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Empresas involucradas en el despojo de tierras
Agencia Prensa Rural / Viernes 4 de noviembre de 2016
 

Magistrados de restitución de tierras han ordenado la devolución de 53.821 hectáreas despojadas a campesinos. El hecho involucra a 19 empresas. En las sentencias emitidas los togados cuestionan la adquisición de estos predios a costos irrisorios en lugares afectados por el conflicto armado.

Entre las empresas investigadas se encuentra Argos S.A, Bancolombia, Continental Gold Limited, Anglo Gold Ashanti, CI Banana S.A. Sociedad Las Palmas LTDA, Palmas de Bajirá, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. entre otras más.

El común denominador de esta situación ha sido la presencia paramilitar en el despojo y adquisición de los predios. Cuestión que se ha venido haciendo desde finales de la década de 1990 y que tuvo su pico más alto en los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El Estado también ha tenido responsabilidad en esta cuestión al no ser garante de los derechos de los campesinos y comunidades afectadas “haciéndose el de la vista gorda”. Además de lo anterior, el gobierno de turno otorgo títulos mineros en lugares de alta conflictividad, sin tener en cuenta las repercusiones que esto traería sobre el territorio.

En el momento hay 3000 sentencias que ordenan la restitución de los predios a campesinos que padecieron el desarraigo y la violencia a razón de la adquisición de sus predios de manera coercitiva.

Lo que indican estas acciones es que las empresas no actuaron de buena fe, como tampoco lo han hecho algunos ganaderos de la Costa Caribe y de los Llanos que incrementaron sus latifundios comprando tierras muy por debajo de su valor, sabiendo que en estos lugares habían padecido el accionar paramilitar.

Durante los últimos años se ha venido configurando, a través de sectores políticos e industriales, la defensa de la adquisición de predios en zonas de alta conflictividad. Entre sus mayores exponentes está la colectividad del Centro Democrático, Alejandro Ordoñez y José Felix Lafaurie.

En el congreso, el Centro Democrático ha propuesto un proyecto de ley que quiere formalizar la tenencia de la tierra de aquellos que la adquirieron de “buena fe” y que, según esta colectividad, están siendo perseguidos por la ley de restitución de tierras y el Estado, lo que también se contrapone a lo pactado en el acuerdo del Gobierno y las FARC – EP.