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Ojalá no obliguen al campesinado a coger las armas nuevamente
Shameel Thahir Silva / Lunes 12 de septiembre de 2016
 

El pasado miércoles (7 de septiembre del 2016) estuve en una tertulia en el espacio de “La 69 cultural” sobre el proceso de extranjerización de tierras en el país y especialmente sobre la problemática de las ZIDRES.

El parche promotor de la tertulia está promoviendo la campaña del referendo por el agro e invitaron a un profesor del externado a hablarnos, en términos generales, de cuál era el problema de las ZIDRES en el país, con un breve contexto mundial de cómo avanza gravemente la extranjerización de tierras en el planeta.

El conferencista comentó en un momento que existían tres modelos agrarios en el país: el neoliberal planteado por los últimos 25 años de gobiernos y profundizado en el de Juan Manuel Santos, el planteado en el Acuerdo de la Habana entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, y el del referendo por el agro. Hacia una salvedad, en La Habana se acordó la aplicación y desarrollo de los artículos de la Constitución Política que tocan el tema del campo – el 64, el 65 y 66 – lo cual es cierto. Los copiaré literalmente aquí para que sepan de qué artículos “castrochavistas” les estoy hablando:

Artículo 64 - Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Artículo 65 – La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

Artículo 66 – Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

Para que artículos como éstos quedaran consignados en la nueva constitución en 1991 fue que insurgencias como la del M19 y el EPL confiaron en el Estado Colombiano y entregaron las armas hace ya más de dos décadas. El problema es que artículos como éstos no se aplican y el Estado Colombiano solo ha hecho presencia en el campo con su bota militar y no con derechos políticos, sociales, económicos y culturales para las comunidades. Paralelo a esto, el Estado Colombiano no le cumplió a las insurgencias y, por ejemplo, 30 días después de la firma del acuerdo con el M19 asesinaron a Carlos Pizarro que estaba ya punteando en la campaña presidencial.

Es una vergüenza que toque agarrar las armas en este país para arrancarle al Estado colombiano derechos que deberían ser realidades por la existencia misma del Estado. Lo cierto es que hoy las FARC-EP dejarán las armas y continuarán su pelea por vías institucionales ya que confían en que esta vez el Estado si cumplirá y que esos artículos que son hace 25 años letra muerta, sean realidades para casi 5 millones de campesinas y campesinos en nuestros campos.

Cuando llegó el momento de intervenir en la tertulia, un amigo y yo insistimos en algo: coincidir en que el modelo neoliberal para el agro colombiano es nefasto, que por ahí no es, pero también insistir en que no tenemos un modelo integral para el agro colombiano de carácter democrático y popular, tenemos retazos, que no es suficiente con lo propuesto por el referendo por el agro, pero que tampoco es suficiente con cumplir esos artículos de 1991. Por ejemplo, el campesinado debería tener el mismo estatus político, económico y cultural en la constitución que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes. O, por ejemplo, el referendo obvia la propuesta de Zonas de Reserva Campesina, reduciéndola a su forma jurídica que aparece en la Ley 160 de 1994.

Muchas veces llegamos como marcianos a decirles a las comunidades qué deberían hacer para vivir mejor. Caemos, les hablamos en un lenguaje que no entienden y nos sentimos muy bien por ello. Eso no es transformación política, es vanguardismo anquilosado. Es por esto que me gusta mucho el concepto de intelectual de retaguardia que le leí alguna vez a Boaventura de Sousa Santos, ya que implica no darle la espalda a la gente y mostrarles el “camino”, sino que por el contrario pararse hombro con hombro, y sugerirles el camino más eficiente para alcanzar nuestras metas.

El modelo agrario de carácter democrático y popular que Colombia necesita está ahí, en las resistencias de las comunidades agrarias, étnicas y populares del país, en sus organizaciones y sus luchas. Toca es hacer la tarea rigurosa de sistematizar esas propuestas y modularlas para que tengan todo el sentido político, económico, técnico, social y cultural que se merece el país que queremos. Ojalá en unos años no estemos en nuevos “procesos de paz” porque el Estado no cumplió lo acordado.