Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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El informe de Human Rights First desnuda el montaje judicial contra la ACVC
 

"La acusación sin fundamento de activistas de derechos humanos como terroristas es un problema generalizado": HRF.

El informe fue presentado en Nueva York y Bogotá el pasado 24 de febrero, está basado en el seguimiento a 32 procesos judiciales en los que se sindica de rebelión, en la mayoría de los casos, a reconocidos defensores de derechos humanos en el país.

Testigos a sueldo preparados por los fiscales, uso de informantes y desertores, ausencia de pruebas, informes de inteligencia de instituciones militares, civiles y organismos de seguridad del Estado comprometidos con violaciones de derechos humanos y actividades ilegales como el Batallón Calibío, la Fiscalía de Medellín o el DAS, son algunas de las prácticas denunciadas en el informe que van tras un solo objetivo, eliminar el principio de distinción, que busca proteger a los civiles en los conflictos armados, para meter así en un solo saco represivo a todos los opositores políticos, disidentes o defensores de la dignidad humana.

El informe hace un repaso de los expedientes, acude a fuentes oficiales y desnuda las prácticas violatorias del debido proceso. “Las investigaciones criminales sin fundamento por parte de fiscales ponen en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos colombianos e intentan desacreditar sus labores”, denuncia la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First.

En un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante”, consigna el informe.

En el caso judicial contra la ACVC las irregularidades denunciadas por el informe son patentes, los informantes durante las audiencias ni siquiera eran capaces de recordar el nombre completo de nuestra organización ni el de los sindicados, por lo que tenían que recurrir a papeles escritos previamente por los fiscales, los militares y el DAS.

Las instituciones que acusan a la ACVC a través de estos informantes no tienen ninguna legitimidad, por el contrario, ellos son responsables de graves violaciones. El hecho de que fuesen liberados sin cargos cuatro miembros de la ACVC y se mantenga encarcelados bajo el mismo montaje a Miguel González Huepa y Andrés Gil, demuestra que el sistema judicial colombiano es fiel reflejo de la crisis degenerativa del Estado colombiano, viciado de prácticas mafiosas y corrupción.

Y no lo decimos nosotros solos: “Los fiscales lo hacen al revés. En vez de abrir casos de cargos espurios (falsos) en contra de los defensores de derechos humanos, deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia Colombiana, la acusación sin fundamento de activistas de derechos humanos como terroristas es un problema generalizado que requiere una respuesta comprensiva del Estado. Los procesos penales infundados deben ser evitados antes de que el daño esté hecho. Es tiempo que el Fiscal General introduzca reformas para enfrentar la corrupción y los fiscales que exceden sus funciones”. Lo señalaba Andrew Hudson, miembro del Programa de Defensores de Derechos Humanos, durante la presentación del informe.

Consultar el texto completo del informe.