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El mundo y su permisividad
Colombia y la impunidad
Diana Marcela Gómez Correal / Viernes 13 de marzo de 2009
 

Mucho se dice afuera, por lo general desde fuentes oficiales y provenientes de altas esferas, de los magníficos cambios en Colombia. Para corresponder con el nivel del cual emerge tal información los halagos son para el gobierno de Uribe y para su excelentísima persona. Esto contribuye, de manera perjudicial a la situación del país, la cual pasa de la impunidad a la violación de los derechos humanos, del cierre de los canales democráticos a los “falsos positivos”, de violaciones a mujeres a desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento y señalamiento continuo a la oposición . De rendir pleitesía a individuos a consolidar modelos autoritarios.

En Colombia no necesitamos mesías. Necesitamos gobernantes serios, comprometidos con la negociación del conflicto, con la vía del diálogo, con evitar la consolidación de la estrategia militar y todo lo que ella implica. Necesitamos gobernantes que no estén envueltos en varios escándalos de gobernabilidad como la Yidis Política (tráfico de influencias para aprobar la re-elección); complots para evitar el trabajo de investigación de los Magistrados de la Corte sobre la parapolítica (nexos de políticos y paramilitares); apoyo a funcionarios vinculados con serias violaciones de Derechos Humanos como la que ha hecho el Presidente con Noriega (director del Departamento de Seguridad del Estado quien daba listas de sindicalistas a paramilitares para luego ser asesinados).

Colombia necesita un gobierno transparente, no apoyado por congresistas con vínculos con los paramilitares (de los investigados más del 90% son de los partidos que apoyaron a Uribe para sus dos elecciones) y un Presidente que le apueste a una balanza entre paz y justicia, lo cual requiere un proceso de negociación transparente, de cara al país, no a su espalda, como resulto ser el proceso de desmovilización de los paramilitares. Un gobierno que de garantías para la verdad, la justicia y la reparación y no extradite a las máximas cabecillas de los paramilitares sin dejar cursar los juicios contra ellos (¿acaso le teme a alguna verdad que puedan decir?).

¿Cuál es la responsabilidad de países como Francia, que ha apoyado la liberación de los secuestrados pero no ha querido ver que en Colombia también hay desapariciones y que parece haber cesado su tarea después de la liberación de Ingrid? ¿O la de Suecia que aporta con una importante cooperación internacional a los procesos de verdad, justicia, reparación y desmovilización de paramilitares, si no hay llamados serios a Colombia en relación a los bajos índices en los que se están cumpliendo estos derechos y el fracaso de la política de desmovilización con cientos de personas re armadas y altos índices de violencia en las zonas a las que estos llegaron?

Ni que decir de la responsabilidad de España, que parece acoger una visión de post conflicto para un ¡país como Colombia que sigue viviendo en conflicto! Haciendo un énfasis en la justicia transicional, cuando no tenemos transición de la cual hablar. Es increíble el peso de España en el Parlamento Europeo, su negativa a reconocer que Colombia tiene un conflicto armado interno y no meros terroristas. Lo que todavía es menos creíble es que Cádiz quiera otorgarle a Uribe la medalla de la paz, ¡si lo que hay en Colombia es la profundización de la guerra! ¡Como un país con una historia tan cercana a la nuestra cierra los ojos de esta manera! ¿Acaso sus ojos están cerrados para sí mismos?

¿Y qué sobre Estados Unidos? Plan Colombia, política antidrogas, vieja Doctrina de Seguridad Nacional reeditada en el discurso del terrorismo luego del 11 de septiembre, relaciones económicas desventajosas para nuestro país que no resuelven nada, confunden todo, enredan más y contribuyen a la guerra. ¿Qué diría un norteamericano al saber la cantidad de dinero que se invierte en la erradicación de droga que no ha servido para erradicarla sino que por el contrario aumentan los cultivos? ¿Cómo va a favorecer la justicia norteamericana a la colombiana, o mejor, la de las víctimas con la extradición de 15 jefes paramilitares a los que sólo se les está pidiendo cuentas por el tráfico de drogas y no por violaciones a mujeres, torturas, desapariciones, asesinatos y desplazamiento forzado? Igual de responsables son los otros países que hacen guiños a las guerrillas, desconociendo que son también violadoras de los derechos humanos. Lo que nosotros necesitamos son gobiernos y ciudadanías solidarias que conozcan a fondo nuestra compleja realidad, y que contribuyan a transformarla construyendo caminos de entendimiento, paz, negociación, no ayudando a profundizar la guerra y la impunidad que surge de los diversos actores armados y políticos del país o neocolonialismos y relaciones asimétricas entre países.

Estas no son palabrerías ni discurso de terrorista, son puntos de vista de una víctima sobreviviente del conflicto. Mi padre, Jaime Gómez, fue desaparecido el 21 de marzo de 2006 y su historia es una historia de mentira e impunidad en la cual hemos tenido que luchar porque se reconozca el carácter político del hecho, su desaparición y asesinato; y porque se avance en la aplicación de justicia y reconocimiento de la verdad. Luego de 3 años de su forzada partida, no sabemos quienes lo mataron ni por qué, pero al contrario si hemos sido objeto de intimidaciones. Impunidad y mentira, eso es lo que nos gobierna. Días después de que enterramos sus restos Álvaro Uribe Vélez dijo en reunión con los demócratas en Estados Unidos que lo de mi padre, Asesor de la Senadora Piedad Córdoba, había sido un accidente y que tenía como demostrarlo. En octubre de 2007 Fiscalía ratificó lo que la familia había dicho, fue un homicidio. A veces pienso, ¡Colombia tampoco necesita un Presidente mentiroso!