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Opinión
¿Volveremos al principio en Colombia?
Cecilia Zarate-Laun / Lunes 24 de octubre de 2016 / English
 

“Nos vemos dentro de 10,000 muertos”

— Palabras de Alfonso Cano, jefe de las FARC en 1992, a los delegados del Gobierno colombiano cuando se rompieron las conversaciones de paz en Tlaxcala, Mexico.

El pasado domingo 2 de octubre se celebró un plebiscito en Colombia para obtener la aprobación del pueblo sobre los Acuerdos de cese de la guerra entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, con la esperanza de cerrar la única guerra existente en el hemisferio occidental y comenzar una etapa de hacer política en Colombia sin necesidad de recurrir a las armas. El plebiscito no era obligación como dijo la Corte Constitutional. Al presidente le aconsejaron no hacerlo, dado que la Constitución considera la paz como un derecho de los ciudadanos y su búsqueda es una obligación de quien sea presidente.

Al cabo de 52 años de guerra los resultados son 1906 pueblos destruidos por masacres, siete millones de campesinos desplazados, 280.000 civiles muertos por parte de los tres actores armados (paramilitares, guerrillas y el Ejército de Colombia), 45.000 desaparecidos, miles de víctimas de secuestros, miles de falsos positivos o sea civiles asesinados a propósito por el Ejército de Colombia para aumentar las cifras de sus logros, y miles de mujeres violadas y humilladas. Entonces uno se pregunta ¿por qué la mitad de los votantes en un país destrozado por la guerra y el dolor, con millones de víctimas, rechazó la oferta de paz?

El Acuerdo finalmente fue terminado luego de cuatro largos años de intensa negociación en La Habana. Cuba y Noruega jugaron un rol preponderante como garantes del proceso. Tuvo el apoyo de la comunidad internacional y contiene un complejo sistema de verificación multinacional. Además ha sido considerado como un ejemplo para la resolución de conflictos. Éste nació de una posición valiente y arriesgada del presidente Juan Manuel Santos quien se jugó su capital político para la obtención de una paz duradera en Colombia.

La agenda del Acuerdo consta de 6 puntos :

1. Políticas de desarrollo agrícola.
2. Participación de la guerrilla en política.
3. Garantías de seguridad.
4. Solución al problema de cultivos de uso ilícito.
5. Implementación y verificación de los Acuerdos.
6. Sistema de Justicia Transicional con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Otros dos aspectos hacen de estos acuerdos un modelo: la inclusión y el enfoque en las víctimas de todos los actores armados (guerrilla, paramilitares y fuerzas militares) y la inclusión de género en los seis puntos. O sea que todos los componentes del acuerdo se revisaron desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y de personas de diversa orientación sexual.

Vale la pena recordar que los liderazgos de izquierda en Colombia se pagan con la vida. En 1946 Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido Liberal, generó un gran movimiento socialista, popular y democrático que posiblemente lo hubiera llevado a la presidencia si no fuera porque fue asesinado el 9 de abril de 1948. Su asesinato causó un levantamiento popular, origen de la llamada "Violencia" que causó el asesinato de 250.000 colombianos. A consecuencia de esta situación nacieron las guerrillas campesinas que luego se convirtieron en las FARC en 1964. O sea que las FARC no son un accidente de la vida: se formaron por los abusos e injusticias en las áreas rurales a consecuencia de políticas de prepotencia y explotación que hicieron imposible hacer oposición por otra vía que no fuera la armada. En la década de 1980 el gobierno conservador de Belisario Betancur negoció un acuerdo de paz con las FARC para que se convirtieran en partido político. Las FARC aceptaron y crearon el partido Unión Patriótica. Después de las elecciones, sus alcaldes, concejales, diputados y senadores fueron sistemáticamente asesinados. Un caso único de genocidio político que cobró la vida de más de 3.000 personas.

