacemos un llamado al gobierno nacional para que cumpla efectivamente con los compromisos que adquirió con el movimiento social y popular en el marco del Paro Agrario de agosto de 2013, pues no es suficiente con destinar 250 mil millones de pesos para proyectos que no alcanza a desembolsar en un año, ni tampoco es suficiente hacer cientos de reuniones que no definen los temas sustanciales y no tienen capacidad de decisión, cuando desconoce la importancia del movimiento social y popular como destinatario de los beneficios de la implementación de los acuerdos, desconociendo a su vez, la capacidad de las organizaciones campesinas, étnicas, populares y otros sectores sociales y políticos para construir un nuevo modelo de sociedad.

Desde una perspectiva académica comprometida socialmente, hacemos un llamado a otros sectores sociales, políticos, ambientales, académicos y centros de investigación a apoyar la Minga Nacional Agraria. Nuestro llamado se orienta a generar pensamiento crítico al servicio de la sociedad, de los sectores más desprotegidos y vulnerables, así como a promover las articulaciones suficientes y necesarias en distintos niveles y escalas, para potenciar y contribuir a realizar los cambios estructurales que necesita Colombia, para alcanzar de verdad una paz estable y duradera.