La Cumbre Agraria entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un documento en el que pide se le otorguen medidas cautelares en torno al derecho a la vida, la libre expresión y movilización a los participantes de las protestas, ya que, según esta organización, la policía, el ejército, algunos alcaldes y otras autoridades han estigmatizado las jornadas de la Minga Nacional, como es el caso de William Villamizar Laguado, Gobernador de Santander quien expresó que estas jornadas eran un “paro armado”, por lo que se ha puesto en grave riesgo la vida de miles de participantes en las actuales jornadas.

Cada vez más se evidencia que los gobiernos colombianos no saben cómo afrontar el legítimo derecho a la protesta, cuando han sido violados los derechos fundamentales y el abandono estatal es el responsable. Según las comunidades movilizadas en las presentes marchas se ha denunciado el actuar de policía de civil que ha infiltrado las movilizaciones, así mismo el uso de armamento no convencional por parte de ellos y del ESMAD. Hechos que están siendo “investigados”, según los entes gubernamentales.

Hasta el momento van 3 muertos, más de 150 heridos y unas decenas de detenidos en el marco del Paro Agrario, convocado por la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, y otros sectores que se han venido sumando por el incumplimiento de los acuerdos hechos con el gobierno nacional, derivados de paros y movilizaciones anteriores.

Preocupa en gran manera que tan solo en una semana de manifestaciones, las organizaciones sociales denuncien a la fuerza pública como autora de los hechos violentos que han terminado con la vida de 3 personas. Hay que recordar que durante el paro del 2013 se registraron 22 muertos y cientos de heridos, hechos que vincularon a la policía y al ejército. Hasta el día de hoy las investigaciones no han señalado a los responsables de dichos hechos.

Cabe resaltar que La Cumbre Agraria también manifiesta que han sido amenazados por parte de los paramilitares, los cuales han estigmatizado la protesta social y las movilizaciones, utilizado lenguajes muy similares con sectores del establecimiento, que al parecer no quieren la paz en Colombia, ya que tratan a los campesinos y manifestantes, como si fueran guerrilleros

Lo más curioso es que durante el paro armado del paramilitarismo desarrollado en el norte del país, que se vivió aproximadamente en 8 departamentos y en algunas partes de Medellín, durante los finales de mayo y comienzos de abril, no se envió un despliegue policivo y militar como con el que se está tratando las movilizaciones agrarias presentes. Nadie en abril vio al Esmad reprimiendo a los amigos del clan Úsuga o mucho menos batallones impidiendo movilizaciones del uribismo en el marco de ese paro.

Así las cosas, si se mantiene el trato despectivo al campesino y hace falta una política social y agraria coherente, no habrá pie para que las comunidades callen cuando cada vez más se les despoja de su cultura, medio y riquezas. Entonces el presente es la lucha por los derechos, a través de la movilización social y para ello se exigen al Gobierno Nacional garantías y respeto al pensamiento crítico, a la libre expresión y movilización. En pocas palabras, un verdadero derecho a la protesta.

La Minga Nacional demanda de una política agraria coherente con las necesidades de los campesinos, pueblos ancestrales y afros, se han tendido varios puentes de negociación con el Gobierno Nacional pero estos no dan soluciones reales a los pliegos, por tanto las movilizaciones continúan.