En Colombia el 53% de la tierra está en manos de 2.300 personas. Dada esta situación es comprensible que a estos propietarios les moleste terriblemente oír hablar de que, según el Acuerdo de paz, 10 millones de hectáreas van a ser entregadas y tituladas a campesinos pobres sin tierra. Durante el conflicto siete millones de hectáreas fueron despojadas de sus propietarios sin que se les hayan devuelto. Los Acuerdos también suponen la eliminación del gasto diario por conceptos de guerra de unos siete u ocho millones de dólares para ser re-dirigidos a inversión social, infra-estructura, salud y educación. Otro argumento contra los Acuerdos es la supuesta impunidad. Al contrario, es la primera vez que en un proceso de paz se acuerda un sistema integrado de justicia y verdad en el que todos los que intervinieron en el conflicto -miembros de colectivos políticos, combatientes y no combatientes, de grupos económicos, agentes de gobiernos extranjeros y otros- deben dar cuenta de sus responsabilidades. Aquellos que desde sus cómodos despachos en Bogotá o Medellín intervinieron y usaron la guerra para su beneficio político y económico; son los mismos que financiaron e instigaron la creación de grupos paramilitares, que en sus masacres descuartizaban a la gente viva con motosierras. Estos paramilitares son responsables del 50% de las víctimas del conflicto.

A pesar de la insistencia de las encuestas en que el Sí ganaría, el resultado no pudo haber sido más desalentador. El No ganó por 6.422,136 votos o sea el 50.23% de los votos. El Sí tuvo un total de 6.361.762 votos. La diferencia fue de sólo 57,000 votos. Un país dividido por la mitad. En las regiones rurales donde la guerra es mas intensa como Cauca, Nariño y Putumayo ganó el Sí y en las zonas urbanas donde se concentra la mayoría de la población ganó el No con excepción de Bogotá, Cali y Barranquilla. El mundo urbano, para el cual la guerra es algo tan remoto como la de Syria, decidió continuar la guerra que se vive en el mundo rural. O sea que ¿regresamos al punto de partida? ¿Se pospone el problema por otros 10 años? Todo por mantener los intereses económicos y políticos de una minoría.

Volviendo a las elecciones, conmueve la increíble abstención. Para el 62% de los cerca de 34 millones de ciudadanos con derecho a votar, de una población de 48 millones, sus problemas inmediatos y más preocupantes son los relacionados con su diario vivir, su pobreza e indefensión. No se sienten representados ni integrados en instituciones públicas. La justicia no les llega, la policía los reprime en vez de protegerlos, tienen trabajos mal pagados y escasamente sobreviven. O votaron No por miedo, clientelismo, resentimiento. Son gente sin esperanza, y sin esperanza no puede haber resistencia. Sin derechos ¿Cómo se les pide participar? ¿Qué clase de democracia es esta? Les da lo mismo que siga la guerra o que haya paz, especialmente en los grandes centros urbanos. El clima también contribuyó a la abstención, especialmente en la costa Caribe donde el huracán Matthew impidió siquiera el establecimiento de las mesas de votación en algunos pueblos. Sin infraestructura o transporte adecuado, muchas personas en las áreas rurales no pudieron votar.

El peligro inminente de que siga la guerra está latente, puesto que sólo en lo que va de este año 51 defensores de la paz y de los derechos humanos han sido asesinados. Según la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 17 de ellos eran defensores de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Fueron asesinados por ser considerados "guerrilleros vestidos de civil". Tanto el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, como la Defensoria del Pueblo han condenado estos asesinatos y para la comandancia de las FARC estos asesinatos no son aislados, sino parte de una estrategia contra dirigentes sociales. Demuestran la necesidad de implementar en los territorios las medidas acordadas en el punto de seguridad del acuerdo final.

A medida que pasan los días se saben más detalles de la campaña del No liderada por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. El 5 de octubre el director de esta campaña dio una entrevista al periódico La República en la cual declaró que su mensaje central era provocar la indignación de los votantes especialmente usando las redes sociales y que, siguiendo los consejos de estrategas de Brasil y Panamá, no explicaron los acuerdos sino que adaptaron el mensaje según la clase social. En emisoras de radio de estratos medio y alto hablaban de la no impunidad, la elegibilidad de guerrilleros al Congreso y de la reforma tributaria que les haría pagar más impuestos. En las de estratos bajos los mensajes hablaban de quitarles los subsidios para dárselos a las FARC. Mintieron deliberadamente para provocar sensación de miedo en el electorado a través de escenarios ficticios. Declaró que tergiversaron la verdad porque "fue lo mismo que hicieron los de Sí". Muy por el contrario, los del Sí realizaron talleres, seminarios, congresos, conferencias, etc explicando los Acuerdos.

Algunos de los mensajes serían realmente cómicos si no fuera porque detrás de todo esto existe una tragedia. Temas como que llegaría el "castro-chavismo", que nos volveríamos como Venezuela, que Timochenko, el líder de las FARC, sería el próximo presidente, que a la gente se le quitarían sus propiedades. El analfabetismo político se alimenta de la manipulación de parte de los medios masivos en manos del sector privado. La programación de temas vacíos, superficiales y sin profundidad, tales como telenovelas y concursos tipo Survivors, son el pan de cada día. Además por 52 años diariamente se demonizó a las FARC al punto de que esta actitud tuvo una influencia perversa para un proceso de reconciliación. No que las FARC fueran santos. No hay santos en una guerra. Pero sí muchas de las horribles masacres y crímenes de los paramilitares se silenciaban y casi sólo se oía hablar de los crímenes de las FARC en los noticieros.

La extrema derecha cristiana y de la iglesia católica se jugaron otra carta diabólica usando la ideología de género de los acuerdos para asociarla con la instauración de una sociedad gobernada por intereses de género. O sea que los Acuerdos de paz generarían relaciones afectivas homosexuales y facilitarían la creación de una especie de "dictadura social feminista". Siento mucho respeto por representantes de la iglesia católica que en regiones remotas son casi el único consuelo de las víctimas. Muchos sacerdotes y monjas han dado sus vidas en defensa de los débiles en esta guerra. Pero la jerarquía de la iglesia católica, con algunas excepciones, decidió no apoyar el Sí porque eran "neutrales". En Colombia, desde la época de la Violencia, aun se recuerdan las palabras de obispos predicando que no era pecado matar liberales.

Luego de la Violencia, que comenzó en el año 1948, los líderes de los dos partidos -Liberal y Conservador- hicieron un pacto político llamado Frente Nacional que terminó en 1957. Según este pacto se dividía la burocracia en partes iguales con representantes de los dos partidos y se alternaba la presidencia por cuatro periodos electorales. Nada se habló ni se hizo con respecto a reformas estructurales que cambiaran la desigualdad y el uso de la tierra. No es que Santos represente el cambio: Santos, hijo de la más rancia élite, representa una derecha civilizada y moderna, mientras que Uribe representa una derecha bárbara y sin escrúpulos. Uribe trató de debilitar a las FARC hasta llevarlas al borde de la extinción dado que buscaba su capitulación. Un elemento que casi no se menciona es la tecnología de guerra proveída tanto por Estados Unidos como por Israel. Luego de los asesinatos de líderes guerrilleros es obvio para las FARC que ninguna selva por más tupida que sea los va a seguir protegiendo. Santos optó por la vía de la negociación porque sabía que era la única vía razonable cuando ninguno de los bandos ha sido capaz de exterminar al otro, más en una guerra civil en la que la labor de reconciliación es más complicada.

Luego del plebiscito, con su mayoría mínima de 57.000 votos, el presidente Santos acordó reunirse con el partido de Uribe, llamado Centro Democrático. Conciliar lo pactado en La Habana con las peticiones del uribismo es casi una misión imposible, dado que son antagónicas. Este diálogo con la oposición debe hacerse lo antes posible dado que por razones de verificación, no aguanta dilaciones. Los observadores de la ONU están ya en las diferentes regiones y los guerrilleros están preparando las armas para entregarlas. El cese al fuego se supone iba a mantenerse, pero ¿Cómo se hará si los acuerdos no son vigentes? Para crédito de las partes, el presidente declaró que mantenía el cese al fuego definitivo y las FARC declararon que su lucha ahora era con la palabra no con las armas.

Para Uribe el acuerdo de La Habana abrió a los terroristas las posibilidades de participar en política. Esa es precisamente la razón de la negociación, que se haga política sin recurrir a las armas. O sea cambiar las balas por votos. Otro punto de Uribe es el acuerdo en materia de justicia que incluye un capítulo para agentes del Estado y terceros que se hayan vinculado con el conflicto. Uribe lo ve como igualar a las fuerzas armadas y a la sociedad civil con el terrorismo. Para Uribe el narcotráfico como financiador del terrorismo no es delito político y no debe ser indultado. Hasta la Corte Suprema manifestó que el narcotráfico es conexo a la rebelión, puesto que se ha usado para financiar a las organizaciones insurgentes. Para Uribe dejar las armas no es suficiente, sino que debe quedar explícita la palabra entrega, pues en su teoría dejación significa dejar al terrorismo con sus armas. En La Habana se acordó que la ONU serían los monitores de la dejación de armas.El acuerdo de justicia transicional, según Uribe, acepta que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel y esto es inaceptable para él. Igualmente para él, el hecho de que este sistema iguale a los militares y a los empresarios con los "bandidos". Es difícil que las FARC acepten este cambio, porque ellos no negociaron con la idea de irse a la cárcel o extraditados a Estados Unidos. Hay muchas opciones como lo fueron los acuerdos en Irlanda del Norte y Sudáfrica.

Otro pacto cerrado y elitista que excluye a la gente del común, no puede ser aceptado, porque es un camino seguro a otro ciclo de violencia. Se necesita un gran diálogo nacional por la paz que acerque a todas las fuerzas para construir una paz duradera. El premio Nobel de paz concedido a Santos es un reconocimiento a sus esfuerzos durante estos años. El presidente lo compartió con las víctimas y a ellas donará el dinero que reciba. Colombia no pierde la esperanza. El valor, la dignidad y la grandeza de las víctimas que dijeron Sí en el campo y en las ciudades al acuerdo y con ello mostraron su disposición al perdón y a la reconciliación, demuestran que la confrontación armada no es la salida al conflicto sino el diálogo civilizado y respetuoso. Las medidas básicas para reincorporar a la guerrilla a la vida civil, cumpliendo cánones internacionales de Justicia Transicional, son los términos mínimos para acabar la guerra y se deben implementar lo más pronto posible.

Un frente amplio de confluencia de todas las organizaciones hacedoras de paz debe llamar por la participación de todos los segmentos de la sociedad colombiana para terminar esta guerra de dolor y sufrimientos. Debe participar el movimiento de víctimas, los jóvenes, la academia, las mujeres, sectores del No que pensaban que defendían la familia sin medir las consecuencias para Colombia que esto traía. Y está sucediendo: las inmensas manifestaciones de la sociedad civil en Bogotá y otras ciudades pidiendo reconciliación y reconstrucción de la sociedad colombiana, en una especie de primavera colombiana, lo están demostrando. 40.000 personas llenaron la Plaza de Bolívar de Bogotá en absoluto silencio que solo se rompió entre lágrimas para entonar el himno nacional.

No se debe aceptar un pacto entre élites atados a sus intereses. La paz es un derecho. Ahora más que nunca se necesita la vigilancia y el acompañamiento de la comunidad internacional para vigilar este proceso y continuar su apoyo. Volver a la guerra no es posible.