Por presuntas irregularidades en la adjudicación de predios que habían sido despojados por grupos armados, fueron capturadas varias personas, entre ellas Francisco Zuccardi Porras, ex cónsul en Venezuela y hermano de la exsenadora Piedad Zuccardi.

Las investigaciones parten del fallo del Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena que ordena devolver las tierras a campesinos víctimas de la violencia del corregimiento Cambimba, en Morroa.

Hasta el momento, la Fiscalía y la Policía han capturado a Francisco Zuccardi Porras, ex director territorial del Incora en Sucre; Jairo Paternina Lara, ex secretario de esa entidad; y el docente José Rodríguez Revollo, adjudicatario de un predio.

A finales de la década del 90 varias familias adjudicatarias del predio Cambimba, en Morroa, tuvieron que abandonar sus parcelas por presión de grupos armados.

Posteriormente el Incora, en cabeza de Zuccardi, adjudicó los predios a otros campesinos, al parecer descuidando los protocolos para el caso.

Se habría decretado la nulidad administrativa sobre las parcelas 10, 16 y 17, que habían sido adjudicadas en 1995 por el Incora y les fueron entregadas a otras personas bajo el entendido de que habían sido abandonadas.

Los detenidos fueron enviados a la cárcel para servidores públicos del municipio de Corozal.

Dilaciones en la reubicación

Por otra parte, un grupo de 18 familias campesinas aseguran estar desesperadas por lo que consideran dilaciones del Incoder que se niega a cumplir con un fallo judicial que ordena que sean reubicados en un predio rural.

Estas familias víctimas de la violencia resultaron favorecidas en una convocatoria en 2007 para la adjudicación de un lote de 170 hectáreas en la región de La Mojana, al sur de Sucre, pero los terrenos no son aptos para trabajar la tierra por estar en una zona que se inunda.

Una vez se dieron cuenta que no podrían utilizar la tierra para producir, emprendieron acciones legales para ser reubicados, apoyados por la Procuraduría Agraria de Sucre.

A través de una acción popular lograron que un tribunal de Sucre fallara a su favor y ordenara al Incoder su reubicación en un predio que les permitiera la explotación agrícola.

Sin embargo, de acuerdo con Arturo José Cárcamo, uno de los afectados, el Incoder en vez de apoyarlos les ha dado la espalda.

“Les pedimos a las autoridades que hagan cumplir la sentencia que era para ejecutarla en seis meses y la sentencia fue de noviembre de 2014. Se ha prorrogado por más de año y medio, le pedimos al juez que no deje dilatar más el proceso”, expresó.

Por su parte Rodrigo Ramírez, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que acompaña a los labriegos, asegura que estas familias están siendo revictimizadas por el Incoder.

“Lo que han hecho es desorientarlos y les muestran documentos que no tienen nada que ver con el proceso y los jueces tampoco han hecho nada para restablecerles los derechos a las víctimas”, dijo.

Las familias afectadas viven en arriendo en varios municipios de Sucre y dedicados a otras actividades diferentes a la agricultura, como el mototaxismo.

El Incoder argumenta que hasta ahora no han logrado hacer el avalúo del nuevo predio escogido por los campesinos, cuyo propietario está a la espera para negociarlo y que les sea adjudicado a las 18 familias.