Los hechos

Fue la mañana del 8 de julio de 2015, cuando el entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, despertó al país con la noticia de que se habían realizado 15 capturas a milicianos del ELN, y los señaló como responsables de las detonaciones ocurridas días antes a las instalaciones de la sede del Edificio de Porvenir en la ciudad de Bogotá.
Se trataba de David Camilo Rodríguez, Heiler Lamprea, Gérson Yacumal, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Lorena Romo Muñoz, Luís Daniel Jiménez Calderon, Félix Mauricio Ariza, Víctor Orlando Ariza, Daniel Eduardo Hernández Muñoz, Sergio Segura, Andrés Felipe Parra y los hermanos Lizeth Johana y Jhon Fernando Acosta.

Luego de que transcurrieron horas y el proceso de legalización de capturas hizo su efecto, los medios de comunicación en Colombia realizaron un show mediático en el que felicitaban al presidente Juan Manuel Santos por la efectividad y contundencia con los que detuvieron a los responsables del atentado “terrorista”. Mientras el día avanzaba los grandes medios radiales, escritos y televisivos resaltaron el hecho de que tres de las personas detenidas fueran contratistas del distrito pertenecientes a la administración de la “Bogotá Humana”, además castigaban sobremanera que una de ellas fuera una reconocida abogada defensora de los derechos de las mujeres, Paola Andrea Salgado Piedrahita.

Esa noche, dos de esas personas fueron puestas en libertad y 13 continuaron en el proceso de imputación de cargos. Con el pasar de los días, el escándalo mediático continuaba y la Fiscalía aún no presentaba la primera prueba contundente, que indicara la responsabilidad directa de los detenidos con los atentados de Porvenir, tal y como lo señalaron el vicefiscal y el mismo presidente Santos el día de las detenciones.

En medio del proceso, la Fiscalía presentó como material probatorio, fotografías y seguimientos, que según el ente acusador, fueron realizadas meses atrás, así como interceptaciones telefónicas, libros de pensamiento crítico, computadores portátiles, USBs, agendas, celulares, banderas pertenecientes al proceso del Congreso de los Pueblos y de la Red Revuelta e Identidad Estudiantil, procesos estudiantiles, etc., dichas pruebas fueron presentadas por la Fiscalía como contundentes para acusar a los detenidos, ya no de los atentados a la sede Porvenir, sino de participar en un disturbio ocurrido el 20 de mayo de 2015 en la Universidad Nacional de Colombia, y otras explosiones en 2013.

En medio del proceso, la fiscalía señaló que de los detenidos, 10 de ellos ya no fueron acusados de pertenecer a las milicias urbanas del ELN y tampoco los culpablizaron de los atentados en Porvenir, sólo se les acusó de participar de los disturbios del 20 de mayo en la Universidad Nacional. Para el día 13 de julio la fiscalía, imputó cargos por rebelión, daño en bien ajeno y lesiones personales a David Camilo Rodríguez y Heiler Lamprea.
Ante la acusación inicial, los movimientos sociales y sociedad en general señalaron que si la Fiscalía no tenía ninguna prueba sobre los hechos de Porvenir, ¿quiénes habían sido los verdaderos responsables de este hecho y por qué el Vicefiscal y el Presidente habían presentado a las y los detenidos como responsable de los atentados? Ante este hecho ni el Gobierno Nacional, ni la Fiscalía –y mucho menos la policía– admitió su error.

¿Falso positivo judicial?

Desde el momento en el que se presentaron las detenciones, las organizaciones sociales, movimientos políticos, medios de comunicación alternativos, grupos de mujeres, periodistas, etc., mostraron su solidaridad y organizaron plantones frente a los juzgados de Paloquemao, donde expresaron su descontento frente a los hechos y no dudaron en tildarlo como un “falso positivo judicial”. Se solicitó a la Justicia que respetara el debido proceso, y los nombres de “Lxs 13”, como se los denominó en ese entonces, se popularizaron en las redes sociales con mensajes tales como #LibertadSonInocentes y #LeerNOesundelito, entre otros. Las columnas de opinión del primer fin de semana siguiente a las detenciones giraron en torno al tema, allí importantes personalidades como Alfredo Molano y la misma editorial del periódico El Espectador advirtieron sobre la ‘cacería de brujas’ y las evidentes similitudes de este caso con el contexto de los años 70, en medio de la vigencia del Estatuto de Seguridad de Turbay.

Lo propio hicieron los senadores y representantes a la Cámara, Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe, quienes señalaron el hecho como un “falso positivo judicial basado en montajes para demostrar resultados”, e incluso indicaron que había sido un juicio “más político que jurídico, dados los perfiles de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes de las personas implicadas en los hechos”.

Uno de los focos estuvo en el accionar de la jueza 72 de garantías, Irma Francisca Cifuentes, quien, luego del irregular proceso imputación de cargos, envió a la cárcel a las y los 13 detenidos. Incluso la defensa solicitó realizar una compulsa contra la jueza por posible prevaricato, pues se supo que minutos antes de que tomara la decisión, había sostenido una reunión con un general de la Policía, de lo que se infirió que dicho general posiblemente había indicado la decisión.

De cualquier manera, en ese momento la defensa sostuvo que este caso jamás debió desencadenar en una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, por la ilegalidad en la captura y por prejuzgamiento por el escándalo mediático y la información que obtuvieron los grandes medios de comunicación, en medio del proceso. A los escándalos e irregularidades se sumó el del entonces General de la Policía, Rodolfo Palomino –quien actualmente renunció a su cargo– por trata de personas y prostitución sexual al interior de la Policía.

El entonces General señaló al equipo de abogados y abogadas de la defensa como “sospechosos” y ante las críticas de la sociedad –pues nunca se comprobó la culpabilidad de las y los 13 frente a los delitos endilgados relacionados con las explosiones de Porvenir–, respondió: “No hemos generado capturas de ángeles. Que tengan trece abogados me llama la atención y también que haya una abogada que fue la que defendió a un sujeto que se llevó a la novia y la entregó al ELN”.

Los delitos endilgados

Finalmente los detenidos fueron enviados a las cáceles de El Buen Pastor y La modelo. En el momento de la imputación los cargos se individualizaron y fueron desde “rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público” hasta “fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares y violencia contra servidor público”.

No obstante, luego de cerca de dos meses en prisión, y debido a las irregularidades de las capturas y acusaciones, el pasado 11 de septiembre fueron puestos y puestas en libertad, aunque quedaron asociados a la investigación.

Sin embargo, el caso aún no está cerrado: a pesar de que la Jueza Cifuentes ya había dejado el caso para fin de año, se determinaron los días 1 y 2 de agosto como nueva fecha para la audiencia preparatoria del juicio. No obstante aún no se tiene fecha para la nueva audiencia de medida de aseguramiento, por lo que este caso deja puertas y heridas abiertas para 13 militantes sociales, estudiantes, abogadas y periodistas que esperan una resolución mientras la justicia aún cubre irregularidades y desavenencias